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Las reformas que propone el “Gobierno del Cambio” han provocado controversias y tensiones en distintos sectores del Estado, fracturando el apoyo de la coalición de gobierno y mostrando desacuerdos dentro del gabinete. Mientras se concretan las reformas, el cambio -por el momento- se evidencia en el discurso. En este primer semestre se reavivó el interés por implementar el Acuerdo Paz, se introdujo la idea de “Paz Total”, se propone un giro a la política contra las drogas, la necesidad de atender el cambio climático y acelerar la transición energética.
Aquí me ocuparé de este último asunto, la transición energética. Éste es un proceso necesario y vinculado a la descarbonización de la economía, de ahí las polémicas por el posicionamiento del gobierno respecto a continuar, o no, con la exploración y explotación de carbón y petróleo. No debatiré aquí su postura; más bien, la idea es llamar la atención sobre la necesidad de definir una política que oriente la transición, clarifique la manera como ocurrirá en los territorios y la institucionalidad que acompañará este proceso.
Para ello es necesario dar respuesta a varios interrogantes, ¿Cómo se propone la transición en territorios que han dependido de la extracción del carbón o el petróleo?, ¿Cómo se protegen los territorios donde actualmente se realiza exploración y explotación de cobre, cobalto o níquel, minerales de alta demanda para la generación de energía eólica, térmica o geotérmica? ¿Cómo se distribuirán los costos y beneficios en los territorios donde se construirá la infraestructura para la producción de nuevas energías, como paneles solares o parques eólicos? ¿De qué manera se organizará la distribución e inversión de las rentas generadas? ¿Cómo se reflejarán en el bienestar de los territorios?
La intensificación de la actividad extractiva a inicios de los 2000 en Colombia dejó enseñanzas para anticipar asuntos que deben ser atendidos, con el fin de evitar dinámicas invasivas y avasalladoras que condicionan la vida en estos territorios. No obstante, actualmente ocurren conflictos relacionados con actividades vinculadas al proceso de transición energética. En la Guajira, existen conflictos intracomunitarios en la comunidad wayúu por la instalación de parques eólicos en su territorio; en la región de Montes de María, se han generado tensiones por el acaparamiento de tierra por parte de una empresa reforestadora vinculada al negocio de los bonos de carbono; al igual que en comunidades indígenas del Putumayo, donde se desconocían acuerdos realizados entre sus autoridades con éstas empresas. En Mocoa, el avance de actividades exploratorias en sus montañas por parte de la empresa Libero Cobre con miras a la instalación de una mina de cobre y molibdeno, causa incertidumbre y divisiones dentro de la población transformando las relaciones sociales, políticas y económicas, aunque la explotación no haya empezado.
Hay evidencia para pensar que no se está configurando un escenario distinto al existente hace veinte años, cuando Colombia intensificó las actividades extractivas desordenada y aceleradamente, con una institucionalidad frágil para la planeación, control y fiscalización incrementando la conflictividad en los territorios. El sector minero-energético ha sido de los menos descentralizados, con escasa presencia en las regiones y cuyas decisiones – decretadas más que deliberadas- tienen fuertes impactos en lo local. El llamado de atención es a incluir en las discusiones sobre la transición los desafíos que impone este cambio de modelo en lo subnacional, precisando cuál será su aporte no sólo al desarrollo nacional sino al territorial. Por tanto, es necesario pensar:
- Un escenario institucional robusto que articule los distintos niveles de gobierno, clarificando sus competencias en la implementación de esta política.
- Gobiernos y entidades territoriales con capacidad para regular las relaciones entre el sector corporativo - que desarrolla este tipo de proyectos- y las comunidades, buscando evitar malas prácticas usadas por algunas empresas para obtener la licencia social.
- Mecanismos adecuados para la socialización y comprensión de las transformaciones que ocurrirán en los territorios, antes de su intervención, identificando los costos y beneficios que tendrán sus poblaciones.
La decisión es acelerar la transición energética como una directiva nacional. El reto es concretar la manera como esto se traducirá en los territorios, cuyo éxito depende de la institucionalidad que acompañe su implementación y tramite la conflictividad que allí emerja
*Investigadora del Centro Latinoamericano para del Desarrollo Rural - Rimisp