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La JEP ha prohibido a la actual dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica que modifique la exposición “Voces para transformar a Colombia”, diseñada para ser el contenido principal del Museo de la Memoria de Colombia. Una decisión sin precedentes en el mundo donde han existido varios casos de cancelación esta clase de proyectos, pero no intentos de manipulación que sean prohibidos por tribunales creados como parte de una misma estrategia de transición a la paz.
Tal vez no se ha dimensionado suficientemente esta cuestión. El Museo ordenado por la Ley de Víctimas tendrá un tamaño de 14.139 metros cuadrados y un costo inicial estimado en 64 mil millones de pesos, sin contar con los sobrecostos que suelen aparecer en las obras de infraestructura. A futuro será el referente nacional más importante del país para conocer la historia reciente que la mayoría de la población no leerá en los escritos que le cuestionen.
Un Museo como el Museo de la Memoria de Colombia no es un Centro, como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Un Museo implica una obra monumental con una exposición permanente que ha de ser respetada como lo ha exigido la JEP porque existe tal peso en esa exposición, en su forma y contenido, que el Estado la reconoce como parte de la memoria pública con vocación de permanencia, atravesando los períodos de gobierno y las diferencias políticas. Un Centro, asumiendo que la memoria es un campo de disputas y diferencias, está hecho para convocar al diálogo y la discusión democrática, brindando condiciones para las acciones ciudadanas y de las víctimas por la paz, con instrumentos que siempre son temporales.
Y sí, la exposición “Voces para transformar a Colombia” tiene todos los méritos para ser el contenido del Museo. Es producto del esfuerzo más grande y más largo que se ha hecho con recursos públicos para elaborar comprensiones sobre casos emblemáticos del conflicto armado, con la legitimidad de haber sido creada por mandato de la Ley y de haber recibido suficientes evaluaciones favorables, incluyendo las de las víctimas. Además, se construyó de un modo participativo riguroso. Aunque se le considere inacabada, es inadmisible que se le haya querido recortar desde la censura como ha pretendido la actual dirección del CNMH.
No obstante, está claro también que, más allá de la orden de la JEP, no puede considerarse resuelto el problema que de un instrumento de ese tamaño e importancia seguirá siendo visto por algunos como un aparato ideológico a colonizar a su favor y en contra de esos cambios que conforman la decisión de superar la tragedia de la guerra. Este carácter ya ha sido claramente identificado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que es la única red de espacios de memoria en el mundo con más de 275 afiliados en 65 países y que mantiene expulsado al CNMH que sigue elaborando los contenidos del futuro Museo.
Una cuestión fundamental, entre otras, es que la construcción del Museo de Memoria de Colombia no debe seguir avanzando sin que se asegure que también esos lugares, Centros y Museos que existen en todo el país, en Tumaco, el Carmen de Bolívar o Granada, Antioquia, tendrán recursos de funcionamiento y fortalecimiento con pleno respeto de su autonomía, lo que podría lograrse con un fondo específico nacional. Las subvenciones a estos lugares no pueden depender sólo de la voluntad de los entes territoriales, ni mucho menos de la cooperación internacional.
La conclusión a partir de la decisión de la JEP no debe ser sólo que la mencionada exposición se deje como está, sino que se comprenda que el país, la construcción del Museo tiene que ser equilibrada con distribución de recursos que favorezcan la pluralidad democrática. Sin esta garantía y otras medidas que están por discutirse, seguirá existiendo el riesgo de que al menos algunas voces para transformar a Colombia sean censuradas.