Glifosato y paz: Aprender del pasado para la no repetición
Por Isabel Pereira Arana* y Sofía Tapia**
Construir un futuro distinto, y mejor, después de la guerra, necesita de garantías y certezas para que los horrores que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Pero para el uso del glifosato, solo hay amenazas de repetición.
Más de un millón de hectáreas fueron asperjadas con glifosato durante el funcionamiento del Programa de Erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato - PECIG. Durante los años del PECIG, miles de familias vieron sus cultivos de pancoger fumigados, vivieron daños a la salud, y una intensificación de la respuesta militarizada al problema de la coca. Hoy, está en vilo la reanudación de este programa, que operaría en 104 municipios del país. Más allá de los debates jurídicos en torno a la posibilidad efectiva de la reanudación del programa, en el fondo de la discusión se encuentra un debate ético y político sobre el dilema de volver al pasado por cuenta de una negativa a adoptar las lecciones que nos dejó el conflicto.
El llamado ‘problema de las drogas ilícitas’ quedó incluido en el Acuerdo Final de Paz como un capítulo autónomo. Contiene las apuestas de la sustitución voluntaria y el llamado a una conversación sobre el nexo entre el conflicto armado y la economía de la coca. La aspersión, si bien no quedó excluida de los métodos para eliminar la coca, quedó como un último recurso. Sumado a esto, los mecanismos del sistema de justicia transicional, en particular la Comisión de la Verdad, unen esfuerzos para esclarecer los daños que la política de drogas, y su visión punitiva reforzada por el conflicto armado interno, tuvo en la vida de comunidades enteras, y las victimizaciones a las que el Estado sometió a la población campesina en nombre de eliminar las drogas.
Para que el futuro tenga sentido, para construir una sociedad que pueda sanar los horrores de la guerra se necesitan garantías de no repetición, certezas de que los dolores evitables que se vivieron por políticas de estado nocivas como el glifosato, no volverán a ocurrir. Se necesita reconocimiento por parte de quienes causaron dolor, y que de ese reconocimiento se desprendan las promesas de no cometer los mismos errores de nuevo.
Cada ministro de defensa que ha ocupado el cargo en este gobierno ha dado una fecha concreta al despegue de las avionetas. No solo no les ha importado que los requisitos de la Corte Constitucional para la reanudación estén lejos de cumplirse, sino que usan una lógica insostenible e incomprensible: la fumigación reducirá la violencia y las masacres.
Sostener que la coca es la causa de la violencia es problemático, y también hace parte de esa negativa a aprender del pasado para avanzar, principalmente porque ignora las demás variables que confluyen en la generación de violencia en los territorios cocaleros y que, en gran medida, responden a las dificultades históricas de las poblaciones para generar ingresos en otras economías. También omiten dar prioridad a políticas frente a los cultivos ilícitos que son menos costosas y más efectivas, como la sustitución voluntaria, la titulación de tierras, y en general, las apuestas del desarrollo rural.
Por otro lado, la obstinación de este gobierno con la aspersión aérea también es una resistencia a que las políticas de drogas estén fundamentadas en la evidencia, por ejemplo, sobre los efectos del glifosato en la salud humana. Hoy esta aún más claro que el glifosato está vinculado con riesgos de desarrollar cáncer, enfermedades dermatológicas, respiratorias, y abortos en la población que reside en zonas de aspersión. Estos riesgos no son especulaciones. Se fundamentan en la evidencia científica, así como en la evidencia de las comunidades que fueron sometidas a 15 años de veneno, sin que llegaran alternativas sostenibles de ingreso, ni mucho menos se reconocieran y repararan los daños causados.
Para poder pasar la página del conflicto, es importante identificar que Colombia tiene la oportunidad de reflexionar en torno a los verdaderos costos que representó el haber adoptado una política de drogas tradicionalmente desinformada que permitiera la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades que fueron asperjadas.
Para este propósito de reflexión activa, el Acuerdo de Paz creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo mandato finaliza este año. La Comisión podría ofrecer insumos que orienten el debate público hacia las dimensiones ético-políticas de la fumigación, de este modo, podría emplazar la reflexión en torno al significado de la hoja de coca para las comunidades en términos de la seguridad alimentaria y visibilizar los dramas humanos que ha dejado el glifosato tras su paso.
Tal vez, si la Comisión de la Verdad le enseña con evidencia al país que la aspersión aérea ha sido una medida inefectiva, y altamente dañina se puedan presentar también las condiciones de posibilidad para cambiar las coordenadas desde las que se da el debate en torno a la regulación de las drogas. La reflexión para el futuro que propone la Comisión, fundamentada en hallazgos diversos y plurales, necesariamente requiere reconocer que el Estado causó daños con sus políticas de drogas, y compromisos de que nunca más se volverán a envenenar, en el nombre de la guerra contra la coca, a miles de familias campesinas. Ojalá el Ministro de Defensa y todo el gobierno entienda su lugar en la historia.
* Coordinadora de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia
** Pasante de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia
Por Isabel Pereira Arana* y Sofía Tapia**
Construir un futuro distinto, y mejor, después de la guerra, necesita de garantías y certezas para que los horrores que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Pero para el uso del glifosato, solo hay amenazas de repetición.
Más de un millón de hectáreas fueron asperjadas con glifosato durante el funcionamiento del Programa de Erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato - PECIG. Durante los años del PECIG, miles de familias vieron sus cultivos de pancoger fumigados, vivieron daños a la salud, y una intensificación de la respuesta militarizada al problema de la coca. Hoy, está en vilo la reanudación de este programa, que operaría en 104 municipios del país. Más allá de los debates jurídicos en torno a la posibilidad efectiva de la reanudación del programa, en el fondo de la discusión se encuentra un debate ético y político sobre el dilema de volver al pasado por cuenta de una negativa a adoptar las lecciones que nos dejó el conflicto.
El llamado ‘problema de las drogas ilícitas’ quedó incluido en el Acuerdo Final de Paz como un capítulo autónomo. Contiene las apuestas de la sustitución voluntaria y el llamado a una conversación sobre el nexo entre el conflicto armado y la economía de la coca. La aspersión, si bien no quedó excluida de los métodos para eliminar la coca, quedó como un último recurso. Sumado a esto, los mecanismos del sistema de justicia transicional, en particular la Comisión de la Verdad, unen esfuerzos para esclarecer los daños que la política de drogas, y su visión punitiva reforzada por el conflicto armado interno, tuvo en la vida de comunidades enteras, y las victimizaciones a las que el Estado sometió a la población campesina en nombre de eliminar las drogas.
Para que el futuro tenga sentido, para construir una sociedad que pueda sanar los horrores de la guerra se necesitan garantías de no repetición, certezas de que los dolores evitables que se vivieron por políticas de estado nocivas como el glifosato, no volverán a ocurrir. Se necesita reconocimiento por parte de quienes causaron dolor, y que de ese reconocimiento se desprendan las promesas de no cometer los mismos errores de nuevo.
Cada ministro de defensa que ha ocupado el cargo en este gobierno ha dado una fecha concreta al despegue de las avionetas. No solo no les ha importado que los requisitos de la Corte Constitucional para la reanudación estén lejos de cumplirse, sino que usan una lógica insostenible e incomprensible: la fumigación reducirá la violencia y las masacres.
Sostener que la coca es la causa de la violencia es problemático, y también hace parte de esa negativa a aprender del pasado para avanzar, principalmente porque ignora las demás variables que confluyen en la generación de violencia en los territorios cocaleros y que, en gran medida, responden a las dificultades históricas de las poblaciones para generar ingresos en otras economías. También omiten dar prioridad a políticas frente a los cultivos ilícitos que son menos costosas y más efectivas, como la sustitución voluntaria, la titulación de tierras, y en general, las apuestas del desarrollo rural.
Por otro lado, la obstinación de este gobierno con la aspersión aérea también es una resistencia a que las políticas de drogas estén fundamentadas en la evidencia, por ejemplo, sobre los efectos del glifosato en la salud humana. Hoy esta aún más claro que el glifosato está vinculado con riesgos de desarrollar cáncer, enfermedades dermatológicas, respiratorias, y abortos en la población que reside en zonas de aspersión. Estos riesgos no son especulaciones. Se fundamentan en la evidencia científica, así como en la evidencia de las comunidades que fueron sometidas a 15 años de veneno, sin que llegaran alternativas sostenibles de ingreso, ni mucho menos se reconocieran y repararan los daños causados.
Para poder pasar la página del conflicto, es importante identificar que Colombia tiene la oportunidad de reflexionar en torno a los verdaderos costos que representó el haber adoptado una política de drogas tradicionalmente desinformada que permitiera la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades que fueron asperjadas.
Para este propósito de reflexión activa, el Acuerdo de Paz creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo mandato finaliza este año. La Comisión podría ofrecer insumos que orienten el debate público hacia las dimensiones ético-políticas de la fumigación, de este modo, podría emplazar la reflexión en torno al significado de la hoja de coca para las comunidades en términos de la seguridad alimentaria y visibilizar los dramas humanos que ha dejado el glifosato tras su paso.
Tal vez, si la Comisión de la Verdad le enseña con evidencia al país que la aspersión aérea ha sido una medida inefectiva, y altamente dañina se puedan presentar también las condiciones de posibilidad para cambiar las coordenadas desde las que se da el debate en torno a la regulación de las drogas. La reflexión para el futuro que propone la Comisión, fundamentada en hallazgos diversos y plurales, necesariamente requiere reconocer que el Estado causó daños con sus políticas de drogas, y compromisos de que nunca más se volverán a envenenar, en el nombre de la guerra contra la coca, a miles de familias campesinas. Ojalá el Ministro de Defensa y todo el gobierno entienda su lugar en la historia.
* Coordinadora de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia
** Pasante de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia