Iván Duque y el país resquebrajado que entrega
Foro Nacional por Colombia
El próximo 29 de mayo Colombia tendrá la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así que también son tiempos de balance. Y lo cierto es que a la administración Duque no le va muy bien. Muchas de sus decisiones afectaron nuestra democracia, ya sea en el equilibrio de poderes, el debilitamiento de la institucionalidad o en la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. Y ni que decir de las pobres garantías para la participación ciudadana y la protesta social. ¿Cuál es el saldo que le deja Duque al país después de 4 años? Los retos y desafíos para el próximo cuatrienio no serán menores y se deberá empezar a remediar varios desajustes que deja el saliente mandatario.
El desequilibrio en las instituciones
El primer déficit que deja Duque es el precario equilibrio democrático. Su gobierno debilitó la independencia y la autonomía de los entes de control al elegir funcionarios que lo ayudaron a llegar al máximo cargo de elección. Esto ha afectado la eficiencia de la justicia, ha generado casos de impunidad y ha afectado la confianza en las instituciones. Hizo elegir como Fiscal General a un excompañero de clases y quien se desempeñó, previamente, como su consejero presidencial. En la Procuraduría eligió a su exministra de Justicia, reconocida ficha de los poderes locales y quien se ha hecho famosa por dejar pasar de largo flagrantes casos de extralimitación de funciones de servidores públicos, como el del General Zapateiro. Pasa igual en la Defensoría del Pueblo, incluyendo en la terna a otro compañero de universidad, quien, además ha tenido una gris gestión.
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Como lo señala Rodrigo Uprimny, esta concentración de poderes y funciones en el Gobierno ha sido muy peligrosa. La falta de equilibrios institucionales ha conducido a la promoción de la corrupción, la impunidad y al debilitamiento de la imagen institucional del Estado. Por ejemplo, en el caso de malversación de fondos de Centros Poblados, la red de “Veedurías Ciudadanas: Bien Común” denunció presuntas reuniones entre la procuradora Margarita Cabello y la Ministra de las TIC. Estas acciones terminaron contribuyendo a la erosión en la confianza institucional y a la mala percepción de la labor de los entes de control.
Paz, violencia y seguridad
Según presenta el gobierno en su informe “Paz con legalidad”, se da cuenta de una serie de avances en su implementación. Se resaltan logros en materia de reparación de víctimas, excombatientes vinculados a proyectos productivos y acceso a la educación; presenta, además un balance en la ejecución de proyectos PDET y sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, las realidades territoriales siguen demostrando que la Paz aún no se materializa y el panorama es cada vez más desalentador.
De acuerdo con el informe del Instituto Kroc, solo el 5% de las disposiciones del Acuerdo Final iniciaron su implementación; el 2% se encuentra en etapa intermedia y apenas 2% fue completado. En el periodo diciembre 2019 - noviembre 2020, hay un mayor aumento en las disposiciones que pasaron de no iniciadas a iniciadas. Y en términos de las garantías para la participación, señalan FORO y VIVA LA CIUDADANÍA, solo se ha cumplido con el 8% de las responsabilidades.
Lea: “El 30% de las disposiciones del Acuerdo de Paz se han completado”: Instituto Kroc
Y mientras tanto, Colombia atraviesa un recrudecimiento de la violencia y la vulneración sistemática de los derechos humanos, un aumento del número de víctimas de asesinatos y masacres, además del desplazamiento a civiles. De acuerdo con Indepaz, desde la fecha de su posesión, a noviembre 23 de 2021, se registraron alrededor de 872 asesinatos de defensores/as de DD.HH y en lo corrido del presente año se estima la muerte de 51 de ellos. Asimismo, se reconoce el deceso de 196 firmantes del Acuerdo de Paz y se presumen 14 asesinados en lo que va del 2022. Por otro lado, en el periodo 2020 a corte del 24 de abril del 2022 se identificaron alrededor de 215 masacres con 827 víctimas.
El operativo ejecutado por la Fuerza Pública es el más reciente caso, en la que presuntamente se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales, pero una investigación periodística realizada en conjunto por los medios Vorágine, El Espectador y Cambio reveló que en el operativo habrían muerto, al menos, cuatro personas desarmadas y que las fuerzas militares habrían alterado evidencia en la escena de los supuestos combates.
Y según la OCHA, en el informe “El panorama de las necesidades humanitarias en Colombia”, establece que a raíz de las nuevas configuraciones armadas, luego de la desarticulación de las Farc, han aumentado los casos de desplazamientos y confinamientos en 2021 y en comparación con los años previos ya superan las 139.000 víctimas. Al menos 284.849 personas han sido directamente afectadas por las dinámicas de violencia.
La protesta social, un derecho estigmatizado de la participación ciudadana
La crisis humanitaria que dejaron las movilizaciones sociales y la generalizada ausencia de garantías para la protesta, tuvieron repercusiones internacionales. La Organización Temblores, en el año 2021, presentó 5.808 casos de violencia policial, de ellos 5.048 fueron en el marco del paro nacional. Del total, 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1.991 a violencia física; vulneraciones relacionadas con violencia basada en género, hostigamientos, retenciones arbitrarias, amenaza, entre otras. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de su visita, determinó fuertes recomendaciones al Gobierno de Duque para la garantía del Derecho a la protesta, además de resaltar su preocupación por la “persistencia estructural de la violencia” en el país.
Lea también: Cali, la ciudad que todavía tiembla
Duque le deja al país una institucionalidad democrática corroída y duramente golpeada. Los retos del próximo presidente deberán comenzar por una reconstrucción de la confianza ciudadana y una real apuesta por hacer realidad el Estado social de derecho. ¿Cómo será la relación del próximo mandatario con la justicia y los órganos de control? ¿Cuál será el camino para recomponer la implementación de los Acuerdos de manera eficiente y eficaz? Y ¿cómo será la respuesta del próximo presidente a una - segura - movilización ciudadana? Son preguntas que debemos analizar como sociedad en la agenda de la actual campaña política. Resquebrajar aún más nuestras bases democráticas nos pueden llevar al abismo.
El próximo 29 de mayo Colombia tendrá la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así que también son tiempos de balance. Y lo cierto es que a la administración Duque no le va muy bien. Muchas de sus decisiones afectaron nuestra democracia, ya sea en el equilibrio de poderes, el debilitamiento de la institucionalidad o en la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. Y ni que decir de las pobres garantías para la participación ciudadana y la protesta social. ¿Cuál es el saldo que le deja Duque al país después de 4 años? Los retos y desafíos para el próximo cuatrienio no serán menores y se deberá empezar a remediar varios desajustes que deja el saliente mandatario.
El desequilibrio en las instituciones
El primer déficit que deja Duque es el precario equilibrio democrático. Su gobierno debilitó la independencia y la autonomía de los entes de control al elegir funcionarios que lo ayudaron a llegar al máximo cargo de elección. Esto ha afectado la eficiencia de la justicia, ha generado casos de impunidad y ha afectado la confianza en las instituciones. Hizo elegir como Fiscal General a un excompañero de clases y quien se desempeñó, previamente, como su consejero presidencial. En la Procuraduría eligió a su exministra de Justicia, reconocida ficha de los poderes locales y quien se ha hecho famosa por dejar pasar de largo flagrantes casos de extralimitación de funciones de servidores públicos, como el del General Zapateiro. Pasa igual en la Defensoría del Pueblo, incluyendo en la terna a otro compañero de universidad, quien, además ha tenido una gris gestión.
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Como lo señala Rodrigo Uprimny, esta concentración de poderes y funciones en el Gobierno ha sido muy peligrosa. La falta de equilibrios institucionales ha conducido a la promoción de la corrupción, la impunidad y al debilitamiento de la imagen institucional del Estado. Por ejemplo, en el caso de malversación de fondos de Centros Poblados, la red de “Veedurías Ciudadanas: Bien Común” denunció presuntas reuniones entre la procuradora Margarita Cabello y la Ministra de las TIC. Estas acciones terminaron contribuyendo a la erosión en la confianza institucional y a la mala percepción de la labor de los entes de control.
Paz, violencia y seguridad
Según presenta el gobierno en su informe “Paz con legalidad”, se da cuenta de una serie de avances en su implementación. Se resaltan logros en materia de reparación de víctimas, excombatientes vinculados a proyectos productivos y acceso a la educación; presenta, además un balance en la ejecución de proyectos PDET y sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, las realidades territoriales siguen demostrando que la Paz aún no se materializa y el panorama es cada vez más desalentador.
De acuerdo con el informe del Instituto Kroc, solo el 5% de las disposiciones del Acuerdo Final iniciaron su implementación; el 2% se encuentra en etapa intermedia y apenas 2% fue completado. En el periodo diciembre 2019 - noviembre 2020, hay un mayor aumento en las disposiciones que pasaron de no iniciadas a iniciadas. Y en términos de las garantías para la participación, señalan FORO y VIVA LA CIUDADANÍA, solo se ha cumplido con el 8% de las responsabilidades.
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Y mientras tanto, Colombia atraviesa un recrudecimiento de la violencia y la vulneración sistemática de los derechos humanos, un aumento del número de víctimas de asesinatos y masacres, además del desplazamiento a civiles. De acuerdo con Indepaz, desde la fecha de su posesión, a noviembre 23 de 2021, se registraron alrededor de 872 asesinatos de defensores/as de DD.HH y en lo corrido del presente año se estima la muerte de 51 de ellos. Asimismo, se reconoce el deceso de 196 firmantes del Acuerdo de Paz y se presumen 14 asesinados en lo que va del 2022. Por otro lado, en el periodo 2020 a corte del 24 de abril del 2022 se identificaron alrededor de 215 masacres con 827 víctimas.
El operativo ejecutado por la Fuerza Pública es el más reciente caso, en la que presuntamente se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales, pero una investigación periodística realizada en conjunto por los medios Vorágine, El Espectador y Cambio reveló que en el operativo habrían muerto, al menos, cuatro personas desarmadas y que las fuerzas militares habrían alterado evidencia en la escena de los supuestos combates.
Y según la OCHA, en el informe “El panorama de las necesidades humanitarias en Colombia”, establece que a raíz de las nuevas configuraciones armadas, luego de la desarticulación de las Farc, han aumentado los casos de desplazamientos y confinamientos en 2021 y en comparación con los años previos ya superan las 139.000 víctimas. Al menos 284.849 personas han sido directamente afectadas por las dinámicas de violencia.
La protesta social, un derecho estigmatizado de la participación ciudadana
La crisis humanitaria que dejaron las movilizaciones sociales y la generalizada ausencia de garantías para la protesta, tuvieron repercusiones internacionales. La Organización Temblores, en el año 2021, presentó 5.808 casos de violencia policial, de ellos 5.048 fueron en el marco del paro nacional. Del total, 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1.991 a violencia física; vulneraciones relacionadas con violencia basada en género, hostigamientos, retenciones arbitrarias, amenaza, entre otras. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de su visita, determinó fuertes recomendaciones al Gobierno de Duque para la garantía del Derecho a la protesta, además de resaltar su preocupación por la “persistencia estructural de la violencia” en el país.
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Duque le deja al país una institucionalidad democrática corroída y duramente golpeada. Los retos del próximo presidente deberán comenzar por una reconstrucción de la confianza ciudadana y una real apuesta por hacer realidad el Estado social de derecho. ¿Cómo será la relación del próximo mandatario con la justicia y los órganos de control? ¿Cuál será el camino para recomponer la implementación de los Acuerdos de manera eficiente y eficaz? Y ¿cómo será la respuesta del próximo presidente a una - segura - movilización ciudadana? Son preguntas que debemos analizar como sociedad en la agenda de la actual campaña política. Resquebrajar aún más nuestras bases democráticas nos pueden llevar al abismo.