Jueces a la medida

La Corte Suprema de Justicia tiene actualmente en sus manos uno de los casos que despierta mayor interés en el país, al haber citado a indagatoria al senador Álvaro Uribe.  Son varias las situaciones que rodean este asunto: i) los graves delitos que se pudieron haber cometido; ii) se trata de un líder político con miles de seguidores y detractores; iii) las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema son nuevas, se crearon por el Acto Legislativo 01 de 2018, mediante el cual se implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria de congresistas y otros altos funcionarios del Estado.

Dado que la Corte, al parecer por la conducta delictiva de algunos exmagistrados especialmente de la Sala Penal, ha estado salpicada por el lodo de la corrupción, el manejo y la decisión del mencionado caso constituye una oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos. Hay un gran revuelo porque se trata de la vinculación de un expresidente a una investigación penal, la independencia de la Corte está en juego, y aunque no es el único caso delicado y complejo que tiene en sus manos el alto tribunal, se espera un total apego al derecho, en un momento histórico donde la credibilidad en las instituciones se ha transformado en repulsión ciudadana.    

Algunos sectores de la sociedad ya han tomado partido a favor del senador Uribe y en contra de la Corte Suprema, bajo el prejuicio de considerar que los llamados de la justicia son persecuciones políticas o que esas citaciones resultan aceptables o inaceptables dependiendo del partido político o la condición política que ostentan los investigados. La indagatoria es un medio de defensa, permite que la persona rinda sus explicaciones frente a los hechos materia de investigación. La Corte está realizando su trabajo ceñida al debido proceso, garantizando el derecho de defensa y contradicción. La supremacía del imperio de la ley, característica del Estado de derecho cobija a gobernantes y a gobernados, sin que resulte admisible, como se diría en el sentir popular, que la ley o la justicia solo sea para los de ruana.

Ahora bien, las manifestaciones de respaldo, las convocatorias a marchas y protestas a favor de una determinada persona están amparadas constitucionalmente, esa es la democracia, el que se pueda disentir de las autoridades sin que haya lugar a la estigmatización por opciones o ideologías políticas o de partido, aún si hay “falsos hábitos” dentro de los manifestantes; no obstante, es necesario distinguir entre esas expresiones ciudadanas y el régimen legal que cobija a los servidores públicos, a quienes les está prohibido acosar a otras autoridades o afectar el funcionamiento de las demás ramas del poder público. La Constitución dispone que son deberes de la persona y el ciudadano, respetar y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas e igualmente colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.  

Por otro lado, es de público conocimiento que existe tensión entre la Corte Suprema y el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de que el magistrado instructor llamara a indagatoria al senador Uribe, dispusiera los testimonios de extraditados, ordenara pruebas y otras diligencias, lo que al parecer no fue de buen recibo por esas autoridades poniendo en entredicho la cooperación judicial.  Aquí hay un nuevo embate contra los jueces colombianos, basta recordar la negativa de enviar pruebas  a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso Santrich; o las presiones ejercidas por el embajador Kevin Whitaker en momentos en que se tramitaban las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y la cancelación de visas a dos magistrados de la Corte Constitucional y a uno de la Corte Suprema, ponente de la no extradición de un indígena. En todo esto parece que hay unos vasos comunicantes, entre la posición del Departamento de Justicia respecto a las solicitudes del magistrado de la Sala de Instrucción y la preservación a toda costa de las relaciones con EE.UU defendidas a como dé lugar por el presidente Duque, lo que se asemeja más una actitud de sumisión, de temor, que a la colaboración entre  autoridades de Estados soberanos.

La semana pasada se dio a conocer una propuesta del senador Rodrigo Lara de crear un régimen especial para expresidentes, como por ejemplo, extender retroactivamente el fuero para delitos relacionados con el conflicto armado, una especie de fuero ilimitado para conductas cometidas en el desempeño de la presidencia o en cualquier otro momento y, aunque el congresista dice que no está referido a nadie en particular, implicaría que el proceso del senador Uribe pasaría de la Corte Suprema a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En Colombia la justicia penal no ha llegado a los expresidentes y con esta propuesta sería prácticamente imposible juzgar o condenar a un mandatario; ello generaría impunidad y se afectaría a las víctimas ante la imposibilidad de contar con una acción que garantice el acceso efectivo a la administración de justicia, incurriendo en responsabilidad internacional ya que las autoamnistías están proscritas para los responsables de violaciones a los derechos humanos, así estos preceptos tengan respaldo de un referendo o un plebiscito.

Otras iniciativas han estado al orden del día, según la coyuntura de intereses y situaciones políticas; la creación de una súper Corte, que agrupe los seis máximos tribunales existentes, con la pretensión de unificar la jurisprudencia, tramitar las dos instancias al interior de ese tribunal, evitar la burocracia en las cortes, entre otros aspectos. Sin embargo, con lo anterior hay riesgos y peligros, como la eliminación de la Corte Constitucional, creadora de grandes avances en materia de derechos fundamentales,  preservadora de la supremacía e integridad de la Constitución y la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. No han faltado las iniciativas para suprimir la  JEP y en su reemplazo crear una sala especial de justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia; así como, la creación mediante acto legislativo  de una sala especial para juzgar a los militares en la JEP; dentro de lo absurdo, este tribunal ha tenido que soportar los ataques y obstáculos del propio Gobierno y de los miembros de los partidos que lo respaldan, porque es producto del Acuerdo Final de Paz.   En todo esto se advierte la perdida de la independencia judicial y la ruptura del equilibrio de poderes, el reforzamiento del poder ejecutivo, la concentración del poder, como muestra se contempla la designación de los magistrados por el presidente de la República.

Las intenciones de afectar a la justicia no son nuevas, en ocasiones se presentan como una forma de desafiar y de enfrentar a los jueces establecidos por la Constitución, para crear beneficios o excepciones a favor de ciertas personas o para atacar a otros si se consideran contradictores políticos. Las estrategias varían, desde las acciones mimetizadas como patrióticas y necesarias en defensa del orden jurídico, hasta algunas muy burdas, que no resistirían un mínimo examen de constitucionalidad, pero que se presentan “como para medirle el pulso a la opinión” o para congraciarse con el jefe o el partido que se encuentre de turno en el poder. Se requieren propuestas de reforma, serias, estructuradas, despojadas de intereses individuales, oportunismo político y retaliaciones; es esencial fortalecer la justicia y las instituciones que gozan de una importante tradición u origen democrático, de lo contrario, no se podrá lograr un adecuado funcionamiento de la justicia y se seguirá buscando jueces a la medida. Hay que rechazar de manera enfática la intromisión de gobiernos extranjeros en la justicia y en los asuntos internos del país. Los jueces y sus providencias merecen acatamiento y respeto, lo que no impide la interposición de los recursos legales si no se comparte las decisiones; todo esto hace recordar al mal litigante que solo considera bueno al juez cuando falla a su favor, o al mal perdedor que acusa a los demás de tramposos si no triunfa.