Los abusos de poder por parte de las fuerzas policiales, en el marco del paro nacional, se han manifestado principalmente hacia poblaciones jóvenes. Esto, como lo muestra la historia, no es algo nuevo. Sin embargo, persiste la pregunta de ¿por qué aplastar a una generación que quiere generar cambios? Este debate está ahora en el centro de muchas familias colombianas que buscan descifrar cómo, por qué y hasta cuándo seguirán estos ciclos de violencia que son una cara cruel de las jornadas de legítima protesta.
Las imágenes se repiten una y otra vez. Policías persiguiendo, golpeando y disparando sus escopetas a quemarropa a jóvenes en medio de las protestas. Centenares de videos muestran cómo se ensañan, no solo con los que lanzan piedras, también con los que asisten pacíficamente a las manifestaciones, con quienes graban sus abusos o con cualquier muchacho desprevenido que tiene el infortunio de caminar por la calle equivocada.
La base de datos que construye Rutas del Conflicto, con ayuda de estudiantes de periodismo de varias universidades, muestra que al 15 de mayo, al menos 22 de las 42 víctimas mortales de las protestas que comenzaron el 28 de abril son personas entre 13 y 27 años. La cifra puede ser mayor, ya que aún no se ha confirmado la edad.
El delito es solo uno: ser joven. La violenta reacción policial vuelve a mostrar la fuerza del estigma contra una juventud que no se resigna a vivir en un país que no les ofrece oportunidades y que los discrimina cuando levantan la voz. Una criminalización estatal sistemática que desde hace varias décadas ha llenado a una sociedad de prejuicios en contra de sus propios hijos, si es que se atreven a cuestionar al establecimiento: “Los buenos muchachos, son los que no protestan”.
¿Cuántas generaciones han sido aplastadas por ejercer el libre derecho a la protesta? A los que han sobrevivido a los asesinatos de Estado les han matado el espíritu una y otra vez a punta de miedo. Por décadas desde el establecimiento se ha repetido una y otra vez que no hay por qué salir a la calle a reclamar un mejor gobierno y lo peor, sectores muy amplios de la sociedad han asumido firmemente que la violencia contra estos jóvenes está justificada.
Este mismo establecimiento que graduó de héroes y mártires a jóvenes asesinados durante el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, los convirtió en subversivos desde los sesenta, en el enemigo interno que quiere llevar al país al ‘comunismo’. Y han sido exitosos al señalarlos como culpables, como buenos muertos. Cuántos adultos desprevenidos han dicho tantas veces durante estos años que las víctimas debían estar en sus casas y no en la calle, que si les pasó ‘algo’, fue porque se lo buscaron.
Y no importa de dónde vengan estos jóvenes o a qué se dediquen. Si estudian en una universidad pública, no habrá duda de su relación con las guerrillas. Si no, solo hay que contar los capturados y torturados por la Policía que se cuentan por centenares, desde los sesenta. O los asesinados, como, por nombrar uno de estos casos, las víctimas de la masacre del 16 de mayo del 84 en la Universidad Nacional, que casi 40 años después, sigue impune.
Pero el estigma no se queda ahí. La persecución toca a los universitarios de instituciones privadas, que se han sumado a las marchas, e inclusive han convocado paros en solidaridad con la protesta, como no ocurría hace mucho tiempo. Y por supuesto, aquellos jóvenes que viven en la marginalidad, que no han tenido oportunidades y que con desprecio llaman ahora los ‘ninis’. Hay que decirlo con franqueza, ellos son los que han sufrido más el impacto de la agresión estatal: según la investigación Cartografía de la violencia policial de los medios Cerosetenta, Bellingcat y EnFlujo, la mayor concentración de abusos en Bogotá está ubicada en el suroccidente de la ciudad, en las localidades de Kennedy y Bosa, en barrios con altos índices de pobreza.
Y la justificación de toda esta violencia nos rompe una vez más como sociedad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido discusiones con familiares o amigos que luego de años y años de adoctrinamiento estatal, aprueban esta violencia?, ¿Cuántos padres han enfrentado a sus hijos para evitar que se sumen a la protesta? ¿Cómo reacciona una persona que aprueba con su discurso la muerte de quienes recorren las calles manifestándose, cuando ve a un joven familiar en medio de una marcha?
No podemos seguir contando crímenes de Estado en contra de otra generación de jóvenes. Es clave como sociedad no permitir esta violencia reciclada una y otra vez, hay que parar estos ciclos criminales de una vez por todas. Veo a mis estudiantes de periodismo con un orgullo enorme, por lo que han hecho durante los últimos días. Ellos no pueden llegar a mi edad contando los mismos muertos, defendiendo a sus hijos de esta masacre que parece perpetua.
Los abusos de poder por parte de las fuerzas policiales, en el marco del paro nacional, se han manifestado principalmente hacia poblaciones jóvenes. Esto, como lo muestra la historia, no es algo nuevo. Sin embargo, persiste la pregunta de ¿por qué aplastar a una generación que quiere generar cambios? Este debate está ahora en el centro de muchas familias colombianas que buscan descifrar cómo, por qué y hasta cuándo seguirán estos ciclos de violencia que son una cara cruel de las jornadas de legítima protesta.
Las imágenes se repiten una y otra vez. Policías persiguiendo, golpeando y disparando sus escopetas a quemarropa a jóvenes en medio de las protestas. Centenares de videos muestran cómo se ensañan, no solo con los que lanzan piedras, también con los que asisten pacíficamente a las manifestaciones, con quienes graban sus abusos o con cualquier muchacho desprevenido que tiene el infortunio de caminar por la calle equivocada.
La base de datos que construye Rutas del Conflicto, con ayuda de estudiantes de periodismo de varias universidades, muestra que al 15 de mayo, al menos 22 de las 42 víctimas mortales de las protestas que comenzaron el 28 de abril son personas entre 13 y 27 años. La cifra puede ser mayor, ya que aún no se ha confirmado la edad.
El delito es solo uno: ser joven. La violenta reacción policial vuelve a mostrar la fuerza del estigma contra una juventud que no se resigna a vivir en un país que no les ofrece oportunidades y que los discrimina cuando levantan la voz. Una criminalización estatal sistemática que desde hace varias décadas ha llenado a una sociedad de prejuicios en contra de sus propios hijos, si es que se atreven a cuestionar al establecimiento: “Los buenos muchachos, son los que no protestan”.
¿Cuántas generaciones han sido aplastadas por ejercer el libre derecho a la protesta? A los que han sobrevivido a los asesinatos de Estado les han matado el espíritu una y otra vez a punta de miedo. Por décadas desde el establecimiento se ha repetido una y otra vez que no hay por qué salir a la calle a reclamar un mejor gobierno y lo peor, sectores muy amplios de la sociedad han asumido firmemente que la violencia contra estos jóvenes está justificada.
Este mismo establecimiento que graduó de héroes y mártires a jóvenes asesinados durante el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, los convirtió en subversivos desde los sesenta, en el enemigo interno que quiere llevar al país al ‘comunismo’. Y han sido exitosos al señalarlos como culpables, como buenos muertos. Cuántos adultos desprevenidos han dicho tantas veces durante estos años que las víctimas debían estar en sus casas y no en la calle, que si les pasó ‘algo’, fue porque se lo buscaron.
Y no importa de dónde vengan estos jóvenes o a qué se dediquen. Si estudian en una universidad pública, no habrá duda de su relación con las guerrillas. Si no, solo hay que contar los capturados y torturados por la Policía que se cuentan por centenares, desde los sesenta. O los asesinados, como, por nombrar uno de estos casos, las víctimas de la masacre del 16 de mayo del 84 en la Universidad Nacional, que casi 40 años después, sigue impune.
Pero el estigma no se queda ahí. La persecución toca a los universitarios de instituciones privadas, que se han sumado a las marchas, e inclusive han convocado paros en solidaridad con la protesta, como no ocurría hace mucho tiempo. Y por supuesto, aquellos jóvenes que viven en la marginalidad, que no han tenido oportunidades y que con desprecio llaman ahora los ‘ninis’. Hay que decirlo con franqueza, ellos son los que han sufrido más el impacto de la agresión estatal: según la investigación Cartografía de la violencia policial de los medios Cerosetenta, Bellingcat y EnFlujo, la mayor concentración de abusos en Bogotá está ubicada en el suroccidente de la ciudad, en las localidades de Kennedy y Bosa, en barrios con altos índices de pobreza.
Y la justificación de toda esta violencia nos rompe una vez más como sociedad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido discusiones con familiares o amigos que luego de años y años de adoctrinamiento estatal, aprueban esta violencia?, ¿Cuántos padres han enfrentado a sus hijos para evitar que se sumen a la protesta? ¿Cómo reacciona una persona que aprueba con su discurso la muerte de quienes recorren las calles manifestándose, cuando ve a un joven familiar en medio de una marcha?
No podemos seguir contando crímenes de Estado en contra de otra generación de jóvenes. Es clave como sociedad no permitir esta violencia reciclada una y otra vez, hay que parar estos ciclos criminales de una vez por todas. Veo a mis estudiantes de periodismo con un orgullo enorme, por lo que han hecho durante los últimos días. Ellos no pueden llegar a mi edad contando los mismos muertos, defendiendo a sus hijos de esta masacre que parece perpetua.