Estamos dejando que les maten
Por Natalia Abril Bonilla*
El año pasado, por esta misma época, el Observatorio de Tierras publicó un informe sobre las dinámicas del asesinato de líderes sociales rurales. En él, Francisco Gutiérrez, director del Observatorio y autor principal del informe, explica que estos asesinatos ocurren “con la regularidad de un metrónomo” y que tal y como están las condiciones de vida en las regiones donde más se presentan asesinatos “podemos tener la certeza que la próxima semana habrá otro asesinato”. Así ha sido desde hace un año.
Esta semana iniciamos con otra noticia de líderes asesinados y otra amenazada. Luis Barrios en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico, y Felicinda Santa María, en la Comuna 2 de Quibdó, murieron el martes 3 de julio. El miércoles 4 fue asesinada Ana María Cortés en Cáceres, Antioquia. Mientras que en San Pablo, sur de Bolívar, la profesora Deyanira Ballestas fue amenazada vía telefónica. Esto sin contar que en los últimos ocho días otros seis líderes sociales más fueron asesinados. ¿Qué está pasando en el país? ¿Quién tiene que responder? ¿Cómo hacemos para prevenir más muertes?
Empecemos por lo básico: reconocer la crisis social que estamos viviendo. Por un lado, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que pueden ser desde miembros de una Junta de Acción Comunal, de organizaciones sociales o docentes, son considerados como tal por la actividad que desarrollan. Barrios, Santa María, Cortés, Ballestas y otros cientos de líderes ejercieron su labor denunciando y promocionando derechos sociales, económicos y culturales para las poblaciones donde vivían. Claramente hay un móvil en estos asesinatos.
Por el otro, según el Estatuto de Roma, que hace parte del cuerpo normativo del Derecho Internacional Humanitario, los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos de asesinato, esclavitud, exterminio, tortura y desaparición forzada, entre otros, que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Basta con que alguno de estos actos se comenta de forma generalizada o sistemática para que sean considerados de lesa humanidad. Tenemos entonces que un grupo de personas en todo el territorio nacional que desempeña actividades específicas de promoción y defensa de derechos humanos y denuncia sus violaciones, está siendo asesinado de manera generalizada. ¿Estamos frente a crímenes de lesa humanidad contra líderes y defensores?
¿Quién tiene que responder? Lógicamente tienen que ser los perpetradores materiales e intelectuales de estos homicidios, pero mientras se esclarecen estos responsables, sus motivaciones e intereses, las entidades del estado también tienen que tomar parte. La Unidad Nacional de Protección tiene que responder, o al menos aclarar, por qué disminuye la protección a líderes que han denunciado amenazas en su contra y por qué sus valoraciones sobre el riesgo que corren son tan superficiales. También hay que preguntarle a la Fiscalía qué está haciendo para esclarecer los crímenes, o mejor, exigirle una investigación contundente, que no caiga en revictimizaciones y evite la impunidad. La fuerza pública también tiene que rendir cuentas frente a su accionar, no solo por los operativos militares contra grupos armados, sino a su relación con la sociedad civil. Los canales de comunicación tienen que ser más efectivos, hay que recibir las denuncias sin caer en estigmatizaciones, agilizar los procesos e incluso, si es el caso, evaluar el funcionamiento interno de las fuerzas armadas y policiales para prevenir actos de corrupción.
Tenemos entonces un panorama general de lo que está pasando; ya dimensionamos la gravedad de la situación humanitaria en Colombia y ya sabemos qué instituciones tienen que ver en esta situación. Ahora nos toca tomar acciones. Hay miles de líderes más que se encuentran en riesgo no porque hayan sido amenazados, sino porque su labor los pone en peligro; y cientos de casos de líderes más que quedan por investigar. No es tiempo de lavarse las manos, de estigmatizar y culpar a la víctima, sino de desplegar toda la capacidad del estado y de la misma sociedad civil desde nuestros campos de acción para impedir más muertes. La primera cita es hoy viernes 6 de julio en las plazas del país. Hay que frenar este metrónomo.
*Investigadora
Por Natalia Abril Bonilla*
El año pasado, por esta misma época, el Observatorio de Tierras publicó un informe sobre las dinámicas del asesinato de líderes sociales rurales. En él, Francisco Gutiérrez, director del Observatorio y autor principal del informe, explica que estos asesinatos ocurren “con la regularidad de un metrónomo” y que tal y como están las condiciones de vida en las regiones donde más se presentan asesinatos “podemos tener la certeza que la próxima semana habrá otro asesinato”. Así ha sido desde hace un año.
Esta semana iniciamos con otra noticia de líderes asesinados y otra amenazada. Luis Barrios en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico, y Felicinda Santa María, en la Comuna 2 de Quibdó, murieron el martes 3 de julio. El miércoles 4 fue asesinada Ana María Cortés en Cáceres, Antioquia. Mientras que en San Pablo, sur de Bolívar, la profesora Deyanira Ballestas fue amenazada vía telefónica. Esto sin contar que en los últimos ocho días otros seis líderes sociales más fueron asesinados. ¿Qué está pasando en el país? ¿Quién tiene que responder? ¿Cómo hacemos para prevenir más muertes?
Empecemos por lo básico: reconocer la crisis social que estamos viviendo. Por un lado, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que pueden ser desde miembros de una Junta de Acción Comunal, de organizaciones sociales o docentes, son considerados como tal por la actividad que desarrollan. Barrios, Santa María, Cortés, Ballestas y otros cientos de líderes ejercieron su labor denunciando y promocionando derechos sociales, económicos y culturales para las poblaciones donde vivían. Claramente hay un móvil en estos asesinatos.
Por el otro, según el Estatuto de Roma, que hace parte del cuerpo normativo del Derecho Internacional Humanitario, los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos de asesinato, esclavitud, exterminio, tortura y desaparición forzada, entre otros, que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Basta con que alguno de estos actos se comenta de forma generalizada o sistemática para que sean considerados de lesa humanidad. Tenemos entonces que un grupo de personas en todo el territorio nacional que desempeña actividades específicas de promoción y defensa de derechos humanos y denuncia sus violaciones, está siendo asesinado de manera generalizada. ¿Estamos frente a crímenes de lesa humanidad contra líderes y defensores?
¿Quién tiene que responder? Lógicamente tienen que ser los perpetradores materiales e intelectuales de estos homicidios, pero mientras se esclarecen estos responsables, sus motivaciones e intereses, las entidades del estado también tienen que tomar parte. La Unidad Nacional de Protección tiene que responder, o al menos aclarar, por qué disminuye la protección a líderes que han denunciado amenazas en su contra y por qué sus valoraciones sobre el riesgo que corren son tan superficiales. También hay que preguntarle a la Fiscalía qué está haciendo para esclarecer los crímenes, o mejor, exigirle una investigación contundente, que no caiga en revictimizaciones y evite la impunidad. La fuerza pública también tiene que rendir cuentas frente a su accionar, no solo por los operativos militares contra grupos armados, sino a su relación con la sociedad civil. Los canales de comunicación tienen que ser más efectivos, hay que recibir las denuncias sin caer en estigmatizaciones, agilizar los procesos e incluso, si es el caso, evaluar el funcionamiento interno de las fuerzas armadas y policiales para prevenir actos de corrupción.
Tenemos entonces un panorama general de lo que está pasando; ya dimensionamos la gravedad de la situación humanitaria en Colombia y ya sabemos qué instituciones tienen que ver en esta situación. Ahora nos toca tomar acciones. Hay miles de líderes más que se encuentran en riesgo no porque hayan sido amenazados, sino porque su labor los pone en peligro; y cientos de casos de líderes más que quedan por investigar. No es tiempo de lavarse las manos, de estigmatizar y culpar a la víctima, sino de desplegar toda la capacidad del estado y de la misma sociedad civil desde nuestros campos de acción para impedir más muertes. La primera cita es hoy viernes 6 de julio en las plazas del país. Hay que frenar este metrónomo.
*Investigadora