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Mientras muchas comunidades se sienten acorraladas por la violencia, las autoridades celebran mejoras en las cifras de seguridad. Estas estadísticas oficiales suelen limitarse a delitos como homicidios, hurtos, amenazas, masacres y secuestros. Sin embargo, otras prácticas, como la desaparición forzada, quedan por fuera de los conteos para hablar de seguridad, pese a que ocurren en distintas regiones. En este contexto, son las familias y las organizaciones quienes se ven obligadas a llevar su propio registro, con el fin de visibilizar ante las autoridades la gravedad de la situación.
La violencia que ejercen los grupos armados se ha transformado, pero las violaciones a los derechos humanos siguen siendo masivas. La reducción de los homicidios no indica necesariamente una disminución de la violencia que enfrenta la ciudadanía, pues esta toma otras formas que son funcionales a los intereses de los actores armados, por ejemplo, para aumentar el control territorial y expandir las rentas criminales. Por eso, a pesar de que no está presente en las cifras oficiales de seguridad, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, cada día y medio una persona desaparece en el contexto de los conflictos armados y la violencia en Colombia. En consecuencia, la desaparición forzada puede ser un indicativo de otro tipo de violencia que están ejerciendo los actores armados que se mezcla con control poblacional, reclutamiento forzado u otras conductas dentro de su repertorio de acción criminal.
Las nuevas formas en que operan los grupos criminales ha llevado a un resurgimiento de las desapariciones en distintas zonas del país con alta presencia de esas agrupaciones. La Fundación Conflict Responses advirtió que, aunque en Buenaventura se registró una reducción de homicidios en junio de 2024, existen denuncias serias de que la desaparición forzada ha aumentado como una forma de manipular las cifras de seguridad. En Cartago, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, principalmente de mujeres buscadoras de desaparecidos, alertan que las desapariciones son cada vez más frecuentes; han sumado más de 25 en el último año.
No en vano Naciones Unidas ha expresado su particular preocupación por las desapariciones de personas, ha señalado que las denuncias indican que estas no solo buscan esconder otros crímenes, sino también someter a las poblaciones. En un sentido similar, la Defensoría del Pueblo en diversas alertas tempranas de este año ha identificado la confluencia de desapariciones forzadas con otras conductas como reclutamiento de menores, extorsiones, hostigamientos y amenazas en departamentos como Nariño, Quindío, Bolívar, entre otros.
La dificultad de capturar información sobre las desapariciones e incluirlas en las cifras para medir la inseguridad hace que esté incompleta la foto sobre el actuar criminal de las organizaciones en distintas regiones del país. Entender por qué los actores armados no solamente asesinan, sino que desaparecen los cuerpos es crucial para comprender las motivaciones y cómo estas se relacionan con otras prácticas criminales.
La falta de mejor información sobre las desapariciones tampoco permiten darle una respuesta institucional a los familiares quienes, ante la falta de acciones se ven forzados a documentar los casos por su cuenta, enfrentándose a amenazas y a riesgos de seguridad por desafiar a los grupos armados. Contar con información dentro de las cifras de seguridad permite pensar en acciones de prevención y disuasión, a la vez que facilita identificar a las víctimas y sus familiares para poder brindar la atención necesaria, en lugar de dejar a las desapariciones en el olvido y perpetuar la sensación de abandono que sufren quienes enfrentan la violencia.