La paz simulada del presidente Duque

Por: Victoria Sandino Simanca Herrera*

La valoración hecha del primer año del Gobierno de Iván Duque frente a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera da cuenta de una serie de re-interpretaciones y re-formulaciones de lo pactado, que se reflejan en su Plan Nacional de Desarrollo y en los proyectos de ley que el partido de Gobierno ha presentado en el Congreso. Es claro que tanto para el Presidente de la Republica como para su partido, la paz no es su prioridad, por el contrario, lleva al país a la consumación de la modificación e incumplimiento de lo pactado.

El incumplimiento de la implementación del Acuerdo Final se ha matizado en diferentes momentos, bajo distintas formas. Hemos presenciado su deslegitimación a través de mentiras y engaños (en campañas sobre todo); es evidente la desfinanciación de la paz (PGN 2020, PND) y ahora encontramos una re estructuración de responsables, planes y programas que se acordaron, en los que se trasmite el mensaje de estar cumpliendo, pero que en lo concreto es una simulación de la implementación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno no dispuso el capítulo especial que debía garantizar la financiación del Plan Marco de Implementación respondiendo al espíritu del Acuerdo Final. En vez de esto se nombró de manera distinta todas las acciones y medidas concernientes a la paz para marcar un distanciamiento con el Gobierno de Santos: Política de paz con legalidad; El presidente Iván Duque ha señalado que la paz se construye con legalidad, seguridad y justicia,  su definición de seguridad es la ausencia de violencia y el  ejercicio efectivo de la ley. Nada más alejado del Acuerdo de Paz, que contempla acceso a derechos en los territorios, inclusión social, fortalecimiento de la institucionalidad, ampliación y fortalecimiento de la democracia,  eliminación de las brechas entre el campo y la ciudad, reparación a las víctimas, todo esto con enfoque de género, diferencial y territorial.

Si bien no es una sorpresa para muchos que se esté incumpliendo con la implementación del acuerdo, el Gobierno Nacional afirma que tiene un compromiso claro con el proceso de paz, lo dice el presidente en sus discursos, lo dejan explicito en sus documentos y se hace referencia a ello cada vez que se escucha a algún funcionario relacionado con la implementación.

No obstante, según el análisis del centro de pensamiento y diálogo político –CEPDIPO-  (2019), la política de paz con legalidad simula el cumplimiento de lo acordado, bajo el argumento de una supuesta correspondencia con el espíritu del Acuerdo final, se incumplen sistemáticamente obligaciones legales, legislativas y, más grave aún, constitucionales. En este sentido, se plantea por ejemplo que en el PND el “Pacto por la Construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia y estabilización” es el capitulo especial de paz que debió ser el destinado a desarrollar el PMI. De igual manera se pretende presentar como recursos propios de la implementación aquellos asignados al cumplimiento de las funciones misionales de instituciones que acompañan el proceso de paz, que con o sin acuerdo se debían invertir en la destinación asignada.

El mes pasado el país conoció el informe del primer año de la oficina de Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. En dicho informe señala que cada uno de los puntos de la implementación del acuerdo que le corresponden han tenido acciones de cumplimiento, planeación seria, de largo plazo y ejecución acelerada y robusta. Sin embargo, cualquier ciudadano o ciudadana que conozca el Acuerdo Final y el Plan Marco de Implementación puede hacer un seguimiento juicioso a los indicadores de este y corroborar que los avances en la implementación son casi nulos.

Es tarea de las y los ciudadanos del común recuperar el espíritu del acuerdo, exigir la implementación de la reforma rural integral, recordarle al Gobierno Nacional que este acuerdo no fue firmado entre las FARC y el Gobierno de Santos, si no que es un acuerdo de Estado y de país, y que debe ser cumplido como se acordó. Se debe llenar de contenido la paz de la que se habla, convocar a asambleas, foros, mingas, espacios de diálogo en el que volvamos a recuperar el sueño que este acuerdo nos dejó.

*Senadora por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)