La llegada del “gobierno del cambio” se proyectaba como una luz de esperanza tras la negación del Gobierno Duque sobre la situación de los líderes sociales y su resistencia a implementar el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Pero después de casi un año, la violencia contra los líderes sociales no muestra mejoría. Los últimos reportes han señalado que en lo que va corrido del 2023 han sido asesinados más de 68 hombres y mujeres que defienden derechos en sus comunidades. Ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni la Corte Constitucional le han hecho frente a unos de los problemas más graves en DDHH que enfrenta el país.
Asegurar que los líderes sociales se movilicen y aseguren participación democrática en los territorios, es una apuesta real de paz. Por eso, organizaciones de derechos humanos y líderes sociales presentamos la tutela el #ElDerechoADefenderDerechos, que esta siendo estudiada por la Corte Constitucional y que ante la actual situación de violencia necesita ser resuelta prontamente. Desde que esta institución tiene este caso, han muerto más de 536 líderes sociales (199 en 2020, 139 en 2021 y 198 en 2022).
De acuerdo con la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026″, la Paz Total es el instrumento del Gobierno para acabar la guerra en Colombia, “mediante un diálogo desde las bases territoriales, y una salida negociada para evitar más reciclajes de la violencia”. Después de la firma del Acuerdo Final de Paz, varios grupos armados surgieron o se expandieron, principalmente alrededor del control y explotación de economías ilegales como el narcotráfico. Lo cual es una gran dificultad para adelantar cualquier negociación y materializar un posterior y real desmonte sin el reencauchamiento o la mutación de estructuras armadas en otras que continúen la guerra. Las diferentes y varias organizaciones armadas que nacieron o se expandieron después de la firma del Acuerdo de paz del 2016 son las que principalmente atacan a los líderes sociales hoy.
Con la Paz Total, el Gobierno ha buscado dar inicio a procesos de diálogos de paz y de acercamiento para sometimiento a la justicia con los diferentes grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos pos desmovilización y las disidencias de las FARC. Aunque estas son iniciativas muy valiosas para terminar la guerra en Colombia, parece no haber garantías para los líderes sociales mientras las negociaciones se llevan a cabo. Si los actores armados ilegales perpetúan los ataques, continúan tomando aún más el control territorial y sometiendo a la población civil, así se hayan sentado a dialogar.
De hecho, implementar instancias de seguridad creadas en el Acuerdo Final de Paz puede tener ciertas contradicciones con los acercamientos propios de las negociaciones de la Paz Total que deben ser tratadas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que tiene como objetivo el desmantelamiento de las organizaciones responsables de las violaciones de derechos de los líderes sociales. Esta Comisión fue creada en el Acuerdo Final de Paz para desmontar las mismas organizaciones con las que se esta dialogando. ¿En qué medida puede la CNGS llevar a cabo su objetivo durante las negociaciones? ¿Se tiene establecido en que situaciones entra a operar? ¿El Gobierno ha puesto sobre las mesas de negociaciones el respeto de los derechos de la población civil (cese de hostilidades) y no solo la reducción de combates (cese al fuego)? ¿Cómo el Gobierno hace seguimiento a las violencias contra líderes y cómo puede esto afectar las negociaciones?
Pero además preocupa el poco esclarecimiento de las afectaciones de derechos humanos de los líderes sociales por parte de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo al programa Somos Defensores, de los 144 asesinatos de líderes sociales en el 2022 apenas uno de ellos tiene sentencia. En otras palabras, no hay esclarecimiento de los hechos ocurridos ni caminos claros para asegurar la no repetición.
La continuidad en la violación de los derechos de líderes sociales y la falta de decisiones en su favor en el marco de las políticas de seguridad que se llevan a cabo, hace más que necesaria la intervención y el seguimiento de la Corte Constitucional. La misma puede abrir caminos para que los derechos de los líderes sociales sean centro indispensable de construcción de paz en el país.
* Investigadora de Dejusticia.