Implementación de los Acuerdos ya

La incertidumbre en la que se encuentra el país, luego de que triunfó el No en el plebiscito por la paz, no debe prolongarse por mucho tiempo y afortunadamente lo han sabido entender tanto Gobierno como Farc, quienes se dieron a la tarea de redactar nuevos Acuerdos, teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas por la oposición. Sin embargo es de lamentar que este sector político, del que hacen parte algunos conservadores, grupos cristianos y el Centro Democrático, no lo entiendan.  

Los  asesinato a líderes sociales que de una u otra forma han respaldado  el proceso de paz y que desde mucho tiempo atrás, vienen trabajando en pro del restablecimiento de los derechos humanos en los distintos territorios, no ha servido como campanazo de alerta para que Colombia se decida a tomar el toro por los cuernos y darle trámite a la discusión que permita refrendar lo acordado en la Habana. 

Lo anterior debería ser el motor para que Gobierno y Farc, luego de firmar el nuevo Acuerdo lo presenten al Congreso de la República sin más dilaciones para la debida refrendación,  y así  dar inicio a  la implementación y la discusión de los proyectos de ley que haya que modificar o tramitar,  con el ánimo de que este tenga viabilidad jurídica.

Colombia no puede continuar por mucho tiempo en la incertidumbre, porque en primer lugar se corre el riesgo de que la tropa guerrillera sea cooptada por bandas del narcotráfico, el ELN o por algún otro actor ilegal.

En segundo lugar, porque la vida de los guerrilleros que se vienen a la desmovilización corre peligro, al igual que la de muchos líderes campesinos que han apoyado el proceso de paz y dedican sus días a la búsqueda del respeto por los Derechos Humanos.

El Estado colombiano debe garantizar la seguridad  de estas personas, de lo contrario no tendría razón traerlas a la paz, si se las va a dejar como “carne de cañón” de paramilitares que no se desmovilizaron o del narcotráfico que controla territorios en connivencia con algunos agentes del Estado, que persisten en este tipo de prácticas mal sanas al interior de la institución.

Nuestro país no puede verse obligado a padecer un segundo exterminio político, similar al de la Unión Patriótica en la década de los ochenta y parte de los noventa. Cuando grupos de extrema derecha en alianza con ganaderos, empresarios, militares, policías y políticos locales, arrasaron con la vida de diferentes líderes de izquierda y de guerrilleros que hacían tránsito a la paz.

Un total de 70 homicidios;  279 amenazas y 28 atentados contra líderes sociales en diferentes lugares de Colombia en lo que va de 2016, demuestra que el fenómeno no corresponde a  casos aislados y lo que nos espera en materia de garantías de seguridad para los desmovilizados y quienes continúan en la lucha por los Derechos Humanos,  es una tarea titánica,  que el Estado no puede seguir aplazando, so pretexto de buscar un acuerdo o pacto político con la oposición.
Lo que debe importar en adelante, no es que a la oposición política le guste o esté feliz con lo que se acuerde con las Farc, sino que lo firmado con el grupo armado se pueda implementar para sacar a Colombia de un conflicto de más de 50 años.