El año nuevo trae esperanza y buenos propósitos, la convicción o por lo menos la creencia que las cosas adversas como las enfermedades y las catástrofes naturales se pueden superar, son una expresión de fortaleza y sobrevivencia. Para 2021, y en adelante, es necesario continuar con la búsqueda de paz, este es un anhelo permanente e indeclinable; se requiere contrarrestar el conflicto armado y la violencia generalizada, que en sus diferentes manifestaciones se ha apoderado de la sociedad colombiana. En este sentido me voy a referir a tres situaciones sobre las que haré algunas consideraciones desde y para lo cotidiano.
La primera situación consiste en que algunas personas manifiestan su radical oposición al Acuerdo Final de Paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Muchas dudas y aseveraciones erradas se disipan leyendo el texto completo del Acuerdo de Paz y conociendo concretamente las funciones y características de la JEP como un componente de justicia transicional; esto no es un asunto de abogados ni se necesita serlo; acercarse a los documentos institucionales (cartillas, videos) es una buena herramienta, y para quien no tiene esa posibilidad de acceso, puede acudir al Ministerio Público, a la propia JEP y a los educadores quienes juegan un papel muy importante; se trata de evitar informaciones mentirosas que incitan al odio. La experiencia indica que no hay marcha atrás, el Acuerdo de Paz y la JEP son una consecución histórica con sólido respaldo jurídico y amplio reconocimiento internacional, pero es claro que se espera resultados, sanciones y reparación a las víctimas.
La segunda situación tiene que ver con la protesta social y la intervención de la Policía Nacional. El año pasado se cuestionó a la policía por los excesos en el uso de la fuerza, el empleo de las armas y las violaciones a los derechos humanos. Para tener certeza sobre cómo está concebida la policía y el ejercicio de la reunión, manifestación y protesta, la Constitución y la jurisprudencia constitucional son fuentes idóneas, conforme a las cuales se preceptúa que la policía no es un cuerpo de combate ni de naturaleza militar, es un cuerpo armado de naturaleza civil; no está para reprimir las manifestaciones y protestas pacíficas sino para garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales; el uso de la fuerza y de las armas es un recurso extremo y excepcional.
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Del mismo modo, en el Estado social de derecho colombiano no son admisibles los frentes de oposición, alimentados en las redes sociales entre amigos y enemigos de la policía, ya que dentro de los deberes de la persona y el ciudadano está respetar y apoyar a las autoridades legalmente constituidas. Las frecuentes situaciones de abusos policiales y comisión de delitos, no son casos aislados, lo que convoca a una reforma estructural de esa institución; lo anterior no impide reconocer que hay numerosos servidores policiales que cumplen fielmente con sus funciones.
La tercera situación corresponde a la desconfianza en los jueces y la justicia por mano propia. Las conductas ilícitas son reiteradas sin que haya una respuesta eficaz de protección por parte del Estado, la impotencia se ha apoderado de las personas, cunde la desinformación; a pesar de lo anterior, no están autorizadas las golpizas, los castigos físicos o causar la muerte al agresor.
El sistema legal prevé la legitima defensa ante la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, cuando medie injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Así mismo, las personas pueden aprehender a quien esté cometiendo un delito y entregarlo a las autoridades. Es deber de toda persona denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento; de no ser así, el remedio será peor que la enfermedad. Desde luego hay que exigir una reforma judicial que permita tener una administración de justicia célere y confiable, esto es inaplazable.
Erradicar la violencia es un propósito, un compromiso renovado desde lo ético y lo político; en un país donde precaver las matanzas, la desigualdad social y la exclusión no es una prioridad, permitir la perpetuación de gobernantes manipulables y cenutrios, será la pulverización de la nación y la claudicación en la exigibilidad de los derechos humanos.
El año nuevo trae esperanza y buenos propósitos, la convicción o por lo menos la creencia que las cosas adversas como las enfermedades y las catástrofes naturales se pueden superar, son una expresión de fortaleza y sobrevivencia. Para 2021, y en adelante, es necesario continuar con la búsqueda de paz, este es un anhelo permanente e indeclinable; se requiere contrarrestar el conflicto armado y la violencia generalizada, que en sus diferentes manifestaciones se ha apoderado de la sociedad colombiana. En este sentido me voy a referir a tres situaciones sobre las que haré algunas consideraciones desde y para lo cotidiano.
La primera situación consiste en que algunas personas manifiestan su radical oposición al Acuerdo Final de Paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Muchas dudas y aseveraciones erradas se disipan leyendo el texto completo del Acuerdo de Paz y conociendo concretamente las funciones y características de la JEP como un componente de justicia transicional; esto no es un asunto de abogados ni se necesita serlo; acercarse a los documentos institucionales (cartillas, videos) es una buena herramienta, y para quien no tiene esa posibilidad de acceso, puede acudir al Ministerio Público, a la propia JEP y a los educadores quienes juegan un papel muy importante; se trata de evitar informaciones mentirosas que incitan al odio. La experiencia indica que no hay marcha atrás, el Acuerdo de Paz y la JEP son una consecución histórica con sólido respaldo jurídico y amplio reconocimiento internacional, pero es claro que se espera resultados, sanciones y reparación a las víctimas.
La segunda situación tiene que ver con la protesta social y la intervención de la Policía Nacional. El año pasado se cuestionó a la policía por los excesos en el uso de la fuerza, el empleo de las armas y las violaciones a los derechos humanos. Para tener certeza sobre cómo está concebida la policía y el ejercicio de la reunión, manifestación y protesta, la Constitución y la jurisprudencia constitucional son fuentes idóneas, conforme a las cuales se preceptúa que la policía no es un cuerpo de combate ni de naturaleza militar, es un cuerpo armado de naturaleza civil; no está para reprimir las manifestaciones y protestas pacíficas sino para garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales; el uso de la fuerza y de las armas es un recurso extremo y excepcional.
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Del mismo modo, en el Estado social de derecho colombiano no son admisibles los frentes de oposición, alimentados en las redes sociales entre amigos y enemigos de la policía, ya que dentro de los deberes de la persona y el ciudadano está respetar y apoyar a las autoridades legalmente constituidas. Las frecuentes situaciones de abusos policiales y comisión de delitos, no son casos aislados, lo que convoca a una reforma estructural de esa institución; lo anterior no impide reconocer que hay numerosos servidores policiales que cumplen fielmente con sus funciones.
La tercera situación corresponde a la desconfianza en los jueces y la justicia por mano propia. Las conductas ilícitas son reiteradas sin que haya una respuesta eficaz de protección por parte del Estado, la impotencia se ha apoderado de las personas, cunde la desinformación; a pesar de lo anterior, no están autorizadas las golpizas, los castigos físicos o causar la muerte al agresor.
El sistema legal prevé la legitima defensa ante la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, cuando medie injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Así mismo, las personas pueden aprehender a quien esté cometiendo un delito y entregarlo a las autoridades. Es deber de toda persona denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento; de no ser así, el remedio será peor que la enfermedad. Desde luego hay que exigir una reforma judicial que permita tener una administración de justicia célere y confiable, esto es inaplazable.
Erradicar la violencia es un propósito, un compromiso renovado desde lo ético y lo político; en un país donde precaver las matanzas, la desigualdad social y la exclusión no es una prioridad, permitir la perpetuación de gobernantes manipulables y cenutrios, será la pulverización de la nación y la claudicación en la exigibilidad de los derechos humanos.