Aterricemos la compra de hoja de coca en Colombia

Hace unos días el presidente Gustavo Petro lanzó como propuesta para atender el crecimiento de cultivos ilegalizados y la crisis de inseguridad en el departamento del Cauca, la compra de hoja de coca por parte del Estado a la población cultivadora de “El Plateado” un corregimiento de Argelia Cauca, donde según datos del SIMCI 2022, se encuentran alrededor de 10 mil hectáreas de este cultivo.

Si bien distintas voces han evidenciado la precipitación de la propuesta y el mínimo impacto que podría tener en las problemáticas que enfrenta el Cauca, lo cierto es que la propuesta es ya una directriz del presidente a las entidades competentes en materia de política de drogas. Por tanto, más allá de una política etérea, debería ponerse en marcha el proceso de imaginar y diseñar vías que abran la ventana a un piloto moderado y bien cuidado para modificar la relación entre la hoja de coca, el Estado y la sociedad.

Para funcionar de forma efectiva, un piloto de compra de hoja de coca requiere un aterrizaje político y jurídico en lo local que, a la vez, se aproveche como una estrategia que a la par, apoye desde lo local, la incidencia internacional en la que actualmente participa Colombia en los escenarios de fiscalización de drogas.

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La viabilidad de una propuesta así, necesita en primer lugar, aprender de los errores del pasado y no crear falsos incentivos que promuevan el aumento de cultivos ni expectativas a la población cultivadora, históricamente afectada por el sistema de prohibición de drogas. Es importante que, lo más pronto posible, se cuente con una estrategia delimitada, que transparente los recursos de origen de la compra, tenga medidas de seguridad para la población cultivadora y que sea socializada de forma eficaz para evitar que la crisis territorial se agudice.

El aterrizaje jurídico de esta propuesta tiene dos niveles de limitación a superar. A nivel nacional la estricta fiscalización de la hoja de coca contemplada en la resolución 315 del 2020 del Ministerio de Salud así como la fiscalización prevista en la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 que contempla en la lista más restrictiva a la hoja de coca, junto con sustancias transformadas como la cocaína o la heroína.

Poder echar en marcha un piloto de compra de hoja de coca con expectativas moderadas y superando los candados jurídicos es viable a través de la excepción de usos científicos contemplada, tanto en los escenarios internacionales, como en el ordenamiento jurídico local. Esta excepción es una oportunidad, en medio de la revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca realizada por la OMS, de aportar a una reclasificación a nivel internacional y dejar atrás decisiones arbitrarias y sin evidencia frente a las propiedades de la hoja de coca. Esta necesidad ya ha sido reconocida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que estableció en el año 2020 que: “los Estados partes deberían armonizar el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del régimen de fiscalización internacional de drogas con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios, mediante la revisión periódica de sus políticas en relación con las sustancias sometidas a fiscalización”.

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A nivel nacional, como analizamos en Elementa a través del proyecto Khoka Alternativa, el uso científico permite generar una estrategia interinstitucional para profundizar sobre usos alimenticios, medicinales y agroindustriales de la hoja de coca e impulsar proyectos ambiciosos de investigación de sus propiedades que no pongan en riesgo legal a quienes intervienen en dichos proyectos, principalmente, a quienes cultivan la hoja de coca y requieren una cantidad mayor a la prevista en ley para desarrollar investigaciones. Este camino para destinar la compra de hoja de coca es más mesurado, con un alcance a menor escala y con experiencias probadas en algunas zonas del país como el proyecto “Coca para la Paz”. Con esta directriz presidencial se podrían respaldar más iniciativas con el aval legal y político del Estado.

Dicha propuesta también sería más acorde a la realidad, ya que, con un mercado casi inexistente de usos alternativos de la hoja de coca, la investigación de sus usos potenciales puede ser un camino que permita apoyar a la población cultivadora de la hoja de coca, fortalecer la revisión crítica de dicha planta en los escenarios internacionales y contar con mayor evidencia sobre sus propiedades para imaginar un mercado sostenible.

Esta ruta, además puede abrir el camino a debates más precisos sobre la regulación de la cocaína que, tarde o temprano, tendrán que llegar a territorio colombiano. Mientras tanto, ojalá el gobierno de Gustavo Petro aproveche esa idea a micrófono abierto para construir una política legal, segura y eficaz para la gente y el territorio de “El Plateado”.