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La Ley 418 de 1997 (de orden público) fue reformada por la Ley 2272 de 2022 (de paz total), esta dispone en el artículo 5 que “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”. A su turno el Decreto 2422 del 2022 crea la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, este órgano tiene como funciones recomendar la admisión, exclusión, la continuidad o no, de los voceros en el marco de lo establecido en el mencionado artículo 5.
El ministro del Interior Alfonso Prada aclaró la diferencia entre: gestores de paz, gestores de convivencia y voceros de paz. Dijo que los voceros de paz son una nueva figura creada por la Ley 2272 y que acaba de utilizar el presidente de la República “para que personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de salir de su reclusión porque tienen delitos menores, porque fueron capturados en medio de la protesta”, entre ellos campesinos, indígenas, jóvenes, mayores, que por su liderazgo social y humanitario “pueden ayudar en el territorio a que la conflictividad social baje y a que haya un ambiente de pacificación con su comunidad que los quiere, los respeta”.
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En Colombia los gestores de paz vienen actuando hace varios años escogidos por las organizaciones o grupos armados y por el gobierno, para facilitar los diálogos y las negociaciones de paz. No obstante, la labor de gestor de paz es amplia, se aplica a la realización de múltiples tareas y, por tanto, puede vincular a personas al margen de la ley, a personalidades y líderes que trabajan por la paz; a actores comunitarios que, en el terreno, están comprometidos con la promoción y ejercicio de los derechos humanos y la justicia social, siendo imprescindible el apoyo interdisciplinario y económico, el acompañamiento sicosocial, la preparación, para afianzar sus proyectos de vida e incidir positivamente en su entorno.
Se ha generado en nuestro país una distinción odiosa con algunas actividades y trabajos, las que ciertamente son significativas: defensor de derechos humanos, líder social, gestor de paz, representante y vocero. A las personas que se dedican a estas tareas se las suele identificar con la ilegalidad, la animadversión o como antisistema. La ley de paz total estableció la política de paz como una política de Estado, prioritaria y transversal; se dirige a todos los gobiernos para garantizar los enfoques de derechos en la construcción de políticas públicas de paz; la ley parte de una concepción distinta, integra la cultura de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Al vincular a las autoridades con la implementación y cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, así como con los acuerdos que se llegaren a pactar, y en los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, se fortalece a los servidores públicos como verdaderos gestores de paz en el ámbito de sus competencias.
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Es paradójico que mientras se adelanta un proceso de reconciliación con miembros que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley y con agentes del Estado, incursos en crímenes contra la humanidad, resulte escandalosa la excarcelación de personas admitidas como voceros de paz, quienes con ocasión de la protesta social presuntamente cometieron delitos menores. Desde luego esta decisión les corresponde a los jueces de la República, hay que examinar caso por caso, no puede incluir graves crímenes, opera para personas privadas de la libertad no condenadas; la calidad de vocero no implica la conclusión de los procesos judiciales, por tanto, no puede haber impunidad ni desconocimiento de las víctimas, y tampoco es factible la concesión de amnistías ni indultos, ya que la ley no lo prevé.
En Colombia necesitamos más gestores de paz, gestores de convivencia y voceros de paz. Es mejor cambiar las armas, la violencia, el encierro carcelario, la política del enemigo, por instrumentos que permitan los acercamientos, las conversaciones, las negociaciones, superar la conflictividad, lograr la reinserción social y ofrecer nuevas oportunidades.