Gobierno y Eln deben priorizar la protección de la niñez
Por: Adrianne Lapar, Coordinadora de Alianzas, Watchlist on Children and Armed Conflict
Pese a la salida y la reintegración de los niños, las niñas y los adolescentes asociados con las FARC-EP, muchos menores todavía permanecen en las filas del ELN y de otros grupos armados. Lamentablemente, mientras que el conflicto con las FARC-EP ha terminado formalmente, las amenazas de reclutamiento, violencia sexual y desplazamiento forzado siguen siendo una realidad para los niños y las niñas en muchas partes del país, además de otros riesgos como el tráfico de drogas, pandillas y otras formas de criminalidad. Si bien los niveles generales de violencia y reclutamiento y uso de menores han disminuido en los últimos años por el proceso de paz, en comunidades del Chocó y Nariño las amenazas han aumentado mientras otros grupos armados buscan llenar los vacíos dejados por las FARC-EP. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, en particular, son afectadas de manera desproporcionada y sus hijos e hijas enfrentan un mayor riesgo de ser reclutados.
Los diálogos entre el gobierno y el ELN son frágiles y, al parecer, poco convincentes. A las pocas horas del vencimiento del cese al fuego más reciente, el ELN lanzó una serie de ataques contra el gobierno, que respondió con su propia ofensiva. Los niños y las niñas siguen estando bajo el fuego cruzado entre el ELN, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública. El 30 de enero la Defensoría del Pueblo se desplazó hacia la reserva indígena Chagpien Tordó en el Chocó para verificar la situación de la comunidad indígena local después de un bombardeo aéreo que supuestamente resultó en la muerte de al menos una menor de edad. El 1 de febrero una escuela en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, supuestamente resultó afectada y hubo que suspender clases debido a enfrentamientos entre el Ejército y el ELN.
Los niños y las niñas colombianos merecen algo mejor. Aunque nadie pretendía que los diálogos de paz fueran a ser fáciles, es menester que ambas partes en el conflicto vuelvan a la mesa en Quito y que busquen puntos de convergencia. Además de ser un paso importante para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, la salida pronta e incondicional de menores de las filas del ELN puede ser un importante gesto de buena voluntad y una medida de fomento de la confianza entre las partes – puntos clave que mi organización y nuestro aliado colombiano la COALICO han recalcado en varias ocasiones.
Ambos lados deben comprometerse de manera clara y firme a proteger a los niños, las niñas y los adolescentes, reconociendo primero su condición de víctimas del conflicto armado. El ELN debe dejar salir inmediatamente a todos y a todas los y las menores de 18 años de sus filas, y poner fin al reclutamiento y al secuestro de menores de edad. Por su parte, el gobierno debe proporcionar el apoyo necesario a los niños, las niñas y los adolescentes que salen de los grupos armados. Esto incluye el apoyo psicosocial y la garantía del acceso a los servicios básicos, tales como alimentación, agua potable y saneamiento, salud y educación. El gobierno también debe asegurar que las familias y las comunidades tengan los recursos necesarios para recibirlos y reintegrarlos, y que los niños y las niñas excombatientes no sean estigmatizados. Los programas de reintegración deben tener en cuenta el enfoque diferencial que refleje las realidades culturales y de género adecuadas. Por ejemplo, para la reintegración de un niño o una niña excombatiente en una comunidad indígena, se requiere de la armonización previa a todas las familias de dicha comunidad de acuerdo con sus usos y costumbres. Para ello, siempre y cuando la comunidad así lo defina, es indispensable que haya intercambio intercultural entre las autoridades comunitarias y las entidades locales no indígenas con franqueza y con respeto. Es importante que este intercambio sea hecho en la lengua originaria y con suficiente tiempo.
Los mediadores y los donantes también tienen un papel importante al poner el tema de los niños soldados sobre la mesa de conversaciones, y garantizar el financiamiento y el apoyo adecuado para su proceso de salida y reintegración. Deben respaldar la participación de la sociedad civil en las negociaciones, inclusive de los mismos niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, señalando su imparcialidad y la necesidad de protegerla contra represalias.
Este año, el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados marca 18 años desde que entró en vigencia el protocolo internacional que prohíbe el reclutamiento y la utilización en hostilidades de cualquier persona menor de 18 años. Es una oportunidad para reconocer el progreso que se ha logrado, pero también para asegurar que cada niño y niña soldado en Colombia sea liberado y que reciba el apoyo adecuado para su reintegración a su comunidad. Los niños y las niñas de Colombia no pueden esperar: proteger los derechos de los más jóvenes y más vulnerables de la sociedad es un elemento esencial para lograr una paz sostenible.
Por: Adrianne Lapar, Coordinadora de Alianzas, Watchlist on Children and Armed Conflict
Pese a la salida y la reintegración de los niños, las niñas y los adolescentes asociados con las FARC-EP, muchos menores todavía permanecen en las filas del ELN y de otros grupos armados. Lamentablemente, mientras que el conflicto con las FARC-EP ha terminado formalmente, las amenazas de reclutamiento, violencia sexual y desplazamiento forzado siguen siendo una realidad para los niños y las niñas en muchas partes del país, además de otros riesgos como el tráfico de drogas, pandillas y otras formas de criminalidad. Si bien los niveles generales de violencia y reclutamiento y uso de menores han disminuido en los últimos años por el proceso de paz, en comunidades del Chocó y Nariño las amenazas han aumentado mientras otros grupos armados buscan llenar los vacíos dejados por las FARC-EP. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, en particular, son afectadas de manera desproporcionada y sus hijos e hijas enfrentan un mayor riesgo de ser reclutados.
Los diálogos entre el gobierno y el ELN son frágiles y, al parecer, poco convincentes. A las pocas horas del vencimiento del cese al fuego más reciente, el ELN lanzó una serie de ataques contra el gobierno, que respondió con su propia ofensiva. Los niños y las niñas siguen estando bajo el fuego cruzado entre el ELN, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública. El 30 de enero la Defensoría del Pueblo se desplazó hacia la reserva indígena Chagpien Tordó en el Chocó para verificar la situación de la comunidad indígena local después de un bombardeo aéreo que supuestamente resultó en la muerte de al menos una menor de edad. El 1 de febrero una escuela en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, supuestamente resultó afectada y hubo que suspender clases debido a enfrentamientos entre el Ejército y el ELN.
Los niños y las niñas colombianos merecen algo mejor. Aunque nadie pretendía que los diálogos de paz fueran a ser fáciles, es menester que ambas partes en el conflicto vuelvan a la mesa en Quito y que busquen puntos de convergencia. Además de ser un paso importante para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, la salida pronta e incondicional de menores de las filas del ELN puede ser un importante gesto de buena voluntad y una medida de fomento de la confianza entre las partes – puntos clave que mi organización y nuestro aliado colombiano la COALICO han recalcado en varias ocasiones.
Ambos lados deben comprometerse de manera clara y firme a proteger a los niños, las niñas y los adolescentes, reconociendo primero su condición de víctimas del conflicto armado. El ELN debe dejar salir inmediatamente a todos y a todas los y las menores de 18 años de sus filas, y poner fin al reclutamiento y al secuestro de menores de edad. Por su parte, el gobierno debe proporcionar el apoyo necesario a los niños, las niñas y los adolescentes que salen de los grupos armados. Esto incluye el apoyo psicosocial y la garantía del acceso a los servicios básicos, tales como alimentación, agua potable y saneamiento, salud y educación. El gobierno también debe asegurar que las familias y las comunidades tengan los recursos necesarios para recibirlos y reintegrarlos, y que los niños y las niñas excombatientes no sean estigmatizados. Los programas de reintegración deben tener en cuenta el enfoque diferencial que refleje las realidades culturales y de género adecuadas. Por ejemplo, para la reintegración de un niño o una niña excombatiente en una comunidad indígena, se requiere de la armonización previa a todas las familias de dicha comunidad de acuerdo con sus usos y costumbres. Para ello, siempre y cuando la comunidad así lo defina, es indispensable que haya intercambio intercultural entre las autoridades comunitarias y las entidades locales no indígenas con franqueza y con respeto. Es importante que este intercambio sea hecho en la lengua originaria y con suficiente tiempo.
Los mediadores y los donantes también tienen un papel importante al poner el tema de los niños soldados sobre la mesa de conversaciones, y garantizar el financiamiento y el apoyo adecuado para su proceso de salida y reintegración. Deben respaldar la participación de la sociedad civil en las negociaciones, inclusive de los mismos niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, señalando su imparcialidad y la necesidad de protegerla contra represalias.
Este año, el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados marca 18 años desde que entró en vigencia el protocolo internacional que prohíbe el reclutamiento y la utilización en hostilidades de cualquier persona menor de 18 años. Es una oportunidad para reconocer el progreso que se ha logrado, pero también para asegurar que cada niño y niña soldado en Colombia sea liberado y que reciba el apoyo adecuado para su reintegración a su comunidad. Los niños y las niñas de Colombia no pueden esperar: proteger los derechos de los más jóvenes y más vulnerables de la sociedad es un elemento esencial para lograr una paz sostenible.