El mensaje principal que me llevo del curso es la necesidad de migrar de la pregunta de política pública sobre la conveniencia de regular este mercado hacia sus características ideales. Si bien el modelo prohibicionista genera enormes daños y por eso estoy políticamente en contra de este enfoque, la regulación puede y debe enfocarse en generar mejores resultados sociales que “La Guerra contra las Drogas”. No obstante, estos no se logran únicamente eliminando las sanciones penales y dependen de las características del diseño regulatorio. ¿Cómo se debe regular el mercado de cannabis en los países latinoamericanos? Esa debería ser la pregunta en el escenario político y la academia debería enfocarse en proveer respuestas concretas.
Ni la política de drogas ni la regulación de estos mercados pueden resolver todos los problemas sociales. En un documento CESED, publicado en marzo del 2023, empezamos definiendo los objetivos del proceso regulatorio del mercado de cannabis para el caso colombiano y propusimos medidas concretas que pueden permitir cumplirlos. En Colombia, consideramos, la regulación debe orientarse a: i) implementar un enfoque de salud pública, prevenir el consumo, y reducir riesgos y daños, ii) mejorar las condiciones de seguridad, y iii) construir un mercado justo en el que participen comunidades históricamente afectadas por el prohibicionismo.
Sin embargo, regular mercados existentes en los que participan actores armados tiene retos considerables. Es recomendable, como lo mencionamos en el documento, empezar el proceso regulatorio por un piloto escalable. Aspirar a la implementación y funcionamiento adecuado de un mercado con estas características en todo el país sería, a lo menos, ingenuo, teniendo en cuenta la capacidad administrativa y operativa del Estado. Por el contrario, en un piloto es posible priorizar ciudades con mayor prevalencia de consumo y zonas rurales con participación histórica en la producción de cannabis para evaluar el funcionamiento del mercado regulado y sus impactos en los objetivos mencionados. A partir de esos hallazgos, se podría ajustar el diseño del mercado y escalar su cobertura a otras zonas del país.
La discusión reciente en Colombia se ha enfocado en la necesidad de eliminar la prohibición que el gobierno de Álvaro Uribe introdujo en el artículo 49 de la Constitución. Sin embargo, poca o nula atención ha tenido el desarrollo de las características que tendría el mercado regulado. Una iniciativa legislativa que defina las características de un piloto de mercado podría no contradecir la Constitución si se enmarca en los usos científicos permitidos por el marco jurídico vigente, tal como se ha hecho en algunos países europeos. Sobre esta discusión jurídica, si una ley con estas características es aprobada, serán los magistrados de la Corte Constitucional quienes se pronuncien al respecto.
Ahora, políticamente, cambiar la sintonía de la discusión podría contribuir a construir mayorías más amplias. En lugar de seguir discutiendo infructuosamente si regular o no, sería conveniente debatir los detalles de un eventual mercado regulado para un piloto en una iniciativa legislativa. Esto permitiría abordar preocupaciones específicas sobre su diseño, evitar la discusión sobre la regulación abstracta y limitar la vigencia para medir sus resultados antes del escalamiento a nivel nacional. Por lo tanto, este 20 de julio puede ser la última ventana de oportunidad para un verdadero cambio en la política de drogas en Colombia y que los mercados de drogas empiecen a ser regulados por actores institucionales en vez de actores armados no estatales.
PD: Quiero agradecerle al CESED por haber sido mi casa durante estos años, por todos los aprendizajes y por las oportunidades de contribuir a investigar para reformar la política de drogas. Espero volver pronto.