Hace un mes, se dio a conocer la trágica noticia del asesinato de David Fernández Soler, a manos de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”. Su único “error” fue intentar escapar de una guerra que no era suya. Fernández Soler fue víctima de un macabro juego liderado por las disidencias armadas: lo persiguieron y hostigaron durante meses, lo manipularon para que creyera que el monte colombiano era su única opción de seguridad, lo utilizaron como un trofeo en las selvas del Yarí y lo asesinaron cuando intentó huir de la guerra.
David, conocido como “Coco”, fue un líder social juvenil destacado en la Primera Línea del Portal de la Resistencia durante el Estallido Social en Colombia. Desde joven, se involucró en la política y luchó por la justicia, logrando ser elegido como Consejero de Juventud en 2021. Su valentía lo llevó a enfrentarse a múltiples amenazas y persecuciones por su activismo, las cuales denunció ante las autoridades sin obtener medidas oportunas de protección.
A finales de 2022, fue presionado por las Disidencias de las FARC para unirse a su causa, lo que lo llevó a desaparecer. En junio de 2023, contactó a su familia, confesando que había escapado de ser parte del grupo armado, que nunca había querido estar allí y que estaba siendo obligado a hacer cosas que nunca quiso. A pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno colombiano no actuó, y en julio de 2024, Iván Mordisco confirmó su muerte, calificándolo de desertor. Organizaciones como el Colectivo Memoria Viva David Fernández Soler y la Fundación Nydia Erika Bautista ahora claman por la recuperación de su cuerpo, buscando que el gobierno de Gustavo Petro permita a su familia despedirlo con el respeto y dignidad que merece.
Este caso cuestiona la capacidad del Estado para cumplir con su deber de proteger a las y los jóvenes de la persecución y evitar que sean forzados a engrosar las filas de actores armados que minan los derechos humanos en el país. La normativa vigente sobre el reclutamiento ilícito está orientada prioritariamente a la protección de personas menores de 18 años, reconociendo su especial vulnerabilidad y proceso de desarrollo. Por ello, la ley debe garantizar un interés superior en su protección, lo que, a su vez, ha guiado los desarrollos jurisprudenciales que los reconocen como sujetos de especial protección constitucional.
Lo anterior no debería generar controversia, sin embargo, son precisamente las personas que superan el umbral de los 18 años quienes se convierten en el principal objetivo de los actores armados, y quienes carecen de mecanismos especiales de protección. La normativa sobre mayores de 18 años se basa en la premisa de que, a esta edad, las personas han alcanzado un nivel suficiente de madurez, autonomía y capacidad de decisión, siendo reconocidas como adultas, con la capacidad de ejercer derechos y asumir responsabilidades sin necesidad de tutela o protección por parte del Estado o de sus tutores.
No obstante, al observar la realidad cotidiana de quienes recién cumplen la mayoría de edad, se evidencia que esta premisa raramente se cumple. No es casualidad que el 26% de los jóvenes en el país no tengan acceso a oportunidades de estudio o trabajo, o que el estallido social haya reflejado la indignación de una juventud que enfrenta la desatención estatal, la falta de oportunidades para una vida digna, la desigualdad estructural y la discriminación. Es en esta situación de vulnerabilidad donde los actores armados encuentran terreno fértil para reclutar jóvenes y exhibirlos como trofeos ante la sociedad y el Estado. Son llevados al monte a pelear una guerra ajena, que no responde, ni responderá, a las demandas de la movilización social.
Estos actores despliegan, por un lado, promesas de seguridad e integridad a través de la lucha armada (como lo ha recogido Pacifista e Indepaz), mientras que, por el otro, utilizan mecanismos de persecución y coerción atribuidos a las fuerzas del Estado y los paramilitares. Finalmente, el reclutamiento forzado, o coactivo, como prefieren llamarlo las familias, se desarrolla tanto en las ciudades como en la ruralidad, culminando en la desaparición de jóvenes.
La particularidad del caso de Coco no responde a un escenario de excepcionalidad, sino a un patrón alarmante de inacción institucional y la normativa con los jóvenes líderes que se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Día a día vamos encontrando que los diferentes repertorios de victimización se repiten. Brayan Méndez es otro caso de un joven reclutado y desaparecido, y nada más, el pasado 15 de agosto Camila Ospitia y Camilo Sánchez “MC Cub”, dos líderes juveniles, fueron asesinados mientras estaban en los linderos de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa. Ambos dedicaban su vida al arte y trabajaban junto a los colectivos Comunidad del Bicho y Arquitectura Expandida.
Sus desapariciones y muertes subrayan la urgente necesidad de que las organizaciones sociales, colectivos e instituciones se unan para enfrentar la creciente ola de desapariciones forzadas y asesinatos de jóvenes líderes en todo el país. El llamado es, además, para que la indiferencia no sea constante ante esta realidad. La violencia contra quienes luchan por un mundo más justo no debe ser permitida, y es crucial que la comunidad y las organizaciones mantengan firme su compromiso con las juventudes y sus ideales.
La memoria de Camilo, Camila y David, entre otros jóvenes asesinados, debe ser la fuerza que guíe las luchas sociales y populares por justicia y paz, exigiendo respuestas contundentes y atención prioritaria a los actores criminales que buscan mantener a las juventudes en el fuego cruzado de una guerra que no les pertenece.