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La extorsión en Colombia sigue siendo una fuente importante para el crimen organizado, moviendo las economías ilícitas del país. A pesar de graves problemas de sub-reporte sobre este delito, según la Defensoría del Pueblo las extorsiones han crecido en un 20.5% durante los últimos cuatro años, Este delito, que no solo se ha consolidado como un mecanismo de control territorial para actores al margen de la ley, sino también como un negocio sumamente lucrativo, plantea un desafío urgente para la seguridad y estabilidad del país.
Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Atlántico se encuentran entre los más afectados por este delito. Además, la extorsión ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas tecnologías e implementando nuevas prácticas como la extorsión telefónica, que permite a los criminales del país recaudar recursos desde las cárceles.
Detrás de este preocupante panorama, su verdadera magnitud y alcance siguen siendo difíciles de determinar. La reticencia de las víctimas a denunciar, motivada por el temor a las represalias o la vergüenza de admitir haber cedido ante la extorsión, oculta la verdadera dimensión del problema. Además, se trata de un fenómeno poco investigado en las pequeñas ciudades del país, y aún menos en los departamentos más alejados.
Pensando en esto, desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, realizamos una encuesta en junio del 2023 que arrojó luz sobre la situación en Quibdó, el capital del departamento de Chocó. En esta encuesta participaron 280 pequeños negocios en las seis comunas de la ciudad y se indagó sobre percepción de inseguridad, medidas de prevención ante ella, solicitud y efectividad de pagos, y la percepción de actores sociales relevantes para resolver problemas sociales en sus barrios.
Los resultados de la encuesta son reveladores: el 14% de los pequeños negocios encuestados reportaron haber sido víctimas de intentos de extorsión en el último año, con una frecuencia promedio de seis intentos. Aún más inquietante es el hecho de que el 19% de estos negocios optaron por no responder a esta pregunta, lo cual sugiere la existencia de un fenómeno más amplio. Los intentos de extorsión reportados tienen un valor de un poco más de quince mil pesos diarios en promedio, se realizan en persona, ya sea por notas y a través de llamadas telefónicas. Además, el 10% de los negocios admitió haber pagado efectivamente al menos una extorsión y el 24% prefirió no responder a esta pregunta.
A pesar de que los dueños y administradores de estos negocios han tomado medidas de seguridad para protegerse--como evitar dejar el negocio solo de noche (44%), evitar salir solo/a de noche (43%), cerrar el negocio más temprano (40%), y dotar el negocio de cámaras de seguridad, alarmas o rejas (30%)---la extorsión persiste. Para hacer frente a estas prácticas, el 14% de negocios reporta aumentar, en promedio, sus precios en 11.7% para compensar por los pagos que han tenido que realizar.
La preocupación entre los comerciantes es palpable, con el 47% manifestando estar ‘muy preocupado’ de ser víctima de este delito en el próximo mes. Esta inquietud se ve exacerbada por la mala percepción y falta de confianza en las instituciones gubernamentales y en los actores sociales locales. De igual forma, es muy poco probable que las personas acudan a las autoridades cuando hay problemas en el barrio. Por ejemplo, el 47% de los encuestados declaró que no es nada probable que contacte a la alcaldía, el 42% que no es nada probable que contacte a la Iglesia, el 34% que no es nada probable que contacte a los líderes del barrio y el 34% que no es nada probable que contacte a la Policía.
En esta misma línea de ideas, la encuesta reveló también que el 42% de los encuestados no confían nada en que el sistema judicial haga justicia con los criminales, con la policía siendo calificados de igual manera por el 41%, los líderes del barrio por el 35%, la iglesia por el 34% y “los muchachos del barrio”, considerados los menos confiables, por el 64%. Asimismo, el 42% considera que el Estado no es nada justo al solucionar los problemas del barrio.
Los niveles de desconfianza observados podrían estar estrechamente ligados a la percepción de la prontitud de respuesta de las instituciones y personas ante problemas de convivencia en los barrios. Efectivamente, se encontró que el 50% considera que la policía responde de manera lenta, mientras que un 22% opina lo mismo sobre la alcaldía. Sorprendentemente, los líderes del barrio emergen como los actores con tiempos de respuesta más aceptables, con un 31% calificando su actuación como ‘normal’. Sin embargo, esta eficacia no se traduce en una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad, tanto en la lucha contra la extorsión como en la creación de una red de apoyo comunitaria sólida.
La prevalencia de la extorsión en Quibdó es solo un síntoma de un problema más amplio: la incapacidad de las instituciones para prevenir y combatir el crimen. El desamparo estatal es manifiesto y notorio en la desconfianza de la comunidad en instituciones como la Policía Nacional. Por otro lado, la gobernanza civil, que con frecuencia se imparte en zonas de vacíos institucionales de poder a través de líderes sociales, o la Iglesia, que también le causa desconfianza a la población. Sin un buen diagnóstico del problema, el Estado colombiano difícilmente tendrá la capacidad de atacar esta actividad delictiva que alimenta el crimen organizado y siembra temor en la población de comerciantes del país