Las políticas sociales del cambio (2022-2026): Un balance agridulce para Colombia

Tras dos años del gobierno del Cambio encabezado por Francia Márquez y Gustavo Petro (2022-2026) las políticas sociales enfrentan una serie de desafíos relacionados con su concepción, diseño e implementación. Los nuevos enfoques e intenciones del programa de gobierno (un pacto de nación desde abajo) en materia social no logran ser implementados en los espacios micro barriales y territoriales por la estructura institucional central. Por el contrario, se observa la persistencia de viejos problemas relacionados con patrones de desigualdad en amplios sectores urbanos y rurales, el aumento de la conflictividad violenta y criminal del país, la persistencia de esquemas de bienestar limitados, y la ausencia de mecanismos de articulación y coordinación institucional desde el nivel central al local para garantizar la justicia social.

La agenda social que promueve el gobierno del cambio en Colombia logra mostrar los vacíos de bienestar y cohesión social derivados de la persistencia de un modelo de Estado empresarial desplegado por décadas, como receta para la inclusión de ciudadanos pobres. Los indicadores centrales en materia de pobreza Monetaria (33%) y pobreza extrema (11, 4%, Dane, 2024) muestran una pequeña reducción en el periodo 2022 a 2023, pero existen serias dudas sobre los mecanismos de política social que permitieron estas leves disminuciones, lo que evidencia la complejidad de las políticas sectoriales.

Las reformas sociales del gobierno del cambio esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los proyectos de ley presentados al Congreso de la República en materia de salud, educación, pensiones y trabajo fueron planteadas a la sociedad colombiana con serios problemas de comunicación, pedagogía, e instrumentos técnicos de carácter legal y presupuestal. Los reclamos históricos de amplios sectores populares que no son incluidos e integrados en los limitados sistemas de bienestar, no se logran traducir en nuevas políticas públicas y marcos legales que se enfrenten a los dramas que produce el capitalismo globalizado en materia de insatisfacción, inseguridad y padecimiento.

Las transformaciones que fueron solicitadas por el electorado a la fórmula ganadora (progresista y alternativa) del 2022, han sido discutidas a medias en los diálogos regionales vinculantes, en foros y espacios de discusión en donde se plasmaron algunas ideas de sectores inconformes (mal llamados progresistas) con el modelo de bienestar construido hasta el momento en Colombia. Las políticas consignadas en el Plan de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, no lograron ser una hoja de ruta y un motivo de esperanza para el cambio y sus transformaciones desde el gobierno central.

Algunas promesas de campaña fueron consignadas en el plan de desarrollo, situación que ha generado una serie de resistencias en sectores opositores, grupos y elites políticas que funcionan como intermediarios (operadores y mediadores) del neoasistencialismo implementado por décadas en Colombia. Las reformas planteadas hasta el momento chocan con empresas, medios de comunicación (redes sociales) y grupos de presión, fracturando la coalición gubernamental, hacia adentro con la salida de las cabezas de varios ministerios que no han logrado consensuar sus reformas, y hacia afuera con un clima de polarización que no deja espacio para la reflexión y el análisis pausado de los pros y los contras de las reformas planteadas en múltiples foros por los dirigentes gubernamentales.

No obstante (pese a todo), los principales avances de las políticas sociales del cambio se pueden caracterizar así:

• a. La promoción de enfoques más orientados a la territorialización de la política social, facilitando la comprensión de las inequidades e injusticias de la ruralidad y la marginalidad urbana.
• b. La generación de una nueva institucionalidad social que puede promover la equidad y la igualdad en materia social con enfoques del cuidado.
• c. La incorporación de una agenda política y social que problematiza el ideal de bienestar construido por décadas basadas en lógicas duales y mercantiles en Colombia, sin avanzar en la sociedad más homogénea y en la universalización de la política social.
• d. La promoción de una administración pública inclusiva hacia las mujeres, los grupos étnicos, las organizaciones campesinas, los sectores LGBTQ+ y migrantes, grupos considerados nuevos agentes de la política social y actores del cambio por el gobierno central.

Los dos años del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, también evidencian una serie de tensiones que complejizan la implementación de la acción pública en materia social. Cumplir con las promesas de cambio es una tarea difícil, más aún, cuando se carece de instrumentos técnicos que permitan monitorear los resultados de corto y mediano plazo, se nota la ausencia de indicadores sociales robustos, la escasa producción de sistemas de información, seguimiento y conocimiento de las políticas y del trámite de las reformas planteadas por la agenda gubernamental en el Congreso de la República.

También se observa la persistencia de los problemas de corrupción, opacidad y clientelismo en las políticas sociales implementadas, situación que impide el acceso a un sistema público de bienestar que garantice una ciudadanía social para todos; así mismo, se advierte la persistencia de un sistema de bienestar limitado en lo material y lo subjetivo, cada vez más lejano e insostenible en materia de gasto público para la ciudadanía y las instituciones que lo respaldan.

En los próximos dos años, el desafío consiste en reducir las brechas de bienestar generadas y desnudadas por la ausencia de políticas consistentes en materia social, la crisis económica y fiscal son solo un aspecto de las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos como sociedad. También se observa una gran incapacidad para producir políticas más participativas y deliberantes durante el proceso de implementación de la acción pública, pensar en nuevas formas de bienestar (material y subjetivo) de largo plazo, con un modelo de organización basado en el cuidado, el ordenamiento del territorio, la transformación productiva y el cambio climático.

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*Esta columna contó con la colaboración del profesor de la Universidad del Valle Bairon Otálvaro Marín. Socio de Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente.

**Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con dos capítulos regionales en Cali (Foro Suroccidente) y en Bogotá (Foro Región Central).

Tras dos años del gobierno del Cambio encabezado por Francia Márquez y Gustavo Petro (2022-2026) las políticas sociales enfrentan una serie de desafíos relacionados con su concepción, diseño e implementación. Los nuevos enfoques e intenciones del programa de gobierno (un pacto de nación desde abajo) en materia social no logran ser implementados en los espacios micro barriales y territoriales por la estructura institucional central. Por el contrario, se observa la persistencia de viejos problemas relacionados con patrones de desigualdad en amplios sectores urbanos y rurales, el aumento de la conflictividad violenta y criminal del país, la persistencia de esquemas de bienestar limitados, y la ausencia de mecanismos de articulación y coordinación institucional desde el nivel central al local para garantizar la justicia social.

La agenda social que promueve el gobierno del cambio en Colombia logra mostrar los vacíos de bienestar y cohesión social derivados de la persistencia de un modelo de Estado empresarial desplegado por décadas, como receta para la inclusión de ciudadanos pobres. Los indicadores centrales en materia de pobreza Monetaria (33%) y pobreza extrema (11, 4%, Dane, 2024) muestran una pequeña reducción en el periodo 2022 a 2023, pero existen serias dudas sobre los mecanismos de política social que permitieron estas leves disminuciones, lo que evidencia la complejidad de las políticas sectoriales.

Las reformas sociales del gobierno del cambio esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los proyectos de ley presentados al Congreso de la República en materia de salud, educación, pensiones y trabajo fueron planteadas a la sociedad colombiana con serios problemas de comunicación, pedagogía, e instrumentos técnicos de carácter legal y presupuestal. Los reclamos históricos de amplios sectores populares que no son incluidos e integrados en los limitados sistemas de bienestar, no se logran traducir en nuevas políticas públicas y marcos legales que se enfrenten a los dramas que produce el capitalismo globalizado en materia de insatisfacción, inseguridad y padecimiento.

Las transformaciones que fueron solicitadas por el electorado a la fórmula ganadora (progresista y alternativa) del 2022, han sido discutidas a medias en los diálogos regionales vinculantes, en foros y espacios de discusión en donde se plasmaron algunas ideas de sectores inconformes (mal llamados progresistas) con el modelo de bienestar construido hasta el momento en Colombia. Las políticas consignadas en el Plan de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, no lograron ser una hoja de ruta y un motivo de esperanza para el cambio y sus transformaciones desde el gobierno central.

Algunas promesas de campaña fueron consignadas en el plan de desarrollo, situación que ha generado una serie de resistencias en sectores opositores, grupos y elites políticas que funcionan como intermediarios (operadores y mediadores) del neoasistencialismo implementado por décadas en Colombia. Las reformas planteadas hasta el momento chocan con empresas, medios de comunicación (redes sociales) y grupos de presión, fracturando la coalición gubernamental, hacia adentro con la salida de las cabezas de varios ministerios que no han logrado consensuar sus reformas, y hacia afuera con un clima de polarización que no deja espacio para la reflexión y el análisis pausado de los pros y los contras de las reformas planteadas en múltiples foros por los dirigentes gubernamentales.

No obstante (pese a todo), los principales avances de las políticas sociales del cambio se pueden caracterizar así:

• a. La promoción de enfoques más orientados a la territorialización de la política social, facilitando la comprensión de las inequidades e injusticias de la ruralidad y la marginalidad urbana.
• b. La generación de una nueva institucionalidad social que puede promover la equidad y la igualdad en materia social con enfoques del cuidado.
• c. La incorporación de una agenda política y social que problematiza el ideal de bienestar construido por décadas basadas en lógicas duales y mercantiles en Colombia, sin avanzar en la sociedad más homogénea y en la universalización de la política social.
• d. La promoción de una administración pública inclusiva hacia las mujeres, los grupos étnicos, las organizaciones campesinas, los sectores LGBTQ+ y migrantes, grupos considerados nuevos agentes de la política social y actores del cambio por el gobierno central.

Los dos años del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, también evidencian una serie de tensiones que complejizan la implementación de la acción pública en materia social. Cumplir con las promesas de cambio es una tarea difícil, más aún, cuando se carece de instrumentos técnicos que permitan monitorear los resultados de corto y mediano plazo, se nota la ausencia de indicadores sociales robustos, la escasa producción de sistemas de información, seguimiento y conocimiento de las políticas y del trámite de las reformas planteadas por la agenda gubernamental en el Congreso de la República.

También se observa la persistencia de los problemas de corrupción, opacidad y clientelismo en las políticas sociales implementadas, situación que impide el acceso a un sistema público de bienestar que garantice una ciudadanía social para todos; así mismo, se advierte la persistencia de un sistema de bienestar limitado en lo material y lo subjetivo, cada vez más lejano e insostenible en materia de gasto público para la ciudadanía y las instituciones que lo respaldan.

En los próximos dos años, el desafío consiste en reducir las brechas de bienestar generadas y desnudadas por la ausencia de políticas consistentes en materia social, la crisis económica y fiscal son solo un aspecto de las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos como sociedad. También se observa una gran incapacidad para producir políticas más participativas y deliberantes durante el proceso de implementación de la acción pública, pensar en nuevas formas de bienestar (material y subjetivo) de largo plazo, con un modelo de organización basado en el cuidado, el ordenamiento del territorio, la transformación productiva y el cambio climático.

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*Esta columna contó con la colaboración del profesor de la Universidad del Valle Bairon Otálvaro Marín. Socio de Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente.

**Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con dos capítulos regionales en Cali (Foro Suroccidente) y en Bogotá (Foro Región Central).