Los datos: la importancia de nombrar la violencia contra personas que usan drogas

Aunque en Colombia hay disponibilidad de información para rastrear la violencia interpersonal y los homicidios desde, al menos, 1999, la caracterización de las víctimas de estos delitos es aún una tarea de largo aliento. Ponerles rostro a las víctimas implica situarlas en un contexto y espacio específico, y requiere de un trabajo minucioso, que, si sale bien, puede llegar a retratar la complejidad de la violencia. Por ejemplo, entender la violencia contra las mujeres como una consecuencia de la misoginia que busca “aleccionarlas” socialmente a través del feminicidio o de las lesiones personales permite que los delitos en su contra no sean analizados como casos aislados, sino que, por el contrario, se entiendan unificados en el marco de la violencia machista. En el caso de las personas que usan drogas, la dinámica es parecida, pero no se reconoce como tal.

Con los primeros datos de homicidios y violencia interpersonal ya se hacían esfuerzos por describir la edad, el género, o el estado civil de las víctimas, así como a los presuntos agresores de cada una, el lugar de los hechos, y hasta distribuciones geográficas y temporales para buscar tendencias. Y no fue sino cinco años después, en 2004, que las víctimas empezaron a ser descritas según sus condiciones de vulnerabilidad. Esto permitió que “los datos” —como imaginario neutral e inamovible— se encaminaran a una comprensión estructural de la violencia: una que atraviesa la identidad de las personas (e incluso responde a ella) y enmarca condiciones de desigualdad que exponen a unas sobre otras a ser víctimas de violencia.

En el caso de usuarios/as de sustancias psicoactivas (SPA) los datos han permitido evidenciar que la violencia contra personas usuarias no parece ser un fenómeno del pasado, sino que se ha mantenido en el tiempo. A pesar de que la forma de nombrar a la población usuaria ha cambiado y responde a unas narrativas y contextos específicos sobre drogas —que no caben en esta conversación—, desde las primeras caracterizaciones por “factor de vulnerabilidad” —en los términos de Medicina Legal— la presencia de la población usuaria en las estimaciones de la violencia interpersonal y los homicidios ha sido permanente. Un ejemplo de ello es que para 2004 el 13% de las víctimas de homicidios del país fue caracterizado como usuario de drogas, y en los datos más recientes (2022) al menos el 6,4% fue clasificado de la misma forma. Esta permanencia de la categoría permite reafirmar, como lo mencionó por ejemplo la Comisión de la Verdad, que ser usuario/a de SPA ha implicado —e implica aún— la posibilidad de ser víctima de un tipo de violencia específica que se debe al hecho de relacionarse con drogas.

Sin embargo, quedan vacíos a la hora de rastrear estas dinámicas de violencia hacia usuarios/as de drogas —y hacia todos los grupos vulnerables en general— si una gran parte de las víctimas son caracterizadas como “otros” o “sin información”, o si existen categorías superpuestas que dificultan la lectura de la información. Un ejemplo de lo anterior son las caracterizaciones de “personas usuarias de drogas” y “personas habitantes de calle”, que pueden ser porosas entre sí e implicar correlación, dificultando los análisis para proteger a ambos tipos de población; esto último teniendo en cuenta que la clasificación en una u otra categoría queda a completa discrecionalidad de quien recolecta y ordena la información y puede estar sujeta a sesgos y, por qué no, hasta a clasificaciones equivocadas.

Por todo lo anterior, el llamado no debe ser solo a la producción continua de información, sino a la complejización de la misma: caracterizar a una víctima de una u otra forma genera disparidad de la información disponible y, por tanto, categorías porosas y zonas grises difíciles de equiparar —por ejemplo, los datos de Medicina Legal no son completamente comparables en el tiempo, ya que las categorías cambian entre sí—. Complejizar la recolección de información pasa, entonces, por reconocer que “los datos” pueden moverse entre espectros y ser útiles a diferentes marcos de interpretación, pues son narrativas de la realidad que pueden ser leídas de muchas formas y, lejos de la creencia colectiva de que “el dato mata el relato”, los números no hablan por sí solos, sino que están profundamente entrelazados con narrativas que moldean la percepción y la interpretación de esos datos, por lo que un enfoque de protección de derechos a grupos poblacionales vulnerables implica una recolección de datos compleja que sobrepase la idea de nombrar víctimas como números aislados e individuales.