Hace poco se llevó a cabo la sesión número 20 del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), máxima autoridad derivada del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP. En este espacio, las dos Altas Partes Contratantes, resuelven las diferencias para avanzar en el seguimiento, impulso y verificación de lo pactado.
El panorama sigue siendo confuso, ya que, a menos de dos años para que finalice el gobierno de Petro, es difícil establecer cifras claras sobre la implementación integral del acuerdo. Muchas instituciones del actual gobierno parecen no estar al tanto de lo pactado ni de las obligaciones adquiridas por el Estado. Otras, simplemente, no quieren entenderlo porque no se sienten representadas por esta propuesta de país, y hacen caso omiso de este valioso contrato social. Asimismo, hay quienes no desean facilitar su avance y buscan entorpecerlo o simular su cumplimiento dentro de sus competencias.
A pesar de los elocuentes discursos del presidente Petro, los avances son escasos. Nadie podría negar su habilidad en esta materia, pero quizás la historia le reproche la falta de acción y efectividad en la implementación durante su mandato.
El 11 de julio de 2024, durante la sesión trimestral del Consejo de Seguridad de la ONU, donde por primera vez participaron ambas partes contratantes, el presidente Petro, utilizando su ya mencionada habilidad, expuso ante la comunidad internacional la urgencia de avanzar en un plan de choque que priorice la implementación del acuerdo. Ese día, recuerdo haber visto y escuchado al presidente hablar públicamente, por primera vez, con cierta profundidad sobre algunos componentes del acuerdo. Fue un momento histórico: un presidente, firmante de otro acuerdo de paz en la década de los 90, representaba al Estado colombiano, mientras que nosotros, firmantes del acuerdo de paz de La Habana, reconocidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, acudíamos en representación de la otra parte contratante, hoy representada por el Partido Comunes.
Tras nuestra participación en este valioso espacio, sumado al diálogo con las víctimas allí presentes, salimos llenos de aprendizajes, reflexiones y con la certeza del potencial transformador de lo pactado. Además, salimos con esperanza, alentados por las declaraciones del presidente Gustavo Petro.
Una semana antes de la sesión del Consejo de Seguridad, el país conoció el nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior. Por encargo presidencial, Cristo asumiría la coordinación de la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP). Parecía abrirse una nueva oportunidad para el acuerdo y su implementación integral, ya que hasta ese momento no existía una “torre de control” clara capaz de armonizar el funcionamiento de las más de 53 instituciones del Estado responsables de su implementación. Esta labor correspondía a la extinta Consejería Presidencial para la Implementación, curiosamente desmantelada por el presidente Petro sin explicaciones claras hasta la fecha.
De cara a la sesión anterior del Consejo de Seguridad de la ONU, desde la CSIVI-Comunes presentamos al gobierno nacional una propuesta de plan de acción que bien podría servir como hoja de ruta para regresar a su cauce, La Paz Firmada.
Este plan de acción plantea de manera razonable, el fortalecimiento de tres dimensiones claves del Acuerdo: la arquitectura institucional, el marco normativo y los mecanismos e instancias de participación, todo esto en dirección a fortalecer la implementación en lo que resta de gobierno.
Nuestra propuesta ha cobrado mayor relevancia tras las recientes declaraciones sobre la pronta presentación del plan de choque por parte del gobierno, orientado al próximo Consejo de Seguridad de la ONU, donde el presidente Petro manifestará su creación.