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Por Jorge Forero Neme.
El pasado 28 de septiembre se cumplieron 2 años del retorno de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a Colombia, luego de pasar 12 años en cárceles norteamericanas por delitos de narcotráfico. Jorge 40 fue el comandante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bloque paramilitar que operaba especialmente en los departamentos de Cesar, Atlántico, Santander, Magdalena y La Guajira, estos últimos dos, departamentos donde se disputó el poder con Hernán Giraldo, jefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, quien regresó a Colombia el pasado 25 de enero de 2021, también tras cumplir 12 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Tanto Giraldo como Tovar hicieron parte del grupo de 15 paramilitares que fueron extraditados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la madrugada del 13 de mayo de 2008, por supuestamente continuar delinquiendo y no aportar verdad ni reparación en el proceso de Justicia y Paz, al cual se habían acogido tras la desmovilización de las AUC en 2006.
Según la alocución dada por el entonces presidente al momento de la extradición, el gobierno norteamericano había aceptado que los bienes y dineros que las personas extraditadas entregaran por acuerdos con jueces en Estados Unidos se dedicaran a reparar a las víctimas colombianas, y que la reparación moral se llevaría a cabo desde Estados Unidos, garantizando la verdad y la reparación de las víctimas desde la extradición. No obstante, tras 14 años de dicha extradición vemos cómo estas promesas quedaron en vilo. Por un lado, pocos fueron los jefes paramilitares que continuaron aportando a la verdad desde su extradición, siendo Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo dos de los que más aportaron, mientras que Jorge 40 no dio un solo testimonio. Pero además, algunos de estos jefes llegaron a acuerdos con el gobierno norteamericano, que incluían el pago de exorbitantes multas y el otorgamiento de testimonios para los casos de otros narcotraficantes, lo cual llevaría a que algunos de ellos, como Carlos “el tuso” Sierra y Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio”, lograran acuerdos en los cuales les garantizarían su no retorno a Colombia, como lo documentó el New York Times en 2016, mientras que no quedó trazabilidad alguna de si dichos dineros fueron enviados a Colombia para la reparación de las víctimas.
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El pasado 22 de agosto, ya en Colombia, en la cárcel de Picaleña en Ibagué (Tolima) y bajo la jurisdicción ordinaria, Jorge 40 aceptó cargos por 12 eventos de homicidio en persona protegida ocurridos en la Costa Atlántica y uno por desplazamiento forzado, quedando aún pendientes diversos cargos por masacres, desplazamiento, desaparición forzada, terrorismo, secuestro y homicidio en persona protegida, que corresponden a cerca de 180 eventos criminales, donde la fiscalía ha identificado más de 300 víctimas.
Caso distinto es el de Hernán Giraldo, quien, esperaba quedar en libertad tras su retorno a Colombia, pues desde su extradición continuó aportando a la verdad y entregando bienes al Estado colombiano, pero recientemente fue acusado por la fiscalía por presuntamente haber cometido delitos de violencia sexual luego de haberse desmovilizado, lo que lo podría llevar a ser expulsado del sistema de Justicia y Paz. Cabe destacar que sobre Hernán Giraldo aún existen procesos abiertos en Justicia y Paz por más de 400 hechos delictivos, dentro de los que se encuentran delitos como desplazamiento, desaparición forzada y homicidio en persona protegida.
El caso de los 15 jefes paramilitares extraditados hoy se encuentra más vigente que nunca por diversas razones. Por un lado, por el reciente retorno de Jorge 40 y Hernán Giraldo, y, por el otro, porque la extradición ha vuelto a ser el centro de discusiones en el país desde que Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, fue extraditado el pasado 5 de mayo, lo que abrió de nuevo el debate sobre esta figura como un obstáculo a la verdad, justicia y reparación ante la solicitud de medidas cautelares por parte de agrupaciones de víctimas para que se detuviera dicho proceso en razón de garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación, entre otros. Otoniel, finalmente fue extraditado, aun cuando estaba cooperando activamente con la verdad ante la JEP y la Comisión de la Verdad. Las medidas cautelares que en su momento otorgó el Consejo de Estado a las víctimas fueron levantadas por este mismo tribunal.
La experiencia con los 15 jefes paramilitares parece demostrarnos que una vez se extraditan a los responsables de violaciones a derechos humanos, su aporte en la verdad y reparación de dichos hechos estará supeditado a su voluntad, y aún en el caso de que exista voluntad por parte del extraditado, los tiempos parecen alargarse porque las declaraciones deberán someterse a los tiempos de la justicia y las cárceles norteamericanas.
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Tampoco es posible garantizar el retorno de las personas extraditadas o que todo el dinero que entreguen en Estados Unidos sea destinado para reparar a las víctimas en Colombia, esto dependerá de la voluntad de Estados Unidos y de la capacidad diplomática de Colombia, pues el tratado de extradición que se encuentra en un limbo extraño en el cual no se puede aplicar en Colombia por ser declarado inexequible, pero tampoco ha sido denunciado a la luz del derecho internacional, no tiene ninguna estipulación al respecto, razón por la cual Estados Unidos no se encuentra obligado ni a destinar el dinero que paguen por sanciones en Estados Unidos para las víctimas colombianas, ni a devolver a las personas extraditadas a Colombia una vez cumplan sus condenas por narcotráfico, contrario a lo que afirmó el expresidente Duque en la alocución presidencial de la extradición de alias Otoniel.
Ahora, la extradición es uno de los temas centrales del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, que incluye en su articulado la posibilidad de suspender órdenes de captura y extradición, acompañando las declaraciones públicas del presidente, quien afirma que los narcotraficantes que se acojan a la justicia y colaboren con ella no serán extraditados. Por ahora, parece que el nuevo gobierno entiende la importancia de dar preponderancia a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, antes que cumplir metas de extradiciones por narcotráfico hacia Estados Unidos. Sin embargo, mantener la extradición sin garantías en el ámbito internacional es tener una puerta a que cada persona que es extraditada por narcotráfico jamás responda por otros delitos en Colombia.
Así las cosas, mientras que Colombia no negocie nuevamente las condiciones de extradición con Estados Unidos en un acuerdo que garantice los derechos de las víctimas, casos como el del Tuso Sierra, quien hoy vive libre en Estados Unidos sin responder por sus delitos en Colombia, o el de Jorge 40 y Hernán Giraldo, quienes tras 16 años de su entrega aún no han sido condenados por la mayorías de sus crímenes en Colombia, continúen pasando, mientras que las víctimas de masacres, desapariciones y desplazamiento forzado esperan años su momento para recibir verdad, justicia y reparación.