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La llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de EE. UU. con amenazas claras relacionadas con política de drogas a países productores y de tránsito frente al viraje del mercado hacia las sustancias sintéticas, requiere reflexionar sobre cómo ha sido la política criminal del país de norte en la materia frente a los procesos penales de mandos medios y altos de los grupos que operan en América Latina. Específicamente, el comportamiento de los acuerdos de extradición, negociación y la relación de estas dinámicas en procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos a causa de las redes de corrupción que se tejen para mantener dicho mercado.
Desde Elementa iniciamos hace tres años la línea de investigación “Extraditar la Verdad”, que parte de los supuestos de que la información presentada durante los procesos penales almacenada –y en muchos casos reservada– por las cortes, así como las dinámicas de extradición, detención y negociación con las personas acusadas por delitos de narcotráfico en distintos estados de EE. UU. tejen las memorias sobre las violencias causadas por la prohibición de drogas y evidencian que la priorización de las relaciones bilaterales de países como México, Colombia y Honduras sigue siendo la mal llamada “guerra contra las drogas”.
Este 2024 publicamos tres trabajos de investigación relacionada con dichos países para entender cómo funciona el sistema de justicia penal estadounidense frente a estos delitos, qué efectos generan los procesos desarrollados en las Cortes de EE. UU y qué condiciones locales permiten garantizar verdad a las víctimas del narcotráfico y contar con más argumentos para transitar hacia un modelo distinto al de prohibición de drogas. Las tres investigaciones partieron de distintas metodológicas por las distintas limitaciones en materia de acceso a la información y los diversos contextos locales.
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En el caso de México, la información obtenida vía transparencia nos permitió sistematizar 150 casos de personas procesadas por delitos de drogas en EE. UU. Lo anterior nos permitió construir una ruta pedagógica para entender las lógicas del sistema de justicia penal y comprobar que en casos de delitos de drogas de personas extraditadas desde México o detenidas y entregadas en territorio estadounidense, la excepción es la regla. Los casos analizados dan cuenta que la mayoría de los casos culminan en acuerdos de colaboración que no son accesibles para la opinión pública y que derivan en pagos millonarios por parte de las personas procesadas sobre los cuáles se desconoce su destino y privilegios como reducción de condenas, permanencia en EE. UU., entre otros. Lo anterior, sin considerar si dichas personas tienen abiertos procesos en sus lugares de origen por violaciones graves a derechos humanos. En este caso de estudio, observamos que el gobierno mexicano permite la exportación del proceso penal, lo cual debilita a las instituciones mexicanas y donde la extradición se vuelve un incentivo y la justicia no llega para las víctimas.
La experiencia de Honduras, nos permitió estudiar 44 casos de personas extraditadas a EE. UU. y dar seguimiento al caso del ex presidente Juan Orlando Hernández el cual mostró que el sistema de prohibición forzosamente genera redes de macrocriminalidad de un mercado con una demanda muy fuerte y que su sostenibilidad tiene muchos costos humanos. Esta investigación también nos confrontó con el imaginario de justicia que hay frente al papel de EE. UU. en el juzgamiento de servidores públicos por delitos de drogas frente a la crisis de impunidad que enfrente el país centroamericano. Sin embargo, la interrogante que queda en el aire es ¿sí realmente estos procesos cumplen los arcaicos objetivos relacionados con un mundo libre de drogas?
Finalmente, la investigación en Colombia nos permitió trazar el recorrido político de la figura de la extradición, el papel que el mercado ilícito de drogas representó en el conflicto armado y presenta en el escenario del postacuerdo. El análisis de casos emblemáticos como “Jorge 40″ y “Otoniel” demuestran la importancia de contar con mecanismos fuertes de justicia transicional para poder apostar al esclarecimiento de verdad y que la priorización de los delitos de drogas no deje por fuera los derechos de las víctimas. Las conclusiones de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones dan cuenta en perspectiva histórica de los impactos negativos que tuvo la figura de la extradición en el país y revisar los acuerdos bilaterales en la materia.
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Actualmente, la justicia extraterritorial derivada de la política criminal estadounidense requiere conversaciones más profundas entre los países latinoamericanos y un frente común para una revisión crítica de las lógicas de los procesos en materia de drogas, visibilizar las redes de corrupción y encontrar espacios de colaboración para fortalecer los sistemas de justicia en los países productores y de tráfico. El pleno reconocimiento del impacto del sistema de prohibición en la vida y derechos de las personas es urgente y un cambio de paradigma frente a las drogas es impostergable.