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Los 347 firmantes de paz, los 1300 liderazgos sociales asesinados y 79 masacres ocurridas en lo que va corrido de 2022 son suficientes para que cualquier Estado direccione con urgencia toda su institucionalidad para poner fin de una vez por todas a las violencias que aún persisten en departamentos como el Cauca, Nariño, Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Antioquia.
Durante los 4 años del gobierno del expresidente Duque, una de las constantes fue la incapacidad de implementar a una agenda de paz de cara a solucionar los conflictos y el correspondiente fortalecimiento de grupos armados en varios territorios del país, aunque hoy el reducto de escuderos uribistas argumente que el génesis de esta violencia son los primeros 40 días de gobierno del presidente Petro.
Para poner las cosas como son: las 315 masacres, los 960 liderazgos sociales y 261 firmantes asesinados - el 75% del total de homicidios contra la Paz- ocurridos en el Gobierno de Duque fueron el peor saldo en materia humanitaria para un país que había suscrito un Acuerdo de Paz, comparado con el periodo comprendido entre 2012 y 2017 donde la cifra de homicidios se había reducido de 34 a 24 por cada cien mil habitantes.
Pero el problema no solo fue el incremento de la violencia, recientemente se puso en el debate de la Cámara de representantes el hurto de más de 500.000 millones de pesos destinados equitativamente para 170 municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que fueron asignados de manera criminal entre funcionarios de la Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría y Congresistas afines al gobierno Duque.
El derramamiento de sangre es de tal magnitud que el poder judicial en cabeza de la Corte Constitucional, vía acciones de tutela, y ante la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales a firmantes de Paz se vio obligada a decretar en enero de este año un fallo hito de Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y dictó múltiples órdenes a entidades del Estado en cabeza del gobierno del presidente Duque para que cumplieran el Acuerdo de Paz de manera integral y, en especial, todo lo relacionado en materia de seguridad, protección y no estigmatización.
Como si fuera poco en lugar de cumplir la ordenes impartidas, funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio, el secretario Jurídico de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, del Interior y de Hacienda, así como Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Unidad Nacional de Protección solicitaron a la Corte Constitucional decretar la nulidad de dicho fallo.
El pasado 7 de septiembre la Corte Constitucional emitió un nuevo pronunciamiento donde le negó todas las aspiraciones del gobierno de Duque, llamó la atención por la falta de precisión y los argumentos falaces utilizados para la buscar la no protección de la población firmante. Ahora es el gobierno del presidente Petro, como cabeza del Estado, quien debe darle cumplimiento a las ordenes emitidas por la Corte Constitucional y tiene en su poder una herramienta fundamental para ponerle fin a la violencia.
La voluntad de paz debe expresarse en darle cumplimiento integral al Acuerdo Final y convocar de inmediato a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (CSIVI), instalar formalmente la Instancia de Alto Nivel del Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política, darle funcionamiento a la Comisión Nacional de Garantías como ente de diseño y seguimiento de la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, impulsar las reformas de la Unidad Especial de Investigaciones en correspondencia con lo pactado en el Acuerdo, todo ello sumado a una instrucción nacional que contrarreste el discurso del odio. Estas acciones serían ejemplo de un gran compromiso con la paz.
*Abogado de firmantes de paz