En las tradicionales aulas el profesor dicta clases a sus alumnos, quienes se dedican a copiar y a repetir lo que el docente dijo; acatando los “sabios consejos” de los viejos: el buen alumno es el que va a aprender no a irrespetar con preguntas o cuestionamientos. Una queja constante de la educación que reciben los jóvenes colombianos es que no se los prepara para la vida ni para el desempeño laboral; se suele escuchar que los estudiantes parece que vivieran en otro mundo, que su actitud frente a los conflictos, por agudos que sean, es el desentendimiento, como si lo que ocurre en la casa, la sociedad y el país nada tuviera que ver con ellos. No se puede esperar cosa distinta, cuando hay un entorno y una comunidad educativa donde se capacita a las personas para que sean obedientes, sumisas, temerosas de lo divino y lo humano, preocupadas por cuidar el puesto o cupo, “concientizadas para no revelarse” y de esta manera evitar castigos o consecuencias.
Afortunadamente hoy, con los Paros Nacionales de 21 de noviembre de 2019 y 21 de enero de 2020, aunque para algunos resulte contradictorio, se ha revivido la esperanza, los estudiantes están rompiendo desuetos esquemas y dando importantes lecciones; el lugar para aprender son las calles, los parques y las plazas, no exclusivamente las aulas. En estos escenarios donde discurre la vida diaria de la gente, con profunda desigualdad, angustias y necesidades insatisfechas, que se agudizan y se esquivan administración tras administración, los estudiantes han hecho evidente su sensibilidad, están preocupados por esas realidades; que bueno que esto esté pasando. No es necesario que los jóvenes y otros sectores de la sociedad deban comprender exactamente el origen, el alcance de los múltiples problemas y que además sus reivindicaciones deban ser concretas, estructuradas, para que merezcan la atención del presidente de la República y los funcionarios de las entidades territoriales. No, lo esencial es el ejercicio de los derechos y la conciencia social, que sin distingo de estratos se expresen opiniones, pensamientos, inconformidades, lo que prima es la libertad y la inclusión. En la calle como en toda aula hay mucho para aprender, de eso se trata, una lección está repasada: las protestas y manifestaciones deben ser pacíficas, son inadmisibles la violencia, el vandalismo, la provocación del miedo, provenga de particulares o de las autoridades.
Si la educación cambia, el país se transforma. Los profesores deben ser unos facilitadores en el proceso de aprendizaje, el escrutinio permanente de los temas que afectan a la población, especialmente la más vulnerable no es un asunto de ciertas disciplinas, bienvenida la crítica y el examen, necesitamos educadores y ciudadanos que hablen de política, que discutan; los gobernantes no son poseedores de la verdad ni del poder omnímodo, ni la solución es matarse. La despreciada calle y sus inconformes actores continúan creando unos saberes plurales, los estudiantes están enseñando, la nación están aprendiendo de ellos.
Con la llegada de los nuevos alcaldes y gobernadores hay expectativas, son grandes los retos respecto al manejo de las manifestaciones y protestas, frente a ello la tarea educativa debe continuar con ahínco. En Bogotá el pasado 16 de enero, la alcaldesa dio a conocer el nuevo protocolo de seguridad para abordar la protesta social, que comprende la acción de sanción social contra quienes usen la violencia o atenten contra el patrimonio, acompañada por las madres gestoras de paz; en segunda instancia, está la intervención de los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno; si el mecanismo no funciona, actuará la Policía Nacional con la fuerza disponible, los cuales estarán equipados únicamente con un escudo y un bastón; y en última instancia intervendrá el Esmad, en situaciones extraordinarias cuando haya riesgo para la vida de los manifestantes. El mismo día que dio a conocer el protocolo, un grupo de encapuchados obstruyó la troncal de TransMilenio en inmediaciones de la Universidad Nacional, se utilizaron los procedimientos de persuasión mencionados y tras cuatro horas de bloqueos tuvo que acudir al Esmad.
Como se suele decir comúnmente no solo hay derechos, también obligaciones; en la Constitución de 1991 está dispuesto todo un andamiaje en materia de derechos humanos y en una regulación normativa menos amplia se prevé que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades, siendo deberes de la persona y del ciudadano, entre otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; apoyar y respetar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas; propender por el logro y mantenimiento de la paz. Desde luego que los graves problemas que debe atender el Gobierno Nacional y los mandatarios locales no se resuelven de la noche a la mañana con el cambio de funcionarios, ni las causas son atribuibles, por lo general, a un determinado gobernante, pero cuenta mucho la manera como se tratan las demandas ciudadanas, la actitud, la disposición para el dialogo, la gestión, máxime cuando lo que está comprometidos son bienes esenciales de las personas, ello demuestra “quién es quién”. Los estudiantes lo han dicho y reiterado, no están de acuerdo con los violentos ni apoyan sus acciones, rechazan los excesos de la Fuerza Pública y la utilización del Esmad como primera medida.
Hay que reflexionar serenamente, sin caer en las redes de la manipulación de quienes gustan en todo momento de la fuerza, de la mano dura; como tampoco de los que perdieron las elecciones y consideran que su reino es la oposición irreflexiva, la anarquía y que solo es o será perfecto su gobierno. Aquí es donde juega un papel transcendental la educación, las competencias ciudadanas y las prácticas democráticas, lecciones que se aprenden y se ejercitan en esa aula abierta que son las calles; el paro de 21 de enero así lo confirmó, en varias ciudades y especialmente en Bogotá, operó la concertación para despejar vías, se cumplió con el protocolo, se utilizó la censura ciudadana contra los desadaptados, no hubo muertos, todo esto se generó porque la alcaldesa tiene muy claro que protesta social no es lo mismo que alteración del orden público. En consecuencia, si no se avanza en forma constructiva en la resolución de conflictos, dará lo mismo un gobernante prudente, cauto, que uno terco o manipulable, un vándalo que un estudiante o un trabajador, finalmente se impondrá la violencia, la confrontación física y no la concertación.
Los paros y las protestas no son formas de desestabilización institucional ni una amenaza para los gobernantes, por el contrario, se consolida la democracia participativa que implica no solo la conformación sino también el control del poder político. Estas expresiones ciudadanas, deben conducir a procesos de autoevaluación institucionales y revisión de políticas públicas que permitan tomar medidas y correctivos, se está frente a una oportunidad no ante un ataque. Descalificar a quienes son líderes sociales o promotores del paro, vetar temas e invisibilizar los esenciales, falsear o incumplir lo acordado, no son métodos de negociación sino estrategias de choque; los ofrecimientos o ayudas baladíes para tratar de dividir al movimiento de jóvenes e insistir en el autoelogio y el ensalzamiento rompe con el diálogo que implica escuchar, no es posible la negociación sin concesiones mutuas, se requiere negociadores no conversadores. El llamado entonces es al Gobierno Nacional para que respete a los estudiante y los movimientos sociales, soluciones, no más apariencia ni atajos para tomar decisiones; a los medios de comunicación que la noticia no sea la conducta de un puñado de delincuentes sino las solicitudes, las propuestas de quienes protestan, las expresiones artísticas, cargadas de leguaje simbólico y paz; a la ciudadanía, la solidaridad, la que da fuerza y permite los cambios; a los profesores, guiar la inconformidad estudiantil que busca un mejor país, todo esto hace parte de la construcción de saberes colectivos en el proceso enseñanza-aprendizaje.
En las tradicionales aulas el profesor dicta clases a sus alumnos, quienes se dedican a copiar y a repetir lo que el docente dijo; acatando los “sabios consejos” de los viejos: el buen alumno es el que va a aprender no a irrespetar con preguntas o cuestionamientos. Una queja constante de la educación que reciben los jóvenes colombianos es que no se los prepara para la vida ni para el desempeño laboral; se suele escuchar que los estudiantes parece que vivieran en otro mundo, que su actitud frente a los conflictos, por agudos que sean, es el desentendimiento, como si lo que ocurre en la casa, la sociedad y el país nada tuviera que ver con ellos. No se puede esperar cosa distinta, cuando hay un entorno y una comunidad educativa donde se capacita a las personas para que sean obedientes, sumisas, temerosas de lo divino y lo humano, preocupadas por cuidar el puesto o cupo, “concientizadas para no revelarse” y de esta manera evitar castigos o consecuencias.
Afortunadamente hoy, con los Paros Nacionales de 21 de noviembre de 2019 y 21 de enero de 2020, aunque para algunos resulte contradictorio, se ha revivido la esperanza, los estudiantes están rompiendo desuetos esquemas y dando importantes lecciones; el lugar para aprender son las calles, los parques y las plazas, no exclusivamente las aulas. En estos escenarios donde discurre la vida diaria de la gente, con profunda desigualdad, angustias y necesidades insatisfechas, que se agudizan y se esquivan administración tras administración, los estudiantes han hecho evidente su sensibilidad, están preocupados por esas realidades; que bueno que esto esté pasando. No es necesario que los jóvenes y otros sectores de la sociedad deban comprender exactamente el origen, el alcance de los múltiples problemas y que además sus reivindicaciones deban ser concretas, estructuradas, para que merezcan la atención del presidente de la República y los funcionarios de las entidades territoriales. No, lo esencial es el ejercicio de los derechos y la conciencia social, que sin distingo de estratos se expresen opiniones, pensamientos, inconformidades, lo que prima es la libertad y la inclusión. En la calle como en toda aula hay mucho para aprender, de eso se trata, una lección está repasada: las protestas y manifestaciones deben ser pacíficas, son inadmisibles la violencia, el vandalismo, la provocación del miedo, provenga de particulares o de las autoridades.
Si la educación cambia, el país se transforma. Los profesores deben ser unos facilitadores en el proceso de aprendizaje, el escrutinio permanente de los temas que afectan a la población, especialmente la más vulnerable no es un asunto de ciertas disciplinas, bienvenida la crítica y el examen, necesitamos educadores y ciudadanos que hablen de política, que discutan; los gobernantes no son poseedores de la verdad ni del poder omnímodo, ni la solución es matarse. La despreciada calle y sus inconformes actores continúan creando unos saberes plurales, los estudiantes están enseñando, la nación están aprendiendo de ellos.
Con la llegada de los nuevos alcaldes y gobernadores hay expectativas, son grandes los retos respecto al manejo de las manifestaciones y protestas, frente a ello la tarea educativa debe continuar con ahínco. En Bogotá el pasado 16 de enero, la alcaldesa dio a conocer el nuevo protocolo de seguridad para abordar la protesta social, que comprende la acción de sanción social contra quienes usen la violencia o atenten contra el patrimonio, acompañada por las madres gestoras de paz; en segunda instancia, está la intervención de los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno; si el mecanismo no funciona, actuará la Policía Nacional con la fuerza disponible, los cuales estarán equipados únicamente con un escudo y un bastón; y en última instancia intervendrá el Esmad, en situaciones extraordinarias cuando haya riesgo para la vida de los manifestantes. El mismo día que dio a conocer el protocolo, un grupo de encapuchados obstruyó la troncal de TransMilenio en inmediaciones de la Universidad Nacional, se utilizaron los procedimientos de persuasión mencionados y tras cuatro horas de bloqueos tuvo que acudir al Esmad.
Como se suele decir comúnmente no solo hay derechos, también obligaciones; en la Constitución de 1991 está dispuesto todo un andamiaje en materia de derechos humanos y en una regulación normativa menos amplia se prevé que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades, siendo deberes de la persona y del ciudadano, entre otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; apoyar y respetar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas; propender por el logro y mantenimiento de la paz. Desde luego que los graves problemas que debe atender el Gobierno Nacional y los mandatarios locales no se resuelven de la noche a la mañana con el cambio de funcionarios, ni las causas son atribuibles, por lo general, a un determinado gobernante, pero cuenta mucho la manera como se tratan las demandas ciudadanas, la actitud, la disposición para el dialogo, la gestión, máxime cuando lo que está comprometidos son bienes esenciales de las personas, ello demuestra “quién es quién”. Los estudiantes lo han dicho y reiterado, no están de acuerdo con los violentos ni apoyan sus acciones, rechazan los excesos de la Fuerza Pública y la utilización del Esmad como primera medida.
Hay que reflexionar serenamente, sin caer en las redes de la manipulación de quienes gustan en todo momento de la fuerza, de la mano dura; como tampoco de los que perdieron las elecciones y consideran que su reino es la oposición irreflexiva, la anarquía y que solo es o será perfecto su gobierno. Aquí es donde juega un papel transcendental la educación, las competencias ciudadanas y las prácticas democráticas, lecciones que se aprenden y se ejercitan en esa aula abierta que son las calles; el paro de 21 de enero así lo confirmó, en varias ciudades y especialmente en Bogotá, operó la concertación para despejar vías, se cumplió con el protocolo, se utilizó la censura ciudadana contra los desadaptados, no hubo muertos, todo esto se generó porque la alcaldesa tiene muy claro que protesta social no es lo mismo que alteración del orden público. En consecuencia, si no se avanza en forma constructiva en la resolución de conflictos, dará lo mismo un gobernante prudente, cauto, que uno terco o manipulable, un vándalo que un estudiante o un trabajador, finalmente se impondrá la violencia, la confrontación física y no la concertación.
Los paros y las protestas no son formas de desestabilización institucional ni una amenaza para los gobernantes, por el contrario, se consolida la democracia participativa que implica no solo la conformación sino también el control del poder político. Estas expresiones ciudadanas, deben conducir a procesos de autoevaluación institucionales y revisión de políticas públicas que permitan tomar medidas y correctivos, se está frente a una oportunidad no ante un ataque. Descalificar a quienes son líderes sociales o promotores del paro, vetar temas e invisibilizar los esenciales, falsear o incumplir lo acordado, no son métodos de negociación sino estrategias de choque; los ofrecimientos o ayudas baladíes para tratar de dividir al movimiento de jóvenes e insistir en el autoelogio y el ensalzamiento rompe con el diálogo que implica escuchar, no es posible la negociación sin concesiones mutuas, se requiere negociadores no conversadores. El llamado entonces es al Gobierno Nacional para que respete a los estudiante y los movimientos sociales, soluciones, no más apariencia ni atajos para tomar decisiones; a los medios de comunicación que la noticia no sea la conducta de un puñado de delincuentes sino las solicitudes, las propuestas de quienes protestan, las expresiones artísticas, cargadas de leguaje simbólico y paz; a la ciudadanía, la solidaridad, la que da fuerza y permite los cambios; a los profesores, guiar la inconformidad estudiantil que busca un mejor país, todo esto hace parte de la construcción de saberes colectivos en el proceso enseñanza-aprendizaje.