La Paz Total: asperezas y expectativas
La búsqueda de la paz une a los colombianos y a la vez los enfrenta. Los une, porque desde el sentido común y la razón superar el conflicto armado, así como las violencias, es un imperativo humano, un deber ser, una necesidad inaplazable para que la convivencia con el otro sea posible en y dentro de la diferencia. Los enfrenta, cuando el logro de la paz hace parte del cometido de un partido o movimiento político, o se constituye en un propósito de gobierno; se crea entonces una amalgama de manipulación, distorsión, discusiones viscerales y sobre todo de odio generalizado, tan peligroso que afecta incluso la cotidianidad, la vida familiar y laboral de las personas.
En materia de paz y superación del conflicto armado, el actual gobierno ha tenido coherencia y perseverancia al forjar la política de paz como una política de Estado. Lo anterior no quiere decir que la llamada paz total, los diálogos y concesiones a los grupos armados no sea susceptible de discusión y divergencia, todo lo contrario, estas son garantías inquebrantables en un Estado democrático y de derecho, muestra de ello es lo decidido por la Corte Constitucional sobre unas demandas promovidas por miembros del partido Centro Democrático contra la Ley 2272 de 2022, donde la Corporación resolvió que esta Ley se ajusta a la Constitución y ratifica que el presidente de la República por mandato constitucional tiene un amplio margen de discrecionalidad para ejercer su competencia de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado (comunicado número 50, noviembre 29 de 2023, sentencia C- 525 de 2023 sin publicar).
La senda trazada por la Ley 2272 se está andando. Con los grupos armados organizados al margen de la ley se puede adelantar negociaciones, diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz, tal como viene ocurriendo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC identificada como Estado Mayor Central (EMC). Estar dialogando, en varias mesas, con agendas distintas, es un acierto; las diferencias y obstáculos generaron incertidumbre a lo largo de 2023, aunque el avance significativo y trascendental fue el anuncio de la suspensión de los secuestros extorsivos por parte de estas guerrillas.
Como cada día trae su afán, en la columna de Antonio García titulada “El V ciclo y los puntos críticos”, del pasado 25 de diciembre, el comandante del ELN señala que la suspensión de las retenciones con fines económicos no podrá darse sin que se adelante simultáneamente la financiación del ELN y del proceso de paz. Los asuntos mencionados están relacionados con la prórroga del cese al fuego bilateral nacional, que se hará efectiva el 30 de enero de 2024; y, también es claro que no se ha llegado a un acuerdo de paz definitivo.
No obstante, el secuestro extorsivo, así se denomine de otra manera, no es admisible, ya que vulnera los Derechos Humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), aquí hay un consenso nacional e internacional de vieja data; por tanto, pretender que esta práctica criminal se someta al regateo constituye una equivocación garrafal. Ahora bien, sobre la financiación del ELN hay que ahondar, explorar alternativas, ya que no es posible financiar con recursos del Estado a grupos que permanezcan alzados en armas; esto va más allá de buscar donantes internacionales, implica una discusión serena sobre las economías ilegales.
Respecto a los grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, la Ley 2272 dispone que los acercamientos y conversaciones tienen como finalidad lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento. La Corte Constitucional reiteró que el presidente puede acudir a mecanismos de solución pacífica de la violencia a través de diálogos y conversaciones con estas estructuras criminales; precisó que los términos de sometimiento a la justicia requieren de una ley. Lo sentenciado por la Corte Constitucional ofrece seguridad jurídica, pero estas estructuras pueden percibirlo como una camisa de fuerza que afecta la discrecionalidad política del ejecutivo, con todo, es necesario afianzar las conversaciones con el Clan del Golfo, dada la incidencia que esta organización tiene en el territorio colombiano.
Con una mirada integral se puede concluir que en 2023 la búsqueda de la paz avanzó; hay que insistir con todos los grupos armados, al tiempo, sin demora, pero con precaución; las expectativas y retos son enormes. Cumplir lo acordado y respetar el DIH salvaguarda estos procesos frente a quienes consideran que la mejor alternativa es la guerra.
La búsqueda de la paz une a los colombianos y a la vez los enfrenta. Los une, porque desde el sentido común y la razón superar el conflicto armado, así como las violencias, es un imperativo humano, un deber ser, una necesidad inaplazable para que la convivencia con el otro sea posible en y dentro de la diferencia. Los enfrenta, cuando el logro de la paz hace parte del cometido de un partido o movimiento político, o se constituye en un propósito de gobierno; se crea entonces una amalgama de manipulación, distorsión, discusiones viscerales y sobre todo de odio generalizado, tan peligroso que afecta incluso la cotidianidad, la vida familiar y laboral de las personas.
En materia de paz y superación del conflicto armado, el actual gobierno ha tenido coherencia y perseverancia al forjar la política de paz como una política de Estado. Lo anterior no quiere decir que la llamada paz total, los diálogos y concesiones a los grupos armados no sea susceptible de discusión y divergencia, todo lo contrario, estas son garantías inquebrantables en un Estado democrático y de derecho, muestra de ello es lo decidido por la Corte Constitucional sobre unas demandas promovidas por miembros del partido Centro Democrático contra la Ley 2272 de 2022, donde la Corporación resolvió que esta Ley se ajusta a la Constitución y ratifica que el presidente de la República por mandato constitucional tiene un amplio margen de discrecionalidad para ejercer su competencia de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado (comunicado número 50, noviembre 29 de 2023, sentencia C- 525 de 2023 sin publicar).
La senda trazada por la Ley 2272 se está andando. Con los grupos armados organizados al margen de la ley se puede adelantar negociaciones, diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz, tal como viene ocurriendo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC identificada como Estado Mayor Central (EMC). Estar dialogando, en varias mesas, con agendas distintas, es un acierto; las diferencias y obstáculos generaron incertidumbre a lo largo de 2023, aunque el avance significativo y trascendental fue el anuncio de la suspensión de los secuestros extorsivos por parte de estas guerrillas.
Como cada día trae su afán, en la columna de Antonio García titulada “El V ciclo y los puntos críticos”, del pasado 25 de diciembre, el comandante del ELN señala que la suspensión de las retenciones con fines económicos no podrá darse sin que se adelante simultáneamente la financiación del ELN y del proceso de paz. Los asuntos mencionados están relacionados con la prórroga del cese al fuego bilateral nacional, que se hará efectiva el 30 de enero de 2024; y, también es claro que no se ha llegado a un acuerdo de paz definitivo.
No obstante, el secuestro extorsivo, así se denomine de otra manera, no es admisible, ya que vulnera los Derechos Humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), aquí hay un consenso nacional e internacional de vieja data; por tanto, pretender que esta práctica criminal se someta al regateo constituye una equivocación garrafal. Ahora bien, sobre la financiación del ELN hay que ahondar, explorar alternativas, ya que no es posible financiar con recursos del Estado a grupos que permanezcan alzados en armas; esto va más allá de buscar donantes internacionales, implica una discusión serena sobre las economías ilegales.
Respecto a los grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, la Ley 2272 dispone que los acercamientos y conversaciones tienen como finalidad lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento. La Corte Constitucional reiteró que el presidente puede acudir a mecanismos de solución pacífica de la violencia a través de diálogos y conversaciones con estas estructuras criminales; precisó que los términos de sometimiento a la justicia requieren de una ley. Lo sentenciado por la Corte Constitucional ofrece seguridad jurídica, pero estas estructuras pueden percibirlo como una camisa de fuerza que afecta la discrecionalidad política del ejecutivo, con todo, es necesario afianzar las conversaciones con el Clan del Golfo, dada la incidencia que esta organización tiene en el territorio colombiano.
Con una mirada integral se puede concluir que en 2023 la búsqueda de la paz avanzó; hay que insistir con todos los grupos armados, al tiempo, sin demora, pero con precaución; las expectativas y retos son enormes. Cumplir lo acordado y respetar el DIH salvaguarda estos procesos frente a quienes consideran que la mejor alternativa es la guerra.