Una Defensoría del Pueblo para la paz y con liderazgo de una mujer
En pocos días el Presidente de la República deberá remitir a la Cámara de Representantes el listado con las tres personas que considera aptas para liderar la Defensoría del Pueblo, entidad esencial para la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en el país y, por esa razón, fundamental en la construcción y apoyo a los esfuerzos de paz.
Se trata de un proceso de interés nacional en el que, de las 75 personas postuladas en la convocatoria pública realizada por el DAPRE la semana pasada, el Presidente de la República debe proponer tres ante la Cámara de Representantes para su elección por un periodo de cuatro años desde septiembre de 2024.
Hay al menos dos circunstancias que quisiera destacar de esta elección. Primero, existe la oportunidad histórica de designar por primera vez a una mujer para liderar esta entidad, entre las 36 postuladas, lo cual no ha ocurrido en las siete elecciones anteriores desde su creación en 1991. Segundo, el contexto del país exige la designación de una persona comprometida con los derechos humanos y con la paz, apuestas fundamentales en un país históricamente afectado por el conflicto y la violencia armada.
Teniendo en cuenta esos elementos, resaltan en el listado de personas postuladas nombres como el de Iris Marín, Jhenifer Mojica y Nigeria Rentería, todas juristas comprometidas con los derechos humanos, la población civil y la paz, y las dos primeras con ascendencia en la Comisión Colombiana de Juristas, ONG enfocada en contribuir a la plena vigencia del Estado social y democrático de derecho, liderada durante años por Gustavo Gallón Giraldo, actual Embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
Iris Marín es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, una destacada defensora de derechos humanos con experiencia en la atención de poblaciones vulnerables, incluyendo víctimas del conflicto, que ha asesorado esfuerzos de paz como el que se adelantó con las FARC-EP y acompañado desafíos de los modelos de justicia transicional que han operado en el país. Jhenifer Mojica, que acaba de terminar su paso por el Ministerio de Agricultura, ha sido una defensora de derechos humanos que se ha destacado por su compromiso con el campesinado y las comunidades étnicas, el estudio de los conflictos sobre la tierra y el territorio, y el impulso a la reforma rural y la restitución de tierras. Nigeria Rentería, por su parte, ha despeñado distintos roles desde su oriundo departamento del Chocó, ha sido fiscal, procuradora, defensora y juez, directora del ICBF, consejera presidencial para la equidad de la mujer, e hizo parte de la delegación del Gobierno en proceso de paz con las FARC-EP y actualmente lo es en el proceso con el ELN.
La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo las funciones de: orientar a toda persona en el ejercicio y defensa de sus derechos; divulgar el conocimiento de los derechos humanos; presentar proyectos de ley en asuntos de su competencia; requerir a cualquier autoridad sobre el uso de sus funciones; proteger a pueblos y comunidades étnicas, así como a poblaciones históricamente discriminadas y excluidas; establecer canales de comunicación con organizaciones no gubernamentales de protección y defensa de los derechos humanos; y realizar diagnósticos sobre las situaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas de la nación.
Además, esta entidad tiene a su cargo la operación de la defensoría pública, garantizando que toda persona pueda ser representada judicial o extrajudicialmente para la defensa de sus derechos (en materia penal, laboral, civil y contencioso-administrativa) cuando las condiciones económicas o sociales se lo impidan, salvaguardando el pleno e igual acceso a la justicia; y el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas con el que monitorea y advierte sobre las situaciones de riesgo por el conflicto armado para promover acciones humanitarias de prevención.
Se trata entonces de una institución con una importante responsabilidad y con capacidad de influencia en procura de la defensa de los derechos humanos, con una relevante presencia territorial a través de 42 defensorías regionales. Su labor es esencial en el Estado de derecho porque contribuye a garantizar derechos y libertades de las personas, incluyendo su materialización, y a contrarrestar la arbitrariedad de las autoridades. Por estas razones es una entidad clave para la paz, siendo una bisagra en los diálogos con las comunidades y los distintos actores presentes en los territorios, e insistiendo en el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, así como en la vigencia del derecho internacional humanitario.
Cualquiera de esas tres extraordinarias mujeres podría liderar una Defensoría del Pueblo independiente y cercana a la gente. La defensa de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y debe ser promovido desde los diversos sectores de la sociedad. Ojalá sea el momento de una Defensoría del Pueblo para la paz bajo el liderazgo, por primera vez, de una mujer.
En pocos días el Presidente de la República deberá remitir a la Cámara de Representantes el listado con las tres personas que considera aptas para liderar la Defensoría del Pueblo, entidad esencial para la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en el país y, por esa razón, fundamental en la construcción y apoyo a los esfuerzos de paz.
Se trata de un proceso de interés nacional en el que, de las 75 personas postuladas en la convocatoria pública realizada por el DAPRE la semana pasada, el Presidente de la República debe proponer tres ante la Cámara de Representantes para su elección por un periodo de cuatro años desde septiembre de 2024.
Hay al menos dos circunstancias que quisiera destacar de esta elección. Primero, existe la oportunidad histórica de designar por primera vez a una mujer para liderar esta entidad, entre las 36 postuladas, lo cual no ha ocurrido en las siete elecciones anteriores desde su creación en 1991. Segundo, el contexto del país exige la designación de una persona comprometida con los derechos humanos y con la paz, apuestas fundamentales en un país históricamente afectado por el conflicto y la violencia armada.
Teniendo en cuenta esos elementos, resaltan en el listado de personas postuladas nombres como el de Iris Marín, Jhenifer Mojica y Nigeria Rentería, todas juristas comprometidas con los derechos humanos, la población civil y la paz, y las dos primeras con ascendencia en la Comisión Colombiana de Juristas, ONG enfocada en contribuir a la plena vigencia del Estado social y democrático de derecho, liderada durante años por Gustavo Gallón Giraldo, actual Embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
Iris Marín es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, una destacada defensora de derechos humanos con experiencia en la atención de poblaciones vulnerables, incluyendo víctimas del conflicto, que ha asesorado esfuerzos de paz como el que se adelantó con las FARC-EP y acompañado desafíos de los modelos de justicia transicional que han operado en el país. Jhenifer Mojica, que acaba de terminar su paso por el Ministerio de Agricultura, ha sido una defensora de derechos humanos que se ha destacado por su compromiso con el campesinado y las comunidades étnicas, el estudio de los conflictos sobre la tierra y el territorio, y el impulso a la reforma rural y la restitución de tierras. Nigeria Rentería, por su parte, ha despeñado distintos roles desde su oriundo departamento del Chocó, ha sido fiscal, procuradora, defensora y juez, directora del ICBF, consejera presidencial para la equidad de la mujer, e hizo parte de la delegación del Gobierno en proceso de paz con las FARC-EP y actualmente lo es en el proceso con el ELN.
La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo las funciones de: orientar a toda persona en el ejercicio y defensa de sus derechos; divulgar el conocimiento de los derechos humanos; presentar proyectos de ley en asuntos de su competencia; requerir a cualquier autoridad sobre el uso de sus funciones; proteger a pueblos y comunidades étnicas, así como a poblaciones históricamente discriminadas y excluidas; establecer canales de comunicación con organizaciones no gubernamentales de protección y defensa de los derechos humanos; y realizar diagnósticos sobre las situaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas de la nación.
Además, esta entidad tiene a su cargo la operación de la defensoría pública, garantizando que toda persona pueda ser representada judicial o extrajudicialmente para la defensa de sus derechos (en materia penal, laboral, civil y contencioso-administrativa) cuando las condiciones económicas o sociales se lo impidan, salvaguardando el pleno e igual acceso a la justicia; y el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas con el que monitorea y advierte sobre las situaciones de riesgo por el conflicto armado para promover acciones humanitarias de prevención.
Se trata entonces de una institución con una importante responsabilidad y con capacidad de influencia en procura de la defensa de los derechos humanos, con una relevante presencia territorial a través de 42 defensorías regionales. Su labor es esencial en el Estado de derecho porque contribuye a garantizar derechos y libertades de las personas, incluyendo su materialización, y a contrarrestar la arbitrariedad de las autoridades. Por estas razones es una entidad clave para la paz, siendo una bisagra en los diálogos con las comunidades y los distintos actores presentes en los territorios, e insistiendo en el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, así como en la vigencia del derecho internacional humanitario.
Cualquiera de esas tres extraordinarias mujeres podría liderar una Defensoría del Pueblo independiente y cercana a la gente. La defensa de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y debe ser promovido desde los diversos sectores de la sociedad. Ojalá sea el momento de una Defensoría del Pueblo para la paz bajo el liderazgo, por primera vez, de una mujer.