Los Consejos Territoriales de Paz son espacios de participación ciudadana que cumplen la función de asesorar a los gobiernos en la ejecución de acciones de construcción de paz, reconciliación, no estigmatización y, en general, en la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la creación y puesta en marcha de estos espacios no ha sido lo suficientemente activa y efectiva en el país.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, en 2015 el panorama era agridulce sobre lo que había sido la existencia y puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Paz antes de la firma del Acuerdo Final. Las administraciones regionales no habían logrado desarrollar acciones para fortalecer o crear espacios encaminados a la construcción de la paz.
El compromiso de los gobiernos para convocar, continuar y materializar las acciones adelantadas por los Consejos de Paz sigue siendo el punto de partida. Con el diseño de la arquitectura institucional para la implementación del Acuerdo de Paz a nivel territorial, se refrendaron los Consejos Territoriales de Paz, creados desde 1998 por la Ley 434, bajo la premisa de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y que requiere de espacios que faciliten el desarrollo de la participación ciudadana.
De igual forma, se creó el Consejo Nacional de Paz como órgano asesor y consultivo del gobierno nacional. Sin embargo, la búsqueda de la paz y garantías para la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, han sido capitalizadas por los gobiernos de turno para generar resultados a nombre propio y no como acción del Estado. Por ende, la creación y funcionamiento de Consejos Municipales de Paz quedó limitada a la voluntad de los gobiernos locales al no ser de carácter obligatorio.
Con la firma del Acuerdo de Paz, el gobierno nacional expidió el Decreto Ley 885 de 2017, que reformó los Consejos Territoriales de Paz, denominándolos Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, con el objetivo de asesorar y acompañar a las autoridades locales en la implementación de lo convenido, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios. La labor de los Consejos de Paz se dinamiza y adquiere relevancia en su papel como órgano facilitador de la colaboración armónica de las organizaciones y entidades presentes en los territorios, para que puedan promover programas orientados a la reconciliación y no estigmatización.
Esta refrendación incluyó la participación de todas las poblaciones en la composición de los Consejos Territoriales, teniendo en cuenta que la equidad es un requisito indispensable para lograr una paz estable y duradera. En efecto, cada Consejo se compone de 28 miembros permanentes, de cuatro sectores: rama ejecutiva del poder público (2 miembros), órganos de elección (5 miembros), órganos de control del Estado (1 miembro) y por la Sociedad Civil (14 miembros). La apertura democrática para construir la paz, supone fortalecer la idea de que los Consejos de Paz son una alternativa para generar confianza entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en las entidades territoriales. Que en él converjan los mecanismos de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, supone la ejecución de acciones conjuntas con sectores sociales organizados, para alcanzar la implementación de los seis puntos del Acuerdo de Paz.
Pese al Acuerdo, el funcionamiento de los Consejos de Paz sigue presentando obstáculos como el desconocimiento de las administraciones municipales y departamentales sobre este espacio y su funcionamiento, la resistencia de sectores de la sociedad civil para asistir, debido a que consideran que ya existen otras instancias de interlocución e incidencia que realizan acciones similares; y, por último, las dinámicas de violencia presentes en los territorios.
Así pues, el panorama de Consejos de Paz activos a nivel nacional no es claro. La información disponible por parte del gobierno deja más dudas que claridades: según su registro web, en 2017 se crearon 529 Consejos a nivel nacional, 28 se encuentran activos a nivel departamental y 357 a nivel municipal, el resto están en proceso de elección o reactivación.
Este panorama evidencia, si de metas se refiere, que se ha avanzado en crear los espacios. Sin embargo, no basta con su creación, es importante incluir aspectos cualitativos que permitan identificar los logros a favor de la paz territorial y su capacidad de permanencia y representatividad. Conocer las experiencias de cada Consejo debe ser la finalidad de los gobiernos territoriales y el nacional. Esto con el fin de construir redes de apoyo que aporten a la construcción de paz desde la implementación de herramientas que contribuyan con el principal objetivo de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, que es lograr la implementación del Acuerdo de Paz a nivel territorial, a partir de la participación, gestión, seguimiento y control de la sociedad civil a las acciones del gobierno central.
La creación de Consejos Territoriales de Paz debe pasar a ser una apuesta sostenible, entendiendo el potencial que sus funciones tiene. Estos espacios no pueden continuar siendo subutilizados para justificar la participación y búsqueda de la paz. Las alcaldías y gobernaciones deben aportar en la consolidación de estos espacios de participación que además de promover acciones de paz, puedan ser el mecanismo por el cual la implementación de los puntos del Acuerdo Final tenga seguimiento y veeduría ciudadana.
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