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Los próximos 26 y 27 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevará a cabo la audiencia única de verdad plena en la que se espera que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como Jorge 40, declare los pormenores de la relación entre el grupo paramilitar y la fuerza pública. Mientras tanto, recientemente, Darío Antonio Úsuga, Otoniel, ex líder del grupo paramilitar conocido como Clan Úsuga, Clan del Golfo o Agc, extraditado hace un año a Estados Unidos, aceptó cargos por narcotráfico y esperará a que el juzgado de Nueva York dicte su condena en los próximos meses. ¿Qué relación tiene un caso con el otro?
Rodrigo Tovar fue el líder de uno de los bloques más sangrientos de las extintas Auc, grupo paramilitar responsable de gran parte de la violencia que vivió Colombia entre los años 90 y principios de los 2000. Dentro de sus crímenes se cuentan masacres, desplazamientos, desapariciones y actos de violencia sexual, entre otros. De estos hechos algunos lograron ser esclarecidos en virtud del proceso de Justicia y Paz, sin embargo, poco se logró saber sobre la relación de este grupo paramilitar con grandes esferas del poder, en parte porque en 2008 el gobierno extraditó a los altos mandos por delitos de narcotráfico, complicando, además, el proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas de las Auc.
En 2020, Jorge 40, luego de cumplir una condena por narcotráfico de 12 años en Estados Unidos, volvió a Colombia. Durante este tiempo Tovar no aportó un ápice de verdad ante la Jurisdicción colombiana -lo que en algún momento su abogado atribuyó al asesinato de su hermano en 2009, un año luego de ser extraditado-, llevando a su expulsión de Justicia y Paz. Sin embargo, ahora -luego de casi 15 años de silencio- parece que el excomandante paramilitar está dispuesto a colaborar con la verdad ante la JEP, de tal modo que, si todo sale como se espera, las víctimas del conflicto colombiano van a poder conocer a fondo la responsabilidad de militares, empresarios y políticos en casos como el de la masacre de El Salado (Bolívar), que en el año 2000 dejó más de 60 asesinatos y fue comandado por Jorge 40 y otros líderes paramilitares.
De forma paralela, en 2022, Darío Antonio Úsuga, uno de los jefes paramilitares con más poder en los últimos años en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, luego de haber declarado ante la JEP y la Comisión de la Verdad la responsabilidad de políticos, empresarios y altos mandos militares en la financiación y apoyo del grupo paramilitar que comandó. Sin embargo, la información que aportó se quedó a medias debido a la urgencia del gobierno Duque por extraditarlo, y, aunque por el momento Otoniel ha demostrado voluntad de continuar aportando verdad desde el exterior, lo cierto es que no hay nada que garantice que de un día para otro no deje de colaborar, como lo hizo Jorge 40 en 2009.
El paramilitarismo ha sido quizás el fenómeno más violento en la historia reciente de Colombia, tal vez por eso la JEP ha decidido abrir sus puertas para admitir a excomandantes paramilitares que pueden brindar importante información para las víctimas en el marco de casos como el 08, que busca juzgar y esclarecer crímenes atribuidos a la fuerza pública, a otros agentes de Estado y crímenes en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. De hecho, algunos paramilitares como Guillermo León Marín Pulgarín, Rodolfo Useda Castaño, Horacio de Jesús Mejía Cuello, Guillermo Pérez Álzate y Jorge Enrique Ríos Córdoba ya han colaborado con la JEP y han dado información importante para el macrocaso 02 (territorial Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño).
Aunque esto constituya un avance significativo para el acceso a la verdad de las víctimas, deja un sinsabor que todavía en 2023, y luego de dos procesos de justicia transicional, estemos buscando esclarecer la verdad de hechos sucedidos hace más de 20 años, y aún más que continuemos repitiendo los errores del pasado, extraditando a los responsables de los hechos recientes sin pensar en las consecuencias que esto puede tener para las víctimas del conflicto.
Bien reza el refrán que “una justicia tardía no es justicia”, y mientras que la extradición por narcotráfico continúe siendo una prioridad diplomática para los gobiernos colombianos, y no se regule la preponderancia de los derechos de las víctimas sobre el cumplimiento de metas en la fallida guerra contra las drogas, estas tendrán que continuar amoldando su aspiración de verdad, justicia y reparación a los tiempos de las cortes norteamericanas, para las cuales las graves violaciones a derechos humanos en Colombia claramente no son prioridad.