La agenda de la democracia vs la agenda del Gobierno y el Congreso

Avivados por el paro nacional y la movilización ciudadana, muchos sectores encuentran en el diálogo social una vía democrática que les permitirá, a los actores sociales y gubernamentales, llegar al reconocimiento, el respeto, el diálogo y, ojalá, a la concertación. Las agendas ciudadanas están claras. Las diversas agendas: pliego de emergencia del Comité Nacional del Paro, peticiones de la ciudadanía movilizada, expresadas, por ejemplo, en la Primera Línea de Aburrá, el Corredor Humanitario y Cultural de Ciudad Bolívar o la Unión de Resistencia de Cali, están atravesadas por demandas comunes: más democracia, más Estado Social de Derecho, más equidad y justicia. Nada subversivo, nada por fuera de la Constitución. Esta es la agenda que está en la calle.

En paralelo a esta expresión de la ciudadanía está la agenda legislativa del gobierno y el legislador. Al analizar se advierte que esta agenda es sorda a los clamores de la calle.

Y es que el Congreso, uno de los escenarios de deliberación por excelencia, se ha concentrado en el último año –algo propio de la temporada preelectoral– a privilegiar intereses particulares, los de sus organizaciones políticas y de los grupos de (su) interés. En estos momentos, en medio de una casi inexistente gobernabilidad, a quienes viven del cálculo político electoral poco les importan los intereses colectivos de la Nación. Por esta razón, justo en este exigente momento de confrontación de ideas y protestas, el gobierno y el Congreso, en el mejor de los casos, le han dado la espalda a la agenda que está en la calle. Pero, peor aun cuando la desconocen e incluso la descalifican.

Basta analizar la agenda legislativa, que acaba de terminar para corroborar lo planteado. Mientras la calle pedía más democracia, el Congreso aprobó una reforma a la justicia con algunos artículos, no polémicos sino lesivos a la naturaleza misma de esta rama del poder público. Suavizando, por ejemplo, los requisitos para ser procurador, fiscal, registrador y defensor del pueblo. A su vez, aprobó la reforma a la Procuraduría General de la Nación, otorgándole nuevos poderes – claramente inconstitucionales - que le da la posibilidad de suprimir derechos políticos a los funcionarios de elección popular. Claramente, arreglos leoninos que lesionan aún más el equilibrio de poderes.

De otro lado, a una ley con la que el Congreso podría mostrar otra cara, la del etiquetado de la “comida chatarra”, el gobierno le hizo la “jugadita” a través de la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud, en la cual, el “mejor ministro del gabinete”, además de cambiar los códigos internacionales de etiquetado de alimentos, resolvió que a la par que se informe sobre los componentes lesivos para la salud, se destaque la información nutricional de los productos.

Finalmente, en medio de la ley de aprobación a la sobretasa a la gasolina, dando cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional que señaló que se debía cambiar al responsable del cálculo de dicho impuesto (y que de no ser aprobada lesionaría los intereses de los municipios), un senador aprovechó su mandato para hacer de la función legislativa un acto de venganza: “Yo no me voy a prestar para que con un tributo que se crea en el Congreso, se beneficien el alcalde de Cali y la de Bogotá y después traten a los congresistas como si fuéramos unos sinvergüenzas” (Wadith Manzur, senador conservador).

Esta historia la completan los proyectos de ley que no se aprobaron. Mientras la ciudadanía en la calle pide Estado Social de Derecho, el Congreso no aprobó el proyecto de ley, presentado por partidos de oposición, relacionado con el derecho a la educación superior a través del proyecto de matrícula cero. Argumentaron los representantes del partido de gobierno que adolecía de bases para financiarlo. No obstante, a renglón seguido el gobierno presentó su programa de matrícula cero. Tampoco se aprobó la ley para ratificar el Acuerdo de Escazú que contribuye a garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, con un énfasis en la protección de los defensores de los derechos ambientales.

Lo más paradójico: en este compromiso estaba empeñada la palabra del gobierno, en cabeza del presidente Duque, de ratificar el Acuerdo de Escazú. En importantes foros internacionales el presidente se tomó la foto, quedó registrado el video pero la ley no se aprobó. Tampoco se aprobó la ley para sacar adelante la jurisdicción agraria, un compromiso del Estado pactado en el Acuerdo Final, y que se centra en luchar contra el grave problema de la desigualdad en el acceso a la tierra, una de las principales causas del conflicto social y armado en Colombia, y que encontraría en la jurisdicción rural un espacio especializado en acciones administrativas favorables a esta tarea.

Desde la primera semana de las movilizaciones fue evidente que las voces de los congresistas y los líderes de los partidos políticos estaban ausentes. Vociferantes en épocas electorales, la mayor parte del tiempo fueron observadores mudos e indiferentes. Nunca había causado tanto ruido el silencio de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Nunca había causado tanto desconcierto la narrativa desatinada del Gobierno. Se hicieron evidentes la falta de empatía y la desconexión de la clase dirigente y la pobre representación política que ostentan. A duras penas se enteraban de los problemas y las injusticias que en silencio han padecido desde hace décadas millones de colombianos y que han salido a relucir de manera más que evidente y dramática a causa de la pandemia.

Hoy, en Colombia, la agenda de la democracia, la equidad y la justicia está en la calle y aunque tercamente algunas decisiones se sigan tomando en instancias gubernamentales y legislativas, la ciudadanía ha hablado con fuerza y lo seguirá haciendo. Siguen en los distritos y municipios la formulación de pliegos de petición, las agendas de desarrollo y las propuestas. Continúan las mesas de trabajo, las asambleas populares y los encuentros. Se seguirá buscando el diálogo. Se seguirá buscando la concertación. Se seguirá buscando la justicia social. Uno de estos caminos, que se están visualizando, es la participación amplia, consciente e informada de la ciudadanía, en las próximas elecciones nacionales de 2022.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).