Los intocables del Congreso y la violencia de género

En el 2022, Cifras y Conceptos develó que el Congreso de la República tiene la calificación más baja de confiabilidad (39%) de las instituciones públicas del país. Esto se debía principalmente a casos de corrupción, mala gestión, salarios y escándalos que envolvían esta ciudadela del poder. No obstante, debido a comentarios recientes del exsenador Gustavo Bolívar, se ha puesto la lupa a otro fenómeno que diezma la confiabilidad de ese espacio: las recientes denuncias sobre acoso y abuso sexual en el Legislativo.

Esto puede parecer como un fenómeno nuevo en el Congreso, un mal reciente que acecha el derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia. Sin embargo, la complejidad recae en lo espinoso de hablar sobre violencia de género cuando se conjugan relaciones asimétricas del poder entre empleadores y trabajadoras. El temor a las retaliaciones e intereses fomenta el silencio y la impunidad.

En contexto: Gustavo Bolívar comparece ante el Congreso para sustentar denuncias de acoso sexual

Las mujeres no denuncian los hechos ni a sus agresores por razones variadas. Primero, en el Congreso no existía un protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género, solo había una ruta para denunciar a través de las secretarías de ambas cámaras, sin enfoque diferencial, y excluyendo a trabajadoras administrativas, con contratos de prestación de servicios tercerizados o personas que realizamos actividades de incidencia desde organizaciones sociales.

Esto se está intentando solventar actualmente con la mesa directiva de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, que están trabajando en un protocolo de prevención, orientación y atención, ya que no tienen competencia para sancionar. El documento, socializado con varias organizaciones expertas, cuenta con canales internos y externos como Fiscalía, URI, Línea Púrpura, entre otras. Incluye también la definición del concepto de acoso sexual laboral, el alcance, los objetivos y el marco normativo del protocolo, quiénes serían consideradas víctimas de violencia sexual y un glosario que se alinea con las sentencias T-265 de 2016 y T-140 de 2021 de la Corte Constitucional. Este mecanismo sería un logro importante para visibilizar la interseccionalidad de la violencia, así como las amenazas que existen en espacios laborales para la igualdad de oportunidades y la dignidad de la persona.

Segundo, muchas víctimas no denuncian por los niveles de impunidad y complacencia que existen con los presuntos abusadores. Martha Nussbaum, una filósofa que ha estudiado la cultura de violencia y abuso sexual, presenta en su libro Ciudadelas de la soberbia algunas claves para este análisis. Por ejemplo, ella propone que detrás de la sistematicidad del abuso y acoso sexual en escenarios de poder está el narcisismo y, dentro de esta, la masculinidad tóxica: una que cosifica el cuerpo de sus colegas, que lo hace un botín para ser reclamado, pasando por encima a cualquier consentimiento posible por estar coaccionado y de paso dañando la agencia de la persona violentada.

El Congreso, como un símbolo y bastión de la democracia, no puede aceptar impávidamente la evasión de responsabilidades de ser un escenario del miedo, de violencias y de posibles agresiones sexuales. Aunque la valentía de varias denunciantes ha provocado atención mediática al respecto, el cuidado de sus testimonios, la no revictimización y el acompañamiento psicosocial deben ser prioridad y estar de la mano.

Es más, a medida que las mujeres se movilizan para contar sus historias se debe avanzar igualmente a su reparación y la promesa de no repetición. Esto se hace desde el respeto a las garantías constitucionales y el fortalecimiento de las instituciones que persiguen una reforma justa, con enfoque de género, interseccionalidad y acción sin daño.

De hecho, el Congreso tiene iniciativas que le pueden ayudar a mirarse hacia dentro, a fomentar una reflexión honesta con perspectivas de cambio. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2022, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, encabezada por la senadora María José Pizarro Rodríguez, solicitó al gobierno declarar una Emergencia de Género. Las razones pueden parecer obvias pero no se limitan a la crudeza de las cifras: más de 600 feminicidios en el país en el último año, según cifras de la Fiscalía General de la Nación. Esto no se materializó, pero ayudaría a facilitar medios administrativos, judiciales y presupuestales para la atención y prevención de las violencias de género, así como ayudar a detonar conversaciones y formación de género para los congresistas, así como también para sus equipos de trabajo.

Finalmente, en esta apuesta por conectar las agendas del Congreso con la coyuntura actual de denuncias, hay dos proyectos de ley que buscan fortalecer el enfoque de género. El primero se trata de las violencias contra las mujeres en la vida política, que es el Proyecto de Ley 095 de 2022 en Senado, el cual fomenta mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres. Y, el segundo tema, es sobre la violencia de género digital con el Proyecto de Ley 254 de 2022 y Proyecto de Ley 241 de 2022 del Senado. De esta manera, no hay una completa desconexión entre algunas agendas del Congreso y la necesidad de legislar sobre la tipificación del daño. No obstante, falta unir el hilo entre estos debates y lo que sucede en pasillos u oficinas del Congreso; esa violencia que se expande desde la complicidad del silencio y el poder absoluto.