La estigmatización y el desprestigio político

No basta con ser testigos del aumento de las amenazas, el desplazamiento forzado y la muerte de firmantes del Acuerdo de Paz, que hoy alcanza la dolorosa cifra de 390 vidas cegadas, muchas de responsabilidad de las llamadas disidencias; sino que ahora el discurso de odio y estigmatización se pone al orden del día para legitimar el desprestigio político de quienes le siguen apostando a la Paz. Lamentablemente algunas opiniones periodísticas se han sumado a ese oscuro propósito de vender la imagen de incumplimiento o regreso a actividades fuera de los compromisos alcanzados en el Acuerdo. El turno esta vez es para Rodrigo Londoño, el comandante de las extintas FARC-EP que firmó la Paz, y que en las últimas semanas ha sido objeto de todo tipo de epítetos por parte de algunos medios que se dedicaron a reutilizar noticias y presentar investigaciones sobre acciones propias del conflicto armado finalizado en 2016.

Así parezca obvio, hay que recordarle a la opinión que fue precisamente conocer las verdades de la guerra y beneficiar las conductas propias de la rebelión armada lo que impulso a que el Estado colombiano y los insurgentes le dieran vida la Jurisdicción Especial de Paz, y es que si Londoño o cualquier integrante de la organización estuvo inmerso en alguna conducta en el marco de la confrontación antes de la firma del Acuerdo o en la culminación del proceso de dejación de armas, serán competencia de la JEP. En el caso que el delito no fuera amnistiable es la misma jurisdicción la que deberá definir su sanción, ejemplo de ello fue el objetivo la semana pasada en la audiencia de observaciones por parte de las víctimas del Macro 01, secuestro, ante el reconocimiento realizado por el antiguo secretariado.

Allí llamó la atención, y lo que cualquiera esperaría fuera noticia nacional, los resultados en materia de esclarecimiento y materialización del derecho a la verdad: a la fecha han trabajado 323 comparecientes, sin contar con las más de 200 personas que aportaron verdad ante la Comisión de Esclarecimiento (CEV), todo esto condensado en 65 versiones voluntarias y 13 diligencias de versiones voluntarias colectivas, participación que hoy ha contribuido a esclarecer 526 casos que ejemplifican los patrones objeto de investigación por parte de la JEP, con la salvedad que la jurisdicción no es un sistema caso a caso, a esto se deben sumar las casi 200 acciones restaurativas que han sido desarrolladas por la población firmante. La conclusión es clara, más de 9000 firmantes sometidos voluntariamente a la JEP han dado muestra de su compromiso ético y político con el país.

Lamentablemente el ambiente que pretenden generar lo hacen, incluso, pasando por encima de la responsabilidad social y el mandato de la Corte Constitucional y la misma JEP en materia de prohibición de estigmatización contra firmantes del Acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de atacar y acabar física y políticamente con el eslabón más débil y aquel que está haciendo la tarea? en este momento la población firmante tiene que soportar el incumplimiento integral del Acuerdo, el asesinato -algunos a cargo de sus antiguos compañeros de armas- y los ataques de los enemigos de la Paz que aun buscan, en la extinta organización insurgente, un pretexto para tapar escándalos mayores como el de Odebrecht.

Por esa razón, tiene toda validez que si queremos transitar a ese anhelo de la Paz total, el llamado de todos los sectores de la sociedad y, en especial del gobierno nacional, debe estar dirigido en primer lugar a la legitimación e implementación del Acuerdo, seguido del respeto y las garantías para quienes firmaron y hoy siguen comprometidos con que las próximas generaciones conozcan la verdad de lo ocurrido y se garantice la no repetición de la guerra y por supuesto, la escucha de las voces de todos.