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Por:Juan Carlos Garzón* y Angela Silva**
Esta semana se cumple un año de la expedición de la Directiva 037 del Ministerio de Defensa, que le dio facultades a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para actuar contra las estructuras de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. Esto quiere decir, que la Fuerza Pública lleva operando un año bajo las normas de la guerra cuando se trata de enfrentar a las disidencias.
La Directiva señala que las disidencias, por sus capacidades militares y territoriales, así como por el alto nivel de capacidad de atentar contra la población civil, representan una amenaza que se debe enfrentar con el poder militar del Estado. Esto incluye bombardear a los que ahora se denominan “Objetivo de Alto Valor Estratégico”, como es el caso de alias “Guacho”, cabeza de una facción armada ilegal que opera en Nariño.
¿Cuál es el efecto real de la Directiva para contener estos grupos ilegales y hacer que desistan de sus acciones armadas?
Hasta el 30 de septiembre, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) había registrado cinco bombardeos contra las disidencias del frente 1 en Guaviare, frente 7 en Putumayo, frente 10 en Arauca y el más reciente contra el frente 36 en Antioquia. Aún así, estos grupos siguen activos y en algunos casos se están expandiendo.
Las disidencias (ver gráfico) mantienen su capacidad ofensiva frente a la Fuerza Pública. A tres meses de terminar el 2018, este año ya superó en 7% el número de acciones registradas por la FIP en 2017.
Las acciones más frecuentes han sido los hostigamientos (20) y emboscadas a la Fuerza Pública (8), los enfrentamientos con otros grupos armados (10), los bloqueos de vías (5), ataques a la infraestructura energética (4) y quemas de vehículo (3), entre otros. El 80% de estos eventos se han concentrado en cinco departamentos: Nariño (23%), Cauca (15%), Guaviare (14%), Caquetá (11%), Meta (10%) y Antioquia (10%).
Las disidencias también han tenido un notable impacto humanitario, deteriorando las condiciones de seguridad en varios territorios. Se destaca el desplazamiento forzado (13 eventos masivos), el reclutamiento forzado, incidentes con explosivos (con por lo menos diez víctimas), así como el secuestro de nueve personas. Las comunidades además han denunciado el aumento de la extorsión.
En cuanto a su tamaño, en marzo de 2018, el Ministerio de Defensa estimó que el número de integrantes de las disidencias llegaba a 1.100. Sin embargo, el más reciente informe de Inteligencia Militar revelado por los medios de comunicación, asegura que estos grupos contarían actualmente con cerca de 3.000 miembros que operan en diez departamentos, lo que equivale a un crecimiento del 172% en siete meses.
¿Si ha servido homologar a los grupos disidentes bajo una misma denominación y darle atribuciones a la Fuerza Pública para enfrentearlos?
Categorizar a estos grupos como una amenaza significativa para la seguridad, ha permitido priorizar y focalizar los esfuerzos del Estado, pero ha ignorado la complejidad del fenómeno. Es un error responder a las disidencias como un grupo homogéneo de facciones, desconociendo sus distintas trayectorias y motivaciones, así como sus capacidades diferenciadas.
Las investigaciones realizadas por la FIP en las zonas de influencia de las disidencias, nos ha permitido observar que si bien hay articulación e interacción entre algunas estructuras disidentes, estamos lejos de hablar de una reunificación. De hecho, en departamentos como Nariño y Putumayo estas facciones se encuentran en disputa. De otro lado, es importante resaltar que no todos los miembros de las disidencias son excombatienes de las FARC. Estas estructuras también han crecido con el reclutamiento de nuevos miembros. Además, su operación no solo se da en zonas rurales, sino también en centros urbanos, lo cual exige otro tipo de acciones por parte de la Fuerza Pública.
En cuanto a la respuesta del Estado, buena parte de las acciones han sido reactivas, no preventivas o disuasivas. Un buen ejemplo es lo que sucedió recientemente a raíz del homicidio de tres geólogos de la empresa Continental Gold en el corregimiento de Ochalí en Yarumal (Antioquia): se intensificaron los operativos contra la disidencia del frente 36 de las FARC.
Sin embargo, desde hace más de un año, las autoridades tenían conocimiento sobre la influencia de esta facción en la zona, al mando de alias “Cabuyo”; hubo información temprana sobre su formación y crecimiento, así como del deterioro de la seguridad de Briceño (Antioquia), su zona de operaciones. No obstante, fue solo hasta que este grupo tomó notoriedad que la Fuerza Pública desarrolló acciones ofensivas significativas en su contra.
Las múltiples operaciones realizadas por la Fuerza Pública contra las disidencias, la cuales han tomado mayor visibilidad desde el inicio del gobierno de Iván Duque, carecen de profundidad en la medida en que no logran consolidar la presencia permanente del Estado en los territorios donde hacen presencia. Son intervenciones de entrada y salida que carecen de una estrategia de estabilización. La captura y muerte de los líderes más visibles de estos grupos tiene un impacto temporal y con frecuencia lo que generan son disputas internas con efectos negativos para las poblaciones.
Las intervenciones de la Fuerza Pública deben diseñarse y desplegarse teniendo en cuenta las características de cada territorio y sus efectos colaterales —especialmente el impacto humanitario—, distinguiendo las características propias de cada organización armada incluyendo la autoridad y legitimidad que tienen, así como la manera en que regulan el territorio sacando ventaja de la fragilidad institucional.
Reconocer el control político y social de las disidencias es clave para poder dar una respuesta efectiva. Planes como “el que la hace la paga” terminan siendo cortinas de humo que esconden la ausencia de una verdadera estrategia para restaurar la seguridad y sentar las bases para la construcción y fortalecimiento de las instituciones del Estado.
*Juan Carlos Garzón es director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz
**Angela Silva es investigadora de la FIP