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El viernes, día contra la violencia contra la mujer, mataron otra integrante de Marcha Patriótica. La número 125 según las estadísticas, desde la fundación de esta organización. En los últimos días, el número de atentados aumentó de manera vertiginosa. Los están matando, de eso no hay duda.
No son disputas de vecindario, peleas conyugales, hechos aislados, ni mucho menos un auto-exterminio como lo sugirió el presidente de una época oscura en materia de derechos humanos en el país: Álvaro Uribe Vélez.
No se puede desconocer que hay una agenda política y una coordinación en los crímenes. Son crímenes políticos cometidos por unos grupos que tienen también una agenda política (en cuanto el control social, así como el poder local y regional son asuntos políticos); no son grupos de delincuentes sino grupos al servicio de unas personas con una clara intencionalidad política de destruir el proceso de paz.
En otras palabras, el paramilitarismo sigue vivo, más allá de los eufemismos con que quiera nombrarse a sus estructuras armadas. Y está vivo porque no es un fenómeno limitado a su expresión armada: el paramilitarismo es una forma de hacer política, así sea a punta de moto-sierra y es el más grande enemigo a la negociación en Colombia.
Es un error limitar la respuesta a mensajes de condena en las redes sociales, voces de solidaridad y marchas. Tampoco se trata de importar no sé cuántos chalecos anti-balas, comprar más carros blindados y aumentar la Unidad de Protección. Eso es atender (y de manera muy limitada) las consecuencias del problema y no las causas.
La verdadera Unidad de Protección debería ser el Estado que, como un todo, combata al paramilitarismo. Pero eso implica tres niveles: a) la decisión política de qué hacer con las expresiones armadas, si combatirlas, si ofrecerles garantías para que colaboren con la justicia, etc., b) la persecución a sus líderes ocultos, incluyendo quienes dan las órdenes; resulta difícil pensar que estos grupos se articulan espontáneamente y desarrollan una campaña como la que se viene dando solo por impulsos descoordinados.
Y c) corregir ya las fallas de la doctrina de la Seguridad Nacional que hacen que el estamento militar haya contribuido al fenómeno; esto implica depuración de las Fuerzas Armadas, acciones judiciales efectivas contra los involucrados y confesión de la verdad ante una sociedad que espera justicia.
Hace años se viene usando la perversa noción de que “los paras no son actores del conflicto” para evitar la acción de la Fuerza Aérea contra sus campamentos ¡como si el Estado no hubiera dejado de combatir a la insurgencia cuando no le otorgaba ningún reconocimiento político!
La pregunta de fondo es: ¿qué hacer frente al paramilitarismo? Negociar con las FARC no es suficiente para una paz completa. Peor aún, es difícil implementar los acuerdos con las FARC y al tiempo enterrar a los militantes de Marcha Patriótica. Un pésimo mensaje para el ELN, el cual no va a aumentar su decisión de negociar simplemente porque el gobierno le diga, en medio del asesinato de líderes sociales: “venga que no es pa’ eso”.