Los “falsos positivos”: Una verdad aterradora pero necesaria

El anuncio público de la JEP sobre los avances de la investigación en el macro caso 003, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado,” nos confronta con las verdades incómodas que la justicia transicional ayudará a esclarecer para que asumamos de una vez por todas nuestro pasado violento, exijamos cuentas y avancemos decididamente para resolverlo y transformarlo.

El avance de la investigación que se ha presentado a la sociedad colombiana esta semana señala que se han documentado 6.402 personas asesinadas en estado de indefensión y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2010. Se aclara que éstas representan el 78% de las muertes de este tipo en un periodo histórico que se remota a los años 80. Se trata de una cifra que supera las 2.248 víctimas reportadas por la Fiscalía General de la Nación, las 2.279 documentadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, o las 1.741 reportadas por el CINEP.

Este cambio en las dimensiones no debería sorprendernos tanto, pues si algo se espera de la justicia transicional es que cierre la brecha entre lo ocurrido y lo conocido. Y dado el contexto actual hay que subrayar vigorosamente que es justamente un logro el acuerdo de paz que este conocimiento esté siendo posible.

La dinámica de construcción estadística está respaldada por variados canales : víctimas que se confrontan con el miedo para exigir justicia y que reconocen las oportunidades para denunciar; víctimas y organizaciones que pueden presentar informes ante la JEP; perpetradores que aportan verdad para obtener beneficios judiciales; y funcionarios y académicos que construyen una ruta de investigación para identificar patrones de macrocriminalidad a partir de la integración y contrastación de la información procedente de distintas fuentes. Este acumulado social e institucional permite consolidar hoy día un universo en el que se integran casos nunca denunciados ,y casos documentados por distintas fuentes que no compartían información.

Con estas anotaciones en mente cabe afirmar que muy probablemente en los 2.248 casos de la Fiscalía General de la Nación no estaba la totalidad de los 2.279 del Observatorio de Memoria y Conflicto, y a la inversa. Esto sin contar con otras fuentes como la Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos. Un aporte no menor de la JEP con su avance es que corrobora una vez más que tener información fragmentada puede ser tan grave como carecer de información, y que ambas situaciones son camino expedito al olvido y a la impunidad.

Las dimensiones de lo documentado por la JEP nos remiten a un inevitable ejercicio de memoria: evocar el informe sobre ejecuciones extrajudiciales del relator de la Organización de Naciones Unidas, Philip Alston, quien visitó Colombia en junio de 2009, y al año siguiente presentó sus conclusiones. Hace más de 10 años, Alston aseguraba que podrían ser más de 5.000 las víctimas de los “falsos positivos”; que había encontrado indicios de sistematicidad en los hechos, y algo muy contundente que dejamos pasar por alto, a saber, que esta escala de la victimización implicaba que uno de cada tres muertos reportados por el Estado colombiano en su lucha contra grupos armados ilegales como muertos en combate, eran en realidad “falsos positivos”.

Demostrar las dimensiones del hecho criminal es de enorme relevancia , ya que una de las características de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra es su carácter generalizado, así que las dimensiones cuentan , y mucho , para establecer un patrón de macrocriminalidad.

Seguramente algunos sectores de la opinión pública y de la política intentarán subestimar la cifra de 6.402 muertos, calificándolos como no tan relevantes en un conflicto armado que cuenta con más de 9 millones de víctima; y que ha dejado más de 265 mil muertos, según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica a 2018. Se omite en esas comparaciones negacionistas y poco éticas el agravante de que dichos crímenes fueron perpetrados por agentes de Estado, que tenían el mandato constitucional de proteger a los ciudadanos, y que se financiaron con los impuestos de todos los colombianos.

Pero más allá de las consideraciones éticas, dicha cifra puede decir mucho si aclaramos frente a qué universo de hechos violentos debe compararse, para comprender sus implicaciones. La comparación fuerte no es con el conjunto de la victimización del conflicto armado, sino con un subconjunto particular de la guerra: el de las muertes en combate.

Hagamos un encadenamiento lógico de las cifras. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 15.237 muertes en combate entre 2002 y 2010, así que este es el primer paso para determinar el universo que sirve de referencia para leer lo que implica la cifra de las víctimas de los “falsos positivos”. A este subconjunto hay que descontarle entonces la cifra de miembros de la Fuerza Pública, 3.777, que también son muertos en combate, lo que deja un resultado efectivo del universo de los que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate. A la luz de estos datos el número de muertes en combate de quienes fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales sería de 11.460.

Si son 11.460 los muertos en combate que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales, las 6.420 víctimas de los “falsos positivos” identificadas dentro de ese total cambia radicalmente la manera de interpretar los resultados operativos en la lucha contra los grupos armados ilegales. Si se tiene en cuenta que cada víctima de un “falso positivo” debe descontarse de las muertes en combate reportadas, se llega a la monstruosa conclusión de que la víctimas de los “falsos positivos” representaron 1 de cada 2 muertes reportadas como bajas en combate. Dicho de otra manera, más de la mitad de los resultados operacionales de una política pública de seguridad fueron producto de una operación criminal que presentó a civiles indefensos como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.

Cabe entonces preguntarse: Si el 56% de los muertos en combate que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales eran en realidad civiles en estado de indefensión, entonces la sistematicidad que en su momento señaló el relator de Naciones Unidas, asegurando que eso no implicaba la existencia de una política oficial, es sostenible ahora? . Siguiente pregunta: ¿Una directiva que ofrecía recompensas por bajas en combate no fue en realidad la causa determinante y última de una escala de victimización que copó más de la mitad de los resultados operacionales de una política de seguridad?

Verdades incómodas pero necesarias para continuar el debate. Última anotación: si el número de guerrilleros muertos en combate realmente es mucho menor que el que se presentó en su momento en los resultados operacionales, entonces la asimetría en la capacidad de infligir daño entre la guerrilla y el Estado se reduce considerablemente. En qué quedaría entonces la retórica victoriosa de la seguridad democrática?. Porque , en síntesis, si antes de que se develaran estas dimensiones de los “falsos positivos”, por cada miembro de la fuerza pública muerto en combate, había tres miembros de grupos armados ilegales muertos, ahora esa relación es casi simétrica, cercana a una relación 1 a 1, un muerto real en combate, y un muerto “falso positivo”. Aterradora revelación de esta guerra degradada. Las verdades que brinda la paz duelen, pero son las que estábamos esperando.

* Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia