Guaviare: En los márgenes de la nación

Al día de hoy, nos encontramos con territorios que hemos denominado como la periferia o la Colombia profunda para referirnos a territorios ubicados en “los márgenes” de la geografía colombiana. Estas son regiones que vienen luchando por la transformación de sus territorios producto del abandono estatal en materia de garantía de derechos. Son miles de hombres y mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes que a través de la protesta social, del movimiento social y de procesos electorales se han disputado su inclusión en el proyecto de nación que se les ha negado desde la época de la colonia.

El departamento del Guaviare es uno de estos territorios olvidados por la institucionalidad estatal que ha sido configurado desde el centro del país como una fuente de extracción ilimitada de recursos para su desarrollo, pero no para la mejora de quienes habitan en estas regiones. A su vez, es imaginado como una Zona roja o “Zona Especial de Orden Público” la cual debe ser intervenida militarmente. Esta visión ha constituido una ausencia racional del Estado la cual hace presencia mayoritariamente con las fuerzas militares, un ejemplo de esto fueron las políticas de seguridad desplegadas con el Plan Colombia y el Plan Patriota que se enfocaron en la vía militar para dar solución al problema del narcotráfico, desconociendo sus causas sociales y económicas.

Esta intervención militar partió de un proceso de estigmatización que asumió a los pobladores del Guaviare como integrantes, militantes o colaboradores de las Farc-Ep, de esta forma se justificó su persecución, asesinato y desplazamiento forzado. Por otro lado, la alta presencia de cultivos de uso ilícito, han hecho de la región un laboratorio para implementación de políticas antidrogas, que desde el gobierno de César Gaviria, se han enfocado en la fumigación de cultivos de coca y de pancoger y en la implementación de grandes operativos conjuntos entre Policía antinarcóticos, Ejército Nacional y Armada Nacional en contra de la población civil.

El Estado colombiano poco ha reconocido a los campesinos, indígenas y población afrodescendiente como ciudadanos, es decir, como sujetos de derechos. Al igual que sucede en otras zonas de la periferia nacional, en este departamento el acceso a la salud, a la educación, a las oportunidades laborales, y a la institucionalidad estatal es aún una utopía que pensaba en volverse una realidad con la implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-Ep y el Estado.

Tras el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente del programa PNIS y del desarrollo territorial de las zonas PDET, en el Guaviare se mantienen los problemas estructurales de pobreza y de violencia, están activas estructuras post FARC y se han configurado nuevas formas de control de la tierra, su tenencia y su uso que se ven traducidas en la deforestación de la Amazonía para incorporar grandes extensiones de palma africana y ganadería extensiva.

La vía militar, al día de hoy, sigue siendo la solución a los problemas estructurales como la pobreza, la distribución de la tierra y el acceso a servicios y bienes. Un ejemplo de ello es la Operación Artemisa que se ha enfocado en atacar a campesinos, afros e indígenas que han ocupado desde los años 50 en Parques Nacionales Naturales, persigue sus prácticas como delitos ambientales, y ve en el desalojo y el desplazamiento forzado una posibilidad para conservar la Amazonía.

Sin embargo, ante la llegada del “gobierno por la Vida” se plantean retos en torno a la implementación del Acuerdo de Paz y se abre nuevamente la esperanza que tienen los habitantes del Guaviare, y de las zonas periféricas de Colombia de implementar una reforma rural que recoja visiones, experiencias y propuestas multisectoriales y pertinentes para las condiciones geográficas, sociales y medioambientales de la región.