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Con las elecciones a la vuelta de la esquina, un tema relevante que ha estado notoriamente ausente de los debates y, sorprendentemente, ni siquiera se ha mencionado en los planes programáticos de la mayoría de los candidatos y candidatas es el de las políticas de drogas.
A menudo se tiende a creer que estas competen únicamente al ámbito nacional, pero las alcaldías y gobernaciones, así como las asambleas departamentales y concejos municipales, les corresponden ciertas responsabilidades en lo que respecta políticas públicas y acuerdos amparados en el respeto por la autonomía territorial y el autogobierno. Estas tareas incluyen crear normativas y administración de recursos y desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas que usan drogas.
De hecho, la reciente jurisprudencia constitucional ha desencadenado un debate clave sobre las restricciones impuestas a nivel local, destacando la importancia de defender el libre desarrollo de la personalidad, así como la tensión entre espacios de consumo y de uso por parte de grupos de especial protección como niños, niñas, y adolescentes (NNA). Es el caso de la reciente sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, en la que se demanda el Código de Policía por sancionar administrativamente el porte y consumo -incluyendo dosis personal- de drogas en parques o ciertas zonas del espacio público.
Las medidas sancionatorias dispuestas en el Código de Policía han sido cuestionadas en dos sentidos: por un lado, porque limitan desproporcionadamente la autonomía de las entidades territoriales y, por otro, porque aumentan la discrecionalidad de las autoridades de policía que impactan, en especial, a personas empobrecidas, racializadas y/o mujeres y disidencias que usan drogas.
En ese sentido, las críticas al Código de Polícia incluyen que la represión de decisiones personales es inadmisible, así como ser un instrumento de criminalización, estigmatización y de posible violencia policiva.
Luego de que la Corte Constitucional declaró constitucional los artículos demandados, quedaron varios asuntos que le dan mayor visibilidad y responsabilidad al rol que tienen las entidades territoriales en relación a las políticas de drogas.
Lo primero, que los concejos distritales y municipales tienen competencia para delimitar los parques o áreas del espacio público en planes o esquemas de ordenamiento territorial. Con esa autoridad pueden generar una restricción espacial para el porte y consumo de SPA en aras de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
No obstante, si se tiene la claridad de qué lugares son de uso exclusivo de NNA, se deben respetar los espacios públicos para el consumo de SPA, de acuerdo con el derecho de porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Asimismo, esta delimitación de espacios de consumo debe operar bajo un protocolo que la Corte le ordenó crear al Gobierno Nacional, en máximo tres meses, para que no se base en arbitrariedades, ni sea contrario a los avances en derechos de los usuarios de drogas.
Y, lo segundo, que esa sentencia reforzó que las Asambleas Departamentales y los Consejos tienen poderes subsidiarios de policía, pero estos deben tener como finalidad garantizar el goce efectivo de los derechos que se encuentran en tensión. Así, al poder regular la prohibición del consumo de SPA en determinadas áreas, deben emitir restricciones de manera razonable y proporcionada para que se ajusten a las especificidades de sus territorios y comunidades, con el fin de evitar la criminalización y sanciones excesivas para los consumidores de drogas.
Las elecciones regionales son una oportunidad para traer la lupa sobre los derechos de quienes usan drogas y así apostarle de manera territorial a evitar desigualdades y atropellos a sus derechos. También, los Planes de Desarrollo Municipal/Departamental (PDT) como instrumentos de planificación son claves para materializar programas que fortalezcan el acceso a la salud, prevención, reducción de riesgos y daños, y acceso a la información de los y las usuarias de drogas.
Ya descrito el reto frente a las elecciones, ¿cómo lo materializamos? El 27 de septiembre la Mesa de Política de Drogas de Medellín, organizada por Elementa DDHH, el IEP de la UdeA y la I.U Pascual Bravo, analizó las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Medellín en política de drogas y el panorama no fue muy alentador.
En ese sentido, construimos un comunicado con cuatro líneas de acción para que el próximo alcalde priorice su plan de gobierno en materia de política de drogas. Los lineamientos propuestos son: derechos humanos, salud pública, seguridad y, finalmente, igualdad y educación. La apuesta es, entonces, construir políticas públicas sobre drogas con potencial reparador y que permitan superar la violencia que ha sido ejercida sistemáticamente contra los usuarios y usuarias de drogas.