La paz en cuestión: el poder constituyente de 1991 y los desafíos actuales

Creo que la división descriptiva que realiza la autora del proceso constituyente es relevante en este momento. Esos tres planos de la paz se siguen presentando en la actualidad, como una proyección del resultado del proceso constituyente, con razonables adiciones, y seguimos intentando dar forma a las aspiraciones de paz en medio de complejos escenarios de violencia. Son formas de la paz que han estado presentes en las apuestas desarrolladas desde entonces y que continúan en los actuales esfuerzos de paz.

La paz de los discursos es la retórica, de la que se habla permanentemente. Es la aspiración discursiva de la paz, a partir de los entendimientos diversos sobre la violencia, que no pasa a planos metodológicos. Es decir, se trata de insistir en el reclamo y la aspiración por tener una mejor sociedad, que no significa sin conflictos, sino, como diría Estanislao Zuleta (1992), “capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos”. La paz retórica seduce porque, como diría Lemaitre (2011) “cada cual imagina en ella sus propias utopías”.

La paz política es la superación de la respuesta militar hacia la solución de diferencias a través de la apertura democrática y de garantías para el ejercicio de los derechos humanos. El reconocimiento político de actores armados y el desarrollo de procesos de negociación política es clave en el desarrollo de esfuerzos de paz. En estos se reconoce, desde el Estado, a otra parte que desea cambios sustanciales y con la que, en conjunto, se pretende promover transformaciones por medio de acuerdos de paz y su implementación.

La paz frente al narcotráfico es tal vez la más difícil. La búsqueda de lucro personal desfigura el carácter político de los actores armados y los instala en el lugar de lo privado. La degradación de la violencia en Colombia tiene que ver con esta desfiguración, con el funcionamiento de empresas dedicadas a producir, traficar y ganar dinero sin importar el costo humano. Algo ha cambiado en estas tres décadas constitucionales sobre el tema, como la confluencia de distintos tipos de economías ilícitas y sus vínculos con las lícitas, pero sigue siendo el narcotráfico uno de los obstáculos principales de los esfuerzos de paz.

Esas paces o formas de paz confluyen en la Constitución de 1991. Son evidencia de la complejidad de una época y, al mismo tiempo, el origen de discusiones continuas y a veces recicladas sobre la paz. Seguimos tratando de hacer la paz en medio de discursos, esfuerzos de apertura democrática, retos en materia de derechos humanos y una incesante perspectiva criminal del narcotráfico que pasa por encima de la humanidad de miles de personas.

La Constitución nos dejó un refundado y social Estado de derecho que ha hecho posible tramitar distintos esfuerzos de paz. Ha originado la respuesta a los derechos de las más de 10 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado desde 1985, que aún se enfrenta a innumerables desafíos prácticos, y ha viabilizado la suscripción de acuerdos de paz, así como el desmantelamiento de distintas estructuras criminales. En estas alternativas que brinda el Estado, el derecho ha jugado un papel útil y ha consolidado, con apoyo de acuerdos políticos, inversiones presupuestales, reformas normativas y la jurisprudencia constitucional, una forma de paz jurídica.

En el actual contexto, los esfuerzos de paz requieren transitar de los discursos a los acuerdos implementados y, con ello, a la edificación de fórmulas dentro del Estado que atiendan la seguridad jurídica que exigen las distintas condiciones en las que se encuentran los actores armados. Al mismo tiempo, se requiere de fórmulas que permitan la satisfacción de los derechos de las víctimas. Se trata de persistir en dar respuesta a las tensiones sobre la paz y derechos de las víctimas, transitando hacia una paz restaurativa, es decir, una paz que permita tejer, a pesar de lo ocurrido, de la mano de las víctimas, los victimarios, sus familias y la sociedad.

La unión de las paces mencionadas, así como el reconocimiento de sus relaciones y límites, constituye el reto contemporáneo de la paz en Colombia. Si la paz en cuestión, como platea Lemaitre, es esta “persistencia en la búsqueda de la paz, y el tozudo negarse a enfrentar su imposibilidad”, hay que promover la generación de reflexiones novedosas y fórmulas concretas que puedan servir para hacer viables los actuales esfuerzos de paz y desenredarlos.

Creo que la división descriptiva que realiza la autora del proceso constituyente es relevante en este momento. Esos tres planos de la paz se siguen presentando en la actualidad, como una proyección del resultado del proceso constituyente, con razonables adiciones, y seguimos intentando dar forma a las aspiraciones de paz en medio de complejos escenarios de violencia. Son formas de la paz que han estado presentes en las apuestas desarrolladas desde entonces y que continúan en los actuales esfuerzos de paz.

La paz de los discursos es la retórica, de la que se habla permanentemente. Es la aspiración discursiva de la paz, a partir de los entendimientos diversos sobre la violencia, que no pasa a planos metodológicos. Es decir, se trata de insistir en el reclamo y la aspiración por tener una mejor sociedad, que no significa sin conflictos, sino, como diría Estanislao Zuleta (1992), “capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos”. La paz retórica seduce porque, como diría Lemaitre (2011) “cada cual imagina en ella sus propias utopías”.

La paz política es la superación de la respuesta militar hacia la solución de diferencias a través de la apertura democrática y de garantías para el ejercicio de los derechos humanos. El reconocimiento político de actores armados y el desarrollo de procesos de negociación política es clave en el desarrollo de esfuerzos de paz. En estos se reconoce, desde el Estado, a otra parte que desea cambios sustanciales y con la que, en conjunto, se pretende promover transformaciones por medio de acuerdos de paz y su implementación.

La paz frente al narcotráfico es tal vez la más difícil. La búsqueda de lucro personal desfigura el carácter político de los actores armados y los instala en el lugar de lo privado. La degradación de la violencia en Colombia tiene que ver con esta desfiguración, con el funcionamiento de empresas dedicadas a producir, traficar y ganar dinero sin importar el costo humano. Algo ha cambiado en estas tres décadas constitucionales sobre el tema, como la confluencia de distintos tipos de economías ilícitas y sus vínculos con las lícitas, pero sigue siendo el narcotráfico uno de los obstáculos principales de los esfuerzos de paz.

Esas paces o formas de paz confluyen en la Constitución de 1991. Son evidencia de la complejidad de una época y, al mismo tiempo, el origen de discusiones continuas y a veces recicladas sobre la paz. Seguimos tratando de hacer la paz en medio de discursos, esfuerzos de apertura democrática, retos en materia de derechos humanos y una incesante perspectiva criminal del narcotráfico que pasa por encima de la humanidad de miles de personas.

La Constitución nos dejó un refundado y social Estado de derecho que ha hecho posible tramitar distintos esfuerzos de paz. Ha originado la respuesta a los derechos de las más de 10 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado desde 1985, que aún se enfrenta a innumerables desafíos prácticos, y ha viabilizado la suscripción de acuerdos de paz, así como el desmantelamiento de distintas estructuras criminales. En estas alternativas que brinda el Estado, el derecho ha jugado un papel útil y ha consolidado, con apoyo de acuerdos políticos, inversiones presupuestales, reformas normativas y la jurisprudencia constitucional, una forma de paz jurídica.

En el actual contexto, los esfuerzos de paz requieren transitar de los discursos a los acuerdos implementados y, con ello, a la edificación de fórmulas dentro del Estado que atiendan la seguridad jurídica que exigen las distintas condiciones en las que se encuentran los actores armados. Al mismo tiempo, se requiere de fórmulas que permitan la satisfacción de los derechos de las víctimas. Se trata de persistir en dar respuesta a las tensiones sobre la paz y derechos de las víctimas, transitando hacia una paz restaurativa, es decir, una paz que permita tejer, a pesar de lo ocurrido, de la mano de las víctimas, los victimarios, sus familias y la sociedad.

La unión de las paces mencionadas, así como el reconocimiento de sus relaciones y límites, constituye el reto contemporáneo de la paz en Colombia. Si la paz en cuestión, como platea Lemaitre, es esta “persistencia en la búsqueda de la paz, y el tozudo negarse a enfrentar su imposibilidad”, hay que promover la generación de reflexiones novedosas y fórmulas concretas que puedan servir para hacer viables los actuales esfuerzos de paz y desenredarlos.