Los retos de la paz tras seis años del Acuerdo

Por Paula Aguirre Ospina.

El pasado 24 de noviembre se cumplieron seis años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP y se da casi que en simultáneo con avances significativos y derivados de dos de las tres instituciones creadas bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRGN): El Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la primera resolución de conclusiones emitida por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la responsabilidad de exjefes de la extinta guerrilla por los secuestros cometidos durante el conflicto armado.

En cuanto al Informe Final de la CEV, presentado el 28 de junio y recibido por el presidente Gustavo Petro antes de posesionarse -quien reconoció los hallazgos y reiteró la importancia de darle cumplimiento a las recomendaciones contempladas “para lograr la meta de la no repetición”-, a tan solo cinco meses de su lanzamiento ha sido altamente cuestionado por actores y sectores políticos que desconfían de las cifras, el origen de los datos y el rol de las víctimas.

Si bien, la totalidad de las afirmaciones que pretenden posicionarse en contra del resultado de más de 3 años de trabajo de la CEV no cuentan con sustento e incluso han sido analizadas y desmentidas por medios de comunicación dedicados a verificar la información que circula en redes sociales, ponen de presente el enorme reto de no solo continuar con el trabajo de apropiación de lo consignado, sino también de entender y ser capaces de explicar la metodología que hubo detrás de la elaboración del Informe, dimensionando la magnitud de la información a la que se enfrentaron, particularmente, las y los integrantes de los núcleos o equipos de investigación.

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Por su parte, y más recientemente, la JEP emitió la primera e histórica resolución de conclusiones, correspondiente a la responsabilidad de los siete exjefes guerrilleros por los más de 21.000 secuestros cometidos bajo su mando, y en la que se reconoce el aporte al componente de verdad en el marco del macrocaso 001 y, consecuentemente, la aceptación de su responsabilidad individual y colectiva. Ahora, teniendo en cuenta que la resolución recomienda sanciones de ocho años (cinco para Rodrigo Granda), no necesariamente privativas de la libertad, el balón está en la cancha del Tribunal de Paz, que tiene la difícil labor de definir -en máximo seis meses- el cómo de estas sanciones, considerando también las propuestas de sanciones enviadas por las víctimas y por los mismos comparecientes.

Sin ir muy lejos de lo que viene sucediendo con el descrédito del Informe Final, estamos en un escenario en el que es fundamental no perder de vista que nos encontramos ante un mecanismo de justicia transicional y no ordinaria. Esto, ante el inevitable reclamo de cárcel desde diversos sectores que consideran que solo así se garantizará la justicia, desconociendo el papel activo que han tenido las víctimas a lo largo del proceso, recomendando incluso las sanciones que consideran que serán un vehículo para cumplir el mandato de la JEP al establecer las responsabilidades sobre los crímenes más graves y representativos, y allanando el camino para que, como sociedad, logremos transitar hacia la paz.

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Por esto, seis años después, el panorama nos deja en un doble rol. Por un lado el de superar con astucia los retos de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, que, con sus aciertos, desaciertos y retrasos, nos sigue presentando la posibilidad de pensar un país diferente y de superar las causas que nos han llevado a sumergirnos en un conflicto armado tan largo, complejo y doloroso. Y, por el otro, el rol de seguirle el paso juiciosamente a los recién reanudados diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Sin duda, este último rol implica un ejercicio de particular análisis e incluso de paralelo con el proceso de paz con las Farc, debido a que es la primera vez que el Eln se sienta a dialogar con un gobierno de izquierda como interlocutor y que, además, se insertan bajo el singular contexto de la paz total como prioridad del presidente Petro y que tiene como uno de sus objetivos lograr acuerdos de sometimiento a la justicia con otros grupos armados ilegales para consolidar la búsqueda de la paz como una política de Estado.

Aunque desempeñar una doble función no será fácil, será fundamental para nutrir los dos procesos y que se escuchen el uno al otro como forma de aspirar a una verdadera posibilidad de paz, sin cometer las mismas equivocaciones una y otra vez, y entendiendo que seis años después no estamos cerca, pero podemos estar menos lejos.