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Hace ocho años, el 10 de noviembre de 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que reconoció al río Atrato, uno de los principales ríos de la región del Chocó, como sujeto de derechos. La sentencia T-622 estableció que el río y su cuenca tendrían el derecho a ser protegidos, conservados y restaurados, un avance en la jurisprudencia ambiental de Colombia que rompió, en el papel, con siglos de explotación del ecosistema.
La declaración de la Corte surgió en respuesta a los devastadores efectos de la minería ilegal, el narcotráfico y el conflicto armado en esta región rica en biodiversidad, donde comunidades étnicas y campesinas dependen del río para su subsistencia. Durante años, los habitantes del Chocó habían presenciado la degradación de su entorno: un río en el que, según testimonios locales, se observaban cadáveres bajando por sus aguas y donde el agua contaminada se utilizaba para beber, cocinar y bañarse.
Así, se estableció que el Atrato debería contar con una comisión para defender sus derechos. En este sentido, se creó la comisión de guardianes del río, conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en calidad de representante legal de los derechos del río y el Cuerpo Colegiado de Guardianes integrado por 14 representantes de las comunidades asentadas en la cuenca del río Atrato. Esta figura de “guardianes” fue pensada para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección que el fallo demandaba: el Estado debía detener la minería ilegal, restaurar los daños ambientales y prevenir futuras degradaciones en la cuenca.
En este sentido han trabajado para cumplir con los mandatos de la sentencia, aunque las dificultades en la coordinación interinstitucional y la falta de consulta a las comunidades afectadas, en algunos casos, aún representan grandes desafíos.
Cada dos meses, los guardianes y representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reúnen como comisión para revisar el progreso en la implementación de la sentencia. Estos encuentros permiten monitorear los avances en proyectos ambientales y productivos, evaluar las acciones de las alcaldías y coordinar la pedagogía sobre la sentencia en las comunidades. Este esfuerzo conjunto busca no solo proteger el río, sino también promover el desarrollo sostenible de las poblaciones que dependen de él.
Uno de los pasos más significativos ha sido la implementación de la orden quinta de la sentencia, a cargo del Ministerio de Ambiente, que establece el plan de restauración ambiental para la cuenca del Atrato. Según Yajaira Palacios Mena, guardiana del río Atrato, ya existe un plan de acción definido y en proceso de implementación. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura ha avanzado con la orden séptima, que abarca proyectos productivos y de desarrollo comunitario, aprobando un plan de acción específico que ahora está en fase piloto en el territorio.
En el ámbito de la salud, el Ministerio correspondiente ha realizado estudios epidemiológicos y toxicológicos a las poblaciones afectadas, cumpliendo con la orden sexta. Sin embargo, un reto importante es que muchos de los habitantes de la región, debido a limitaciones en acceso a la educación y bajos niveles de lecturabilidad, no pueden interpretar los resultados de estos estudios. Este obstáculo ha motivado a los guardianes a proponer la creación de mecanismos que permitan a las comunidades acceder a servicios de salud de forma prioritaria y comprensible por parte del Ministerio de Salud donde se expliquen los resultados obtenidos.
Uno de los aspectos más complejos ha sido el control de la minería ilegal en la región, que cae bajo la orden cuarta y la responsabilidad del Ministerio de Defensa. En una medida que no fue consultada con las comunidades locales ni con los guardianes del Atrato, el Ministerio implementó un plan de choque para combatir la minería, actuando de forma unilateral. La falta de consulta ha generado tensiones, pues los guardianes consideran que el proceso de implementación de la sentencia debe ser inclusivo y respetuoso de las dinámicas comunitarias y la autonomía local.
La sentencia también abordó los efectos del conflicto armado en el Atrato. Estos hechos han sido reconocidos por la Comisión de la Verdad (CEV), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este sentido, la CEV en su informe dice que “el conflicto armado interno ha afectado gravemente la vida en su conjunto, generando daños en los ecosistemas y seres vivos, así como rupturas en los modos de vida de las comunidades campesinas, los pueblos étnicos y las relaciones con sus territorios”.
A lo que complementa: “Por lo menos 1.080 cuerpos fueron reconocidos en 190 ríos de Colombia. Guerrillas, fuerza pública, paramilitares y grupos armados organizados (GAO) recurrieron a esta práctica como medio de desaparición forzada. La magnitud de los cuerpos hallados es mucho mayor, existiendo un amplio margen de subregistro”. Ríos como el Atrato se convirtieron en escenarios de la barbarie de la guerra, prácticas, ejercidas por todos los actores armados, lo que agregó un sombrío capítulo al daño ambiental, afectando gravemente las comunidades aledañas a estas fuentes hídricas.
En testimonios recopilados en Chocó por parte de la CEV, una víctima de desplazamiento forzado recordó cómo en los pueblos de Riosucio y Turbo usaban agua del Atrato, a sabiendas de que estaba contaminada con cuerpos sin vida. “Nos bañábamos y cocinábamos en esa agua, aunque sabíamos que estaba llena de muertos”, dice el relato, reflejando la crudeza de la situación.
La sentencia del Atrato no solo reconoció los derechos del río, sino que también se convirtió en un precedente para otros ecosistemas. Desde entonces, ríos como el Cauca y el Magdalena han recibido la misma protección jurídica. La JEP, en su informe “El Ambiente como víctima silenciosa,” destacó que la naturaleza ha sido un actor silente del conflicto, afectado por la extracción ilegal y la contaminación.
Este reconocimiento legal responde a un cambio de perspectiva en la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. La JEP sostiene que, para lograr una paz duradera en Colombia, es necesario abandonar la visión antropocéntrica y reconocer que el entorno natural no puede seguir siendo un recurso explotable sin límites.
“Siendo consecuentes con esta filosofía, dice el informe de la JEP, desde la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) hemos creado dentro del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos, una categoría denominada “destrucción del medio ambiente” que incluye los siguientes subtipos de hechos: Atentados a infraestructura petrolera que ocasionan daños a fuentes hídricas o capa vegetal; Minería ilegal que ocasiona la contaminación de fuentes hídricas, erosión de la tierra o afectaciones a la fauna y flora; Tala masiva o indiscriminada de árboles que afecta a la capa vegetal o a la fauna; Actividades asociadas a la producción de pasta de coca que ocasionan afectaciones a las fuentes hídricas o la capa vegetal; Incendios que afectan la cobertura vegetal. Por su parte, dentro de la categoría de sujeto de derechos afectados, se incorporó a los ecosistemas de forma tal que se puedan considerar como “víctimas”, en los casos en los que ya la justicia colombiana ha otorgado este estatus”.
Otro aspecto crucial, que vale la pena resaltar, ha sido la protección de los “derechos bioculturales” del río, un concepto que va más allá de la protección ambiental tradicional. Alba Quintana, indígena del pueblo emberá dóbida y especialista de la Línea de Litigio Estratégico de la Comunidad de Juristas Akubadaura, subraya que estos derechos bioculturales del Atrato son clave para entender la relación entre el río y las comunidades étnicas que lo habitan. “Esto se refiere a la fuerza vital que le otorgan las vivencias y el conocimiento ancestral de los pueblos étnicos”, explica Quintana. Esta distinción resalta cómo la cultura, las tradiciones y el entorno natural están entrelazados en una relación de sinergia en la cual el río representa más que un recurso hídrico; es la base de una cosmovisión y una forma de vida.
Ocho años después, el Atrato sigue enfrentando desafíos. Las amenazas de la minería ilegal y la contaminación persisten, mientras las comunidades luchan para que se cumpla lo dispuesto en la sentencia. Sin embargo, el Atrato ahora tiene la voz de los guardianes, dispuestos a luchar por su protección.
Un aspecto central, recalca Yajaira Palacios Mena, ha sido la educación y formación de jóvenes en temas de derechos ambientales, sociales y económicos, con el objetivo de fortalecer su rol como futuros líderes en sus territorios. Con el apoyo de diversas organizaciones, los guardianes han creado una red de jóvenes interétnica para capacitarlos en la implementación y exigencia de derechos derivados de la sentencia.
La historia del río Atrato es un recordatorio en que la protección del medio ambiente es inseparable de los derechos humanos y la justicia social.