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Desde hace un par de semanas comenzó a circular en redes sociales un video en el que tres empresarios promocionan su nuevo negocio, la empresa Gestión Rural, ofreciendo servicios para asesorar inversionistas que quieran comprar tierra en el país. Luego de recordar los problemas que genera la incertidumbre jurídica alrededor de la propiedad en Colombia y en medio de imágenes de grandes cultivos agroindustriales, proyectos energéticos y familias felices, los empresarios ofrecen asesorar a sus clientes para que “no corran riesgos a la hora de comprar”.
Lo que hace verdaderamente particular este video son los protagonistas, tres de los principales funcionarios encargados de política de tierras del gobierno anterior: Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Ricardo Sabogal, exdirtector de la Unidad de Restitución de Tierras y Javier Flórez, exsubdirector de esta última entidad.
Parece ser un nuevo caso de eso que nos acostumbramos a llamar coloquialmente ‘puerta giratoria’. Empleados del Estado con acceso a información privilegiada que luego se convierten en empresarios, trabajando en las mismas áreas en las que lo hicieron como funcionarios públicos. La puerta gira en ambos sentidos, también pasan de gremios y compañías a ser parte del gobierno.
El compromiso ético de moverse entre estas dos esferas de poder es alto. Para evitar violar la ley, funcionarios y empresarios suelen declararse impedidos para casos puntuales o se abstienen de participar en ciertos negocios. Aunque casi siempre los impedimentos los blindan legalmente, no pasa lo mismo con su responsabilidad ética y política.
¿Qué debe pensar la opinión pública sobre el hecho de que tres altos exfuncionarios, con información clave sobre los baldíos de la nación y tierras pedidas en restitución por la violencia, salgan a ofrecer sus servicios como asesores para que inversionistas puedan comprar predios sin arriesgar su dinero?
Los tres funcionarios dirigieron instituciones por las que pasaron miles de procesos judiciales y administrativos que enfrentaron a campesinos, resguardos indígenas y consejos comunitarios afro con empresas de todo tipo, especialmente agroindustriales, mineras y petroleras.
La hacienda Bellacruz en el Cesar y el proyecto de palma africana de Germán Efromovich, las tierras que ocupan empresas petroleras que han pasado por Puerto Gaitán en el Meta, y las fincas de la cementera Argos en los Montes de María en Bolívar son solo unos ejemplos de los casos que pasaron por las agencias del Estado que ellos dirigieron.
Parece evidente que los exfuncionarios crearon una compañía para asesorar a empresas que quieran comprar tierra en Colombia. No me imagino a comunidades campesinas, indígenas o afro contratando sus servicios para apoyarlos en sus procesos.
En el video, los exfuncionarios también insisten en que buscan asesorar a estos inversionistas, ante la inseguridad jurídica y la informalidad de la tierra, en un discurso que contradice las cuñas radiales y propaganda televisivas de las instituciones durante su administración. En ellas insistían en que el país se dirigía finalmente por el camino de organizar ese enorme caos histórico que ha sido el registro de la propiedad en Colombia.
Santiago Luque y Pilar Puentes, dos periodistas de Rutas del Conflicto le consultaron a Ricardo Sabogal sobre los posibles impedimentos que tendría con su nueva empresa. El exfuncionario les dijo que, dentro de los estatutos de su compañía, quedaba explicito que ellos no participarían en ningún proceso jurídico en el cual hubieran participado previamente como empleados del Estado y qué por eso no estaban cometiendo ninguna irregularidad. También insistió en que ellos han trabajado toda la vida en temas relacionados con la tierra y tienen derecho a seguirlo haciendo.
Verificamos los estatutos de Gestión Rural y efectivamente los exfuncionarios hicieron la mencionada aclaración dentro del documento. Sin embargo, no sé si sea políticamente correcto que, teniendo todo el conocimiento acumulado como funcionarios públicos, salgan a asesorar empresas en un tema tan sensible y tan relacionado a la violencia que ha vivido el país.
Lo que preocupa es que en estas instituciones la puerta no termine de girar. Clara prueba es el reemplazo de Sabogal en la Unidad de Restitución de Tierras, nombrado el año pasado por Iván Duque, Andrés Augusto Castro Forero. El ahora funcionario trabajó por nueve años, hasta el 2013 como alto directivo de Fedepalma, el gremio que reúne a grandes empresarios de la palma en el país.