La corrupción preocupa a políticos y gobernantes. Ahora bien, eso no implica que se ocupen con la suficiente decisión, valor y destinación de recursos para enfrentarla. Históricamente candidatos-as a cualquier cargo público prometen en campaña luchar contra la corrupción. Otra cosa muy diferente sucede cuando llegan al poder. Recordemos que, en las tres principales capitales, alcaldes y alcaldesa prometieron en la contienda electoral una lucha frontal contra la corrupción. Actualmente, presentan los índices de aprobación más bajos en la historia del país, estos resultados se deben, aunque no exclusivamente, a sus tímidas actuaciones frente a la corrupción.
A pesar de ese crítico panorama, diferentes gobiernos nacionales, departamentales y municipales, por más de tres décadas, han promulgado normas, políticas, estrategias y programas anticorrupción. ¿Cuál es el balance de esa acción pública?
La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, instancia de participación ciudadana, creada por el estatuto anticorrupción (ley 1474 del 2011) acaba de presentar su VII informe de análisis y recomendaciones para el gobierno Petro en materia de lucha contra la corrupción. Varios son los asuntos interesantes que señala la Comisión en este informe. Aquí destacaremos algunos de ellos.
En términos de los diseños institucionales, Colombia se encuentra a tono con varios de los desarrollos que ha tenido el tema en el mundo occidental. En primer lugar, se reconoce que la corrupción no es solo un delito, sino un crimen que impacta directamente en la garantía de derechos, y que por lo tanto los daños que genera la corrupción obligan a la visibilidad y la reparación; ya sea de manera individual o colectiva. Para lo cual la ley 2195 de 2022 propone, entre otras cosas más, el Fondo Nacional de Reparación de Víctimas.
En segundo lugar, esta misma ley propone vigilar el incremento patrimonial de los servidores públicos, promoviendo entre otras cosas el fortalecimiento del Ministerio Publico, órgano de control encargado de hacer esta tarea.
Un tercer tema importante, está en relación con la responsabilidad del sector privado en los hechos de corrupción (responsabilidad de las personas jurídicas) al tiempo que se indaga sobre la identidad y los reportes de los beneficiarios finales.
En cuarto lugar, desde el 2019 (ley 2014) se regularon de mejor manera las sanciones frente a los hechos de corrupción: cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción, eliminación de los beneficios penales como la casa por cárcel y las modificaciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, inhabilidad para contratar a aquellas personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional, entre otros.
Así las cosas, Colombia ha dado pasos importantes en términos de cómo entender la corrupción, sus diversas expresiones y modalidades, así como cuáles son las decisiones que institucionalmente se deben tomar para luchar contra ella. Ya nos quedó claro que la “corrupción no es un mal menor” y que no es posible hablar de Estado Social de Derecho en medio de los abusos de los que ostentan el poder.
La Comisión continúa señalando que lo avanzado hasta el momento, lastimosamente, no resuelve el problema de raíz, al contrario, falta mucho trecho para llegar a unas cifras mínimas en esta materia. Al respecto destacamos dos de sus debilidades:
La primera, la Comisión Nacional de Moralidad requiere mayor liderazgo y decisión estratégica. Esta instancia es potente en su conformación (órganos de control, ministerios de justicia e interior, entre otros), no obstante, requiere de mayor decisión política y definición estratégica para actuar de manera contundente.
La segunda, la corrupción exige instancias autónomas y capaces de investigar y sancionar los hechos de corrupción. Este es un llamado a la Contraloría General de la República, como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Muchas son las batallas que se deben dar en la lucha contra la corrupción. Insistimos que las prácticas asociadas a este fenómeno estén arraigadas, de una parte, al modelo de toma de decisiones públicas; de otra parte, en nuestra cultura política, gobernantes y políticos dan por hecho que la corrupción hace parte del “ADN de nuestro sistema institucional”; y, por supuesto, se suma una sociedad civil cada vez más apática e incrédula frente a lo que se pueda hacer para combatir este grave fenómeno.
Al respecto, el informe señala la urgencia de adelantar dos reformas estructurales: La primera, la reforma política que garantice la integridad, desde el financiamiento a campañas, hasta la forma como se conforman y funcionan las organizaciones y partidos políticos, pasando por la autonomía y capacidad de gestión de las autoridades electorales y, ni que decir, de las garantías para la participación política de la población diversa del país. La segunda, la reforma a la administración pública, principalmente en lo relacionado con el empleo público y la integridad en los procesos de contratación pública.
Desde el rol que le ocupa, la Comisión Ciudadana de lucha contra la Corrupción, le brinda diferentes y muy buenas rutas de acción al actual gobierno nacional, al tiempo que invita a los órganos de control y a las otras ramas del poder a hacer lo que corresponde. Después de tanta agua que ha corrido bajo el puente ni los gobiernos, ni los políticos pueden seguir hablando de “lucha contra la corrupción” como un discurso sin contenido. Los instrumentos normativos están, quedamos a la espera de la responsabilidad y el cumplimiento de las promesas de campaña y de lo propuesto en el Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, potencia mundial de la vida”.
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