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El 1ro de enero de 2024 tomaron posesión de sus cargos 1.102 alcaldes en Colombia. Estas nuevas alcaldesas y nuevos alcaldes se enfrentan a un sin número de retos en sus mandatos, incluyendo el de combatir la delincuencia en sus respectivas ciudades, y por ende la formulación de estrategias a través de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). El patrullaje militar ha sido una estrategia comúnmente utilizada por sus potenciales beneficios para la disminución de la criminalidad en los territorios. Sin embargo, evidencia reciente ha demostrado que el patrullaje militar no contribuye a la disminución de la criminalidad.
La opción de desplegar a las fuerzas armadas en actividades policiales se fundamenta en que en muchos países los soldados están más entrenados y la ciudadanía confía más en ellas que en la policía. Sin embargo, los soldados no están entrenados para actividades policiales, ya que, al menos en Colombia, no están capacitados para interacciones cotidianas con la ciudadanía. Además, están entrenadas para usar la fuerza de mayor manera, lo cual presenta riesgos para posibles violaciones de los derechos humanos.
Al tomar la decisión de implementar el patrullaje militar, los nuevos mandatarios deben pensar en los posibles beneficios y los costos. En un estudio que realizamos con Rob Blair, profesor de la Universidad de Brown, y en colaboración con la Alcaldía de Cali, el Ejército e Innovations for Poverty Action (IPA) Colombia en 2019, evaluamos los efectos del Plan Fortaleza de patrullaje militar en las comunas 18 y 20 de Cali. Durante la evaluación, los soldados patrullaron de forma intensiva solamente algunas manzanas que seleccionamos aleatoriamente. Nuestro estudio muestra de manera contundente que el patrullaje militar es ineficiente e incluso podría llegar a ser contraproducente: el Plan Fortaleza no redujo el crimen, ni siquiera en las noches que los soldados estaban físicamente presentes en las calles. Por el contrario, hubo un aumento apreciable del crimen en las manzanas donde patrullaron los soldados una vez que terminó la intervención.
El estudio también encontró que el patrullaje militar no mejoró las percepciones de seguridad por parte de la ciudadanía. Además, aunque el patrullaje militar no generó abusos de derechos humanos por parte de soldados, sí lo hizo por parte de policías, posiblemente mientras ayudaban a efectuar capturas en compañía de los soldados.
El contexto de Cali resulta muy propicio para el estudio del patrullaje militar, ya que comparte muchas características con otras ciudades de América Latina (alta criminalidad, desconfianza en la policía y un plan de patrullaje militar muy similar con otros). Debido a la alta actividad de grupos ilegales, Cali es el tipo de escenarios en donde se esperaría que el patrullaje militar tuviera efectos positivos. El hecho de que no fuera así genera un insumo importante para las decisiones de política pública en otras ciudades.
La evidencia muestra que las consecuencias del patrullaje militar son altas y sus beneficios pocos. Por lo tanto, los nuevos mandatarios podrían centrar sus esfuerzos en otras estrategias cuya eficiencia está mayormente respaldada por la evidencia. Estas estrategias incluyen aquellas que se centran en crear puentes de confianza entre la policía y los ciudadanos, las que se enfocan en personas de alto riesgo y en lugares con mayor incidencia delictiva y las que buscan atacar las causas subyacentes de la delincuencia. El patrullaje militar se antoja como una respuesta rápida al clamor social que exige mayor seguridad. Sin embargo, esta es una solución con poca probabilidad de éxito que podría llegar a ser perjudicial.