La Fundación Foro Nacional por Colombia continuando con su interés y preocupación por analizar la Educación Superior en el Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, resalta que una idea fuerza y, a la vez potente, es su enfoque en perspectiva del Desarrollo Humano. Bajo este enfoque se vinculan diferentes cambios y la búsqueda de logros estructurales que beneficiarán a comunidades históricamente excluidas en dimensiones esenciales como la salud; el cuidado y la autonomía de las personas, el acceso a educación, - pensada en las diferentes modalidades definidas por el marco normativo definido por el Estado colombiano; seguridad y autonomía económica, esta última articulada a estrategias de reconversión laboral e inclusión productiva.
Reconociendo la relevancia y lo novedoso de este enfoque, no podemos dejar de lado el alcance y las limitaciones de la “Nueva Política de Educación Superior”. Recordemos que su propósito principal, en términos cuantitativos, es ampliar la cobertura, en los 4 años, en 500,000 cupos en la educación superior en su conjunto (profesional, técnica y tecnológica). En concordancia con esa ambiciosa meta, se pretende aumentar la inversión en infraestructura en nuevas instituciones o en parte de las existentes, desde la educación básica hasta la superior. Por otra parte, se está discutiendo la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30, para ampliar la financiación de la educación superior pública. No olvidemos que esta es una demanda del movimiento universitario que data desde hace más de 12 años.
En principio podría señalarse que se trata de objetivos importantes, no obstante, queremos plantear algunos puntos en clave propositiva. El primero: los temas de acceso a la educación superior, no se resuelven sólo con la disponibilidad de cupos. En efecto, esto implica responder preguntas diversas en términos de ubicación geográfica de los cupos, para romper la tradicional concentración y las desigualdades en el acceso, por regiones y también por estratos de la población. En este sentido, deberían profundizarse las políticas de regionalización de la educación superior, a partir de la existencia de experiencias y modelos relativamente exitosos de diferentes universidades públicas, así como, privadas.
En cambio, consideramos que deben mirarse y estudiarse con cuidado propuestas que apunten hacía la creación de nuevas instituciones de educación superior. Recordemos que sus requerimientos, tiempos de creación y puesta en marcha las hacen propuestas nada fáciles de cumplir, así como de mucha lentitud para dar respuestas efectivas a las necesidades urgentes que exige actualmente la educación superior.
Como segundo punto, consideramos válido para las Instituciones de Educación Superior una efectiva diversificación de sus programas académicos. Como ya se ha visto, se está presentando una saturación de titulaciones en ciertas áreas y profesiones. No olvidemos que hace unas semanas se informó del posible cierre de carreras en universidades públicas y privadas por el bajo interés y la disminución sustancial en las inscripciones de posibles nuevos estudiantes.
Pero, además la oferta educativa no se está transformando al ritmo de los cambios, no sólo del mercado laboral, sino de las expectativas de los y las jóvenes. Por tal razón, es imperativo una estrategia de diversificación y de innovación en la oferta y en las modalidades educativas postsecundarias. Esto, además porque una proporción cada vez mayor de jóvenes quieren y necesitan articular estudios con opciones de trabajo y, por lo tanto, de generación de ingresos para poder sufragar sus gastos más esenciales.
Como tercer punto, es relevante el ofrecimiento de cupos en términos de equidad, especialmente focalizados a grupos y áreas territoriales que, por diversas condiciones históricas , han encontrado limitaciones estructurales para acceder y permanecer. De todas formas, hay asuntos de fondo que la política de cupos no resuelve, como la calidad en la formación en la educación básica y media, no solo en las regiones consideradas de periferia, incluso en las ciudades capitales es una variable preocupante que profundiza la baja calidad educativa.
Además, se considera como una educación desigual, para muchos de baja calidad, que ni engancha, ni motiva a muchos jóvenes. Esto se traduce en bajas tasas de escolaridad neta en la educación media, a nivel nacional y bajas expectativas sobre los proyectos formativos postsecundarios. Se trata de un asunto discutido ya hace varias décadas. Recordemos que el primer Informe de Sabios de hace 30 años, llamo la atención sobre la relación entre cobertura, calidad y pertinencia. Además, se relaciona con la desconexión entre las instituciones formadoras con sus entornos, que también implica temas como la formación de maestros y maestras.
Estos asuntos son muy importantes y, a propósito, el Gobierno del cambio, debe poner en discusión, para hacer efectivo un cambio en la educación, en particular con organizaciones como la FECODE, en relación con la renovación de la educación pública. También, tiene relevancia las limitaciones de las dinámicas de desarrollo territorial, para atraer y generar expectativas y oportunidades a las nuevas generaciones, incluyendo mayor conexión entre el mundo del trabajo y la educación. Tampoco podemos dejar de mencionar el impacto demoledor que tiene la violencia y el control de los actores armados en términos de desarrollo humano en muchos territorios y, por lo tanto, sobre los entornos escolares y formativos.
Como cuarto y último punto, consideramos prioritario revisar el modelo de gestión de la educación superior. Su inflexibilidad, como ya se ha señalado, no se está moviendo a la velocidad de las transformaciones, económicas, culturales y tecnológicas que requiere el país. Necesitamos de un modelo de gestión que haga viable la ampliación y diversificación del acceso, la permanencia y una mayor conexión entre educación media y superior, Esto incluye desde la oferta de programas nuevos, la extensión de otros y la obtención de registros calificados, incluso para las universidades acreditadas, tanto públicas, como privadas y la articulación y diversificación de rutas de acceso, permanencia y egreso. Se trata de procesos lentos y poco innovadores que, al buscar dar respuestas a las exigencias de la OCDE, basados en un exceso de instrumentalización burocrática, en definitiva no han evitado que se sigan ofreciendo programas de baja calidad en muchas regiones y hasta en las ciudades capitales.
Este tipo de situaciones demanda un cambio institucional, en las reglas y procedimientos. Por ejemplo, se conoce que el número de programas represados en el Ministerio de Educación Superior, para noviembre del año 2022, el Observatorio de la Universidad Colombiana, informó de una cifra que sobrepasaba los 3.000 registros calificados en espera de su aprobación, con estimativos de tiempos que pueden representar dos y más años. Superar este tipo de dificultades y barreras estructurales implica hacer realidad, en el corto plazo, el artículo 122 del Plan Nacional de Petro. Este artículo básicamente propone la participación activa de los diferentes actores que hacen parte del sistema de educación superior para pensar en una reforma integral de la Ley 30 de 1992 con el fin de “garantizar la educación superior como un derecho.
En consecuencia, la perspectiva loable de cupos y de desarrollo humano desde la educación, demanda una política y liderazgo público que produzca una movilización social e institucional, para dinamizar el sistema educativo en todos los niveles y sobre todo lograr que este atraiga y enganche a los centenares de miles de jóvenes, que hoy por diversas razones, no lo encuentran de interés o no los atrae o incluso hasta los repele.
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