Las promesas de campaña se repiten con procacidad cada cuatro años, las hacen “unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos”, como dice la canción A quien engañas abuelo; bambuco que refleja la realidad social. Ciertamente, en elecciones para Congreso y presidente de la República, se promete incluso violar la Constitución, un buen referente es lo acontecido en Colombia en el periodo 2018 a 2022, que está concluyendo.
Con una bandera deslucida y cumpliéndole a su partido, el señor Iván Duque como candidato y luego como presidente, ha atacado el Acuerdo Final de Paz y obstaculizado el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), basta recordar las objeciones por inconveniencia a la ley estatutaria de este Tribunal. El proceso de implementación marcha a cuentagotas; pero el gran lunar es la matanza de los exintegrantes de las Farc y la redistribución de tierras. El Acuerdo está cimentado en la Constitución y por eso las extralimitaciones, la omisión y las acciones políticas que lo debiliten violan la Carta Fundamental.
La modificación del artículo 34 de la Constitución al imponer la prisión perpetua para homicidas y violadores de niños, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes deben ser castigadas con severidad; así está previsto en el Código Penal vigente. Esta reforma trasgredía la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, generaba un retroceso en materia de humanización de la pena y de la garantía de resocialización de las personas condenadas; una medida sin capacidad disuasiva e ineficaz para contrarrestar las verdaderas causas sobre desprotección de las niñas y niños, en su familia y entorno. No obstante, se insistió en sacarla adelante, a eso se comprometió el presidente y fue promovida por las mayorías en el Congreso; esto atrae votantes, entonces nada mejor que una buena dosis de populismo punitivo y electoral.
Según el actual gobierno, la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato es una medida absolutamente necesaria para combatir el narcotráfico, delito al que se le atribuye casi todos los males de la sociedad colombiana. Esta es otra falacia, no se ataca a los productores y distribuidores, se persigue a los campesinos y se afecta sus tierras; hay una seria vulneración a la salud, a la vida, al medio ambiente, por eso la Corte Constitucional afianzó el principio de precaución; acertadamente se avanzó en la garantía de la consulta previa y la participación de comunidades étnicas diferenciadas. Finalmente, la Corte Constitucional, luego de revisar algunas tutelas de jueces regionales, consideró que la aprobación del Plan de Manejo Ambiental para regresar a la aspersión con glifosato, quebrantó el derecho a la participación de las comunidades; ese procedimiento no se podrá realizar en lo que queda del este gobierno.
Pero no solo los ofrecimientos guían al presidente y a los congresistas que lo apoyan; también los mueve sacar ventaja electoral, quebrantar el principio de igualdad, ahí está la modificación a la Ley de Garantías Electorales, en la que se eliminó la prohibición de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. Mediante una ley ordinaria se modificó una ley estatutaria, esta inconstitucionalidad ostensible fue advertida por la oposición, los juristas y académicos; le apostaron a que el control de constitucionalidad de la Corte llegue cuando no surta ningún efecto práctico. Hoy esa modificación está plenamente vigente.
Por último, está la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto; el ardid dirigido a la reforma de la Constitución mediante la convocatoria a un referéndum para dejar sin efecto la sentencia o cambiar las funciones de la Corte, no se hizo esperar. Sin embargo, es válido y legítimo disentir de las decisiones de la Corte e interponer los recursos de ley; pero no lo es el ataque a los cinco magistrados cuya decisión fue mayoritaria, promover el desacato de decisiones judiciales y menos suscitar la división entre asesinos de los que están por nacer y los que defienden la vida. Lo mejor en esta campaña política es escuchar propuestas estructuradas, lo demás es oportunismo político
Las promesas de campaña se repiten con procacidad cada cuatro años, las hacen “unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos”, como dice la canción A quien engañas abuelo; bambuco que refleja la realidad social. Ciertamente, en elecciones para Congreso y presidente de la República, se promete incluso violar la Constitución, un buen referente es lo acontecido en Colombia en el periodo 2018 a 2022, que está concluyendo.
Con una bandera deslucida y cumpliéndole a su partido, el señor Iván Duque como candidato y luego como presidente, ha atacado el Acuerdo Final de Paz y obstaculizado el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), basta recordar las objeciones por inconveniencia a la ley estatutaria de este Tribunal. El proceso de implementación marcha a cuentagotas; pero el gran lunar es la matanza de los exintegrantes de las Farc y la redistribución de tierras. El Acuerdo está cimentado en la Constitución y por eso las extralimitaciones, la omisión y las acciones políticas que lo debiliten violan la Carta Fundamental.
La modificación del artículo 34 de la Constitución al imponer la prisión perpetua para homicidas y violadores de niños, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes deben ser castigadas con severidad; así está previsto en el Código Penal vigente. Esta reforma trasgredía la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, generaba un retroceso en materia de humanización de la pena y de la garantía de resocialización de las personas condenadas; una medida sin capacidad disuasiva e ineficaz para contrarrestar las verdaderas causas sobre desprotección de las niñas y niños, en su familia y entorno. No obstante, se insistió en sacarla adelante, a eso se comprometió el presidente y fue promovida por las mayorías en el Congreso; esto atrae votantes, entonces nada mejor que una buena dosis de populismo punitivo y electoral.
Según el actual gobierno, la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato es una medida absolutamente necesaria para combatir el narcotráfico, delito al que se le atribuye casi todos los males de la sociedad colombiana. Esta es otra falacia, no se ataca a los productores y distribuidores, se persigue a los campesinos y se afecta sus tierras; hay una seria vulneración a la salud, a la vida, al medio ambiente, por eso la Corte Constitucional afianzó el principio de precaución; acertadamente se avanzó en la garantía de la consulta previa y la participación de comunidades étnicas diferenciadas. Finalmente, la Corte Constitucional, luego de revisar algunas tutelas de jueces regionales, consideró que la aprobación del Plan de Manejo Ambiental para regresar a la aspersión con glifosato, quebrantó el derecho a la participación de las comunidades; ese procedimiento no se podrá realizar en lo que queda del este gobierno.
Pero no solo los ofrecimientos guían al presidente y a los congresistas que lo apoyan; también los mueve sacar ventaja electoral, quebrantar el principio de igualdad, ahí está la modificación a la Ley de Garantías Electorales, en la que se eliminó la prohibición de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. Mediante una ley ordinaria se modificó una ley estatutaria, esta inconstitucionalidad ostensible fue advertida por la oposición, los juristas y académicos; le apostaron a que el control de constitucionalidad de la Corte llegue cuando no surta ningún efecto práctico. Hoy esa modificación está plenamente vigente.
Por último, está la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto; el ardid dirigido a la reforma de la Constitución mediante la convocatoria a un referéndum para dejar sin efecto la sentencia o cambiar las funciones de la Corte, no se hizo esperar. Sin embargo, es válido y legítimo disentir de las decisiones de la Corte e interponer los recursos de ley; pero no lo es el ataque a los cinco magistrados cuya decisión fue mayoritaria, promover el desacato de decisiones judiciales y menos suscitar la división entre asesinos de los que están por nacer y los que defienden la vida. Lo mejor en esta campaña política es escuchar propuestas estructuradas, lo demás es oportunismo político