La espiral del despojo en Colombia

Tanto académicos especializados como opinadores han establecido que el problema de la tierra es fundamental para resolver el conflicto armado que se viene presentando en el país desde los años 50. Sin embargo, me parece apropiado y necesario que en este periodo de post acuerdo (2016), hagamos un balance de experiencias pasadas.

Algunos plantean que la historia es fundamental para la construcción de memoria y las reivindicaciones de las víctimas. Estoy de acuerdo, pero más allá de eso, experiencias pasadas nos aclaran de los repertorios de acción institucionales y de los actores. Analizarlos puede dar luces sobre lo que no se debe hacer o por qué se sigue perpetuando un conflicto si bien contamos con un aparato institucional que debería dirimir los conflictos de la tierra.

En esta columna me referiré al caso de La Pola, Chibolo (Magdalena); puesto que presenta muchas de las cosas que, considero, siguen pasando hoy día: desplazamiento forzado, despojo por parte de actores armados, organización y lucha campesina, retorno después de Justicia y Paz, lucha por la recuperación de los títulos de la tierra, ocupación de terceros, etc.

En artículo de Verdad Abierta (Las dos caras de la restitución en Chibolo | VerdadAbierta.com) se relatan los procesos de victimización y revictimización a los que han sido sometidos los habitantes de este municipio. La lucha por la tierra por parte de los campesinos de la región se hizo visible en la década de los 80, cuando campesinos afiliados de la Anuc recurrieron al repertorio de invasión para hacer productivas tierras y tomarlas por ser tierras “sin dueño”.

En este contexto, los campesinos bajo la nombrada organización lograron avances importantes puesto que la tierra finalmente se vendió a la desaparecida Incora, quien las adjudico a los campesinos. Sin embargo, en 1997 llegaron los paramilitares encabezados por Jorge 40, quién despojó a los campesinos. Tanto en declaraciones a Justicia y Paz como en las versiones que dieron los campesinos, se relatan las acciones del Bloque Norte, el cuál utilizó varias de estas fincas como centro de operaciones principalmente por su ubicación estratégica (ver Archivo del CNMH y (100) La Pola: rostros de una lucha campesina - YouTube).

Después del proceso de Justicia y Paz, los campesinos, amparados por la ley de víctimas, iniciaron su retorno para encontrase con un panorama más que problemático. El documento realizado por la ASOCAMDESPO (Asociación de Campesinos desplazados de La Pola), establece que después de la movilización de las AUC, ex paramilitares empezaron a ocupar las tierras, en conjunción con desmovilizados, familiares y campesinos. Uno de los objetivos de estos ocupantes fue el de evitar que campesinos anteriormente despojados recuperaran sus tierras de origen.

Ante esta situación los campesinos recurrieron a la toma de la tierra y esto fue denunciado por los ocupantes, realizando denuncias sobre los lideres de la organización social y amenazando sus vidas. En este recuento que se hace, se referencian los hechos ocurridos en las veredas La Pola, La Palizua, Lote El Encanto y la Vereda Parapeto. Se hace además la alusión a que existieron otras tierras objeto de desplazamiento forzado pero los afectados no se atrevieron a reclamar por miedo puesto que posterior al proceso de paz la zona quedo ocupada por las Águilas Negras que siguen manteniendo un régimen de terror sobre la población.

En este sentido hay que resaltar que no existieron, y aún no existen, condiciones de seguridad para la población desplazada, y que las amenazas y presiones de desmovilizados para impedir el retorno fueron fundamentales para el incumplimiento de la ley de víctimas, pues dificultó el retorno y su derecho como reclamantes de las tierras que buscaban recuperar.

A pesar de este contexto, ha habido sentencias dictadas por los jueces en 2013 y 2017, en las cuales se reivindica el derecho de reclamo de las víctimas y confirma que las tierras les pertenecen. Estas reivindicaciones importantes se lograron gracias a la organización social de los campesinos, así como la capacidad que tuvieron para llamar la atención sobre la situación a ONG y grupos de presión internacionales que acompañaron los procesos jurídicos, así como la Corporación Jurídica Yira Castro, la cual ha realizado varios e importantes reportes sobre la situación de La Pola.

Pero después del retorno, las disputas y las decisiones judiciales la población sigue sin contar con las condiciones necesarias para gozar de la tierra, en este caso con condiciones estructurales de la política de tierras. En informe realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, realizado en 2014, el panorama que se presentaba era desolador. Para 2014 solo habían retornado un 66,1% de los habitantes.

Así se habla de un retorno a medias debido a que las condiciones sociales y económicas de la región no existían las condiciones mínimas para que los núcleos familiares pudieran rehacer sus vidas. Dentro de estas condiciones se encuentran la vivienda insuficiente y la sobrepoblación de estas, el acceso restringido al agua, a los servicios de salud y de educación, sin contar con la carencia de proyectos productivos apoyados por el estado que apoyen a que las familias puedan sacar provecho económico de la tierra.

La historia de La Pola se repite a lo largo y ancho del territorio colombiano, las instituciones han manejado más a menos la importancia de garantizar el retorno de sus ocupantes a las tierras despojadas, sin embargo, no se han garantizado condiciones sociales, políticas y económicas para que esta población pueda vivir en sus lugares de origen. Así las cosas ¿que nos garantiza que no se den nuevamente sucesivos despojos?