Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por María Clara Zea.
Este primer cuatrimestre de gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos desafíos, como el proyecto de ‘paz total’ o aterrizar las políticas económicas. Entre estos temas nodales, el complejo cambio en el abordaje a las políticas de drogas ha sido de lo que más ha sonado en la agenda del mandatario, posibilitando un debate público que involucra a varios ministerios como el de Justicia y Defensa. La tarea no es fácil y probablemente requiera de mucho más de cuatro años para lograrse, pero un balance que sí es posible hacer antes del cierre del año es identificar qué cambios se han materializado en este tema y qué se mantiene en promesas del gobierno en política de drogas de cara a los retos que se vienen.
Por ejemplo, en el programa de gobierno cuando Petro era candidato a la Presidencia, las apuestas estaban centradas en replicar experiencias a nivel nacional de la Bogotá Humana, como Jóvenes en Paz, en la que incluyó programas de salud preventiva, de reducción de riesgo y daño, o estrategias como la de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD) a través de desplegar “desde el primer día de gobierno un plan de choque intersectorial en promoción, prevención y atención en materia de salud mental y manejo del consumo de sustancias psicoactivas” (pág. 36). Estos programas a la fecha no se materializan.
Ahora, al contrastar sus propuestas con sus acciones al asumir el mandato se han logrado hasta ahora dos avances específicos: en el uso del glifosato y en posicionar el cambio de narrativas sobre política de drogas a nivel nacional, regional e internacional.
Sobre el glifosato se trata del desistimiento total ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por parte de la Policía Nacional para modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato para Norte de Santander. Esta política debe extenderse rápidamente a la prohibición del uso del glifosato para todo el territorio nacional, ya que atenta contra los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el medio ambiente, ejes centrales del discurso de Petro desde las afectaciones al Amazonas y en concordancia con la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional.
Sin embargo, esto no es algo que Colombia pueda hacer sola, ya que relaciones bilaterales históricas como la que tenemos con ciertos países han fomentado una resistencia a tener una mirada distinta que no sea desde el punitivismo, la criminalización y la estigmatización a los productores de cultivos declarados ilícitos o consumidores de sustancias psicoactivas (SPA).
Por esta razón, el segundo avance que se ha logrado es tan importante: los cambios de narrativas ayudan a clarificar que la mal llamada “Guerra contra las Drogas” no puede ser nunca más una política de Estado. De hecho, estos esfuerzos de negociación se han centrado en cuatro actores principalmente: Estados Unidos, México, la Comunidad Andina y las Naciones Unidas.
Con Estados Unidos ha sido estratégica la conversación al abordar la situación de la política de drogas desde la vertiente de cooperación en justicia, indicando que se extraditará a narcotraficantes que no negocien con el Estado. También, ha logrado desnarcotizar un poco la agenda al mencionar que la situación de fondo con los cultivos considerados ilícitos tiene que ver con fortalecer al campesinado desde lograr revivir el PNIS, la sustitución, titulación de tierras fértiles y el proceso de agroindustrialización de los nuevos cultivos.
Las intervenciones con la Comunidad Andina han tenido otro tono, y ha sido el de visibilizar las afectaciones sociales y ambientales que han tenido las políticas de drogas en los países productores de SPA. De esta manera, Petro ha logrado un liderazgo regional para hacer un balance en conjunto de los costos compartidos y tratar de proponer una conferencia de países, con el objetivo de evaluar la política de drogas y “ver objetivamente si conduce a algún puerto, o si al contrario nos está hundiendo en el fondo de un abismo violento, sanguinolento, antidemocrático”. Por otro lado, en las intervenciones en Naciones Unidas, combina los posicionamientos que ha tenido con Estados Unidos y la Comunidad Andina, dando atención en el escenario internacional sobre la fallida lucha contra el narcotráfico y el cambio climático.
Finalmente, con México como el último aliado anexado al posicionamiento de cambio, las conversaciones con López Obrador son un ejemplo de cómo el presidente Gustavo Petro ha buscado una mayor alineación del “eje progresista” de la región en las políticas de drogas desde la incidencia que tiene México con actores como Estados Unidos y Canadá. Esto se relaciona con el respaldo que ha obtenido de la Comisión Global sobre Política de Drogas, a la que pertenecen tanto los expresidentes colombianos César Gaviria y Juan Manuel Santos, así como el mexicano Ernesto Zedillo y también del Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes progresistas de Iberoamérica.
A pesar de la importancia de liderar redes estratégicas para no quedar solos en la conversación, es clave que el gobierno no se desentienda de realizar acciones concretas que se vayan materializando con las promesas de cambio de las políticas de drogas. Esto debe incluir enfoque de derechos humanos, salud pública y verdad, justicia y reparación. Además, a pesar de que la prioridad de este tema no está en duda como promesa de campaña, sí queda pendiente de visualizar el camino por construir para lograrlo como gran reto en tiempos y gestión.