Más tiempo de verdad

En una decisión unánime, la Corte Constitucional decidió el pasado 30 de septiembre que el periodo de tiempo de trabajo de la Comisión de la Verdad de 3 años, declarado constitucional mediante sentencia C-017 de 2018, vence el 27 de junio de 2022, en lugar del 28 de noviembre de 2021 como estaba previsto inicialmente. Además establece dos meses adicionales, luego de esa fecha final, para las actividades de difusión del contenido del informe.

Con esta decisión la Corte no está alterando el contenido de su sentencia de 2018; simplemente está haciendo una interpretación del concepto de ‘periodo efectivo’ para concluir que, dadas las medidas restrictivas que se dieron con ocasión de la pandemia por Covid19 que impidieron buena parte del trabajo de la Comisión, particularmente en los territorios, se hace necesario que esa entidad cuente con tiempo adicional para desarrollar su trabajo.

La demanda que dio origen a esta decisión, surge de la experiencia que el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS de la Universidad de los Andes que estuvo preparando durante la pandemia el informe con destino a la Comisión de la Verdad denominado “Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente”. Durante el proceso de investigación, el equipo de PAIIS enfrentó las dificultades propias de la realidad virtual, particularmente al buscar los espacios de conversación con víctimas en el territorio. Así, identificando dificultades en acceso a tecnología, en construcción de confianza y en la creación de espacios humanos de diálogo, constatamos que las medidas de confinamiento por la pandemia impactaron de forma definitiva la posibilidad de incorporar más voces desde los territorios, que es donde finalmente está ubicada la mayor parte del relato de nuestro conflicto.

Tal evidencia llevó a PAIIS a proponerle a DeJusticia a estudiar conjuntamente la posibilidad de adelantar una acción jurídica que pudiera dar un poco más de tiempo a la Comisión para recuperar esos espacios participativos territoriales que la pandemia impidió. Entendimos rápidamente que, dado que este trabajo tiene como centro a las víctimas, era indispensable sumar a nuestro trabajo a las organizaciones de víctimas. Fue así como ASOVIDA, Percadi y la Red Colombiana de Lugares de Memoria se sumaron a nuestra iniciativa. Su respuesta respaldando el ejercicio fue contundente y nos reafirmó la necesidad de seguir adelante con esta apuesta.

La demanda se enfocó en el cumplimiento de los acuerdos conforme a su espíritu y la vulneración que podría estarse dando al derecho a la verdad de las víctimas y el país. La acción contó con 30 intervenciones de las cuales solo una, la del Gobierno, se opuso a las pretensiones de la demanda. Además, después de interpuesta, los demandantes presentamos una solicitud de declaratoria de urgencia nacional para la decisión pronta de este asunto inaplazable.

La Corte optó por una fórmula apegada a decisiones previas: se atiene a su decisión de 2018 y señala que el plazo efectivo de los 3 años se cumple el 27 de junio de 2022, es decir, añadió 7 meses más al cronograma de trabajo de la Comisión. Como se dijo, además, la Corte otorgó 2 meses adicionales para la socialización del informe, conforme a un concepto emitido en ese sentido por el Consejo de Estado.

Con la decisión de la Corte, se abre una oportunidad inmensa de incluir en el informe final de la Comisión esas voces periféricas y remotas que conocen de primera mano el conflicto y sus dinámicas, y cuyas experiencias resultan indispensables para producir una real comprensión en torno a lo que ha vivido Colombia. Además, los nuevos términos ponen en manos del próximo gobierno la tarea de abrazar el Informe Final y entenderlo como un mecanismo de cohesión social que ayude a que nos movamos juntos hacia la reconciliación, en clave de no repetición.

La Comisión recibió la decisión de la Corte como un voto de confianza a su trabajo y una responsabilidad enorme para concluir su trabajo de la mejor forma posible. Las organizaciones que abrimos este camino con la demanda seguimos plenamente comprometidas con acompañar y respaldar el trabajo de la Comisión y la participación de las víctimas y sus organizaciones para sacar el mejor provecho de esta coyuntura que hoy se abre para todos y todas. Tenemos más #tiempodeverdad y con ello, el deber de seguir trabajando por la construcción de paz en Colombia.

*Directora PAIIS Universidad de los Andes

En una decisión unánime, la Corte Constitucional decidió el pasado 30 de septiembre que el periodo de tiempo de trabajo de la Comisión de la Verdad de 3 años, declarado constitucional mediante sentencia C-017 de 2018, vence el 27 de junio de 2022, en lugar del 28 de noviembre de 2021 como estaba previsto inicialmente. Además establece dos meses adicionales, luego de esa fecha final, para las actividades de difusión del contenido del informe.

Con esta decisión la Corte no está alterando el contenido de su sentencia de 2018; simplemente está haciendo una interpretación del concepto de ‘periodo efectivo’ para concluir que, dadas las medidas restrictivas que se dieron con ocasión de la pandemia por Covid19 que impidieron buena parte del trabajo de la Comisión, particularmente en los territorios, se hace necesario que esa entidad cuente con tiempo adicional para desarrollar su trabajo.

La demanda que dio origen a esta decisión, surge de la experiencia que el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS de la Universidad de los Andes que estuvo preparando durante la pandemia el informe con destino a la Comisión de la Verdad denominado “Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente”. Durante el proceso de investigación, el equipo de PAIIS enfrentó las dificultades propias de la realidad virtual, particularmente al buscar los espacios de conversación con víctimas en el territorio. Así, identificando dificultades en acceso a tecnología, en construcción de confianza y en la creación de espacios humanos de diálogo, constatamos que las medidas de confinamiento por la pandemia impactaron de forma definitiva la posibilidad de incorporar más voces desde los territorios, que es donde finalmente está ubicada la mayor parte del relato de nuestro conflicto.

Tal evidencia llevó a PAIIS a proponerle a DeJusticia a estudiar conjuntamente la posibilidad de adelantar una acción jurídica que pudiera dar un poco más de tiempo a la Comisión para recuperar esos espacios participativos territoriales que la pandemia impidió. Entendimos rápidamente que, dado que este trabajo tiene como centro a las víctimas, era indispensable sumar a nuestro trabajo a las organizaciones de víctimas. Fue así como ASOVIDA, Percadi y la Red Colombiana de Lugares de Memoria se sumaron a nuestra iniciativa. Su respuesta respaldando el ejercicio fue contundente y nos reafirmó la necesidad de seguir adelante con esta apuesta.

La demanda se enfocó en el cumplimiento de los acuerdos conforme a su espíritu y la vulneración que podría estarse dando al derecho a la verdad de las víctimas y el país. La acción contó con 30 intervenciones de las cuales solo una, la del Gobierno, se opuso a las pretensiones de la demanda. Además, después de interpuesta, los demandantes presentamos una solicitud de declaratoria de urgencia nacional para la decisión pronta de este asunto inaplazable.

La Corte optó por una fórmula apegada a decisiones previas: se atiene a su decisión de 2018 y señala que el plazo efectivo de los 3 años se cumple el 27 de junio de 2022, es decir, añadió 7 meses más al cronograma de trabajo de la Comisión. Como se dijo, además, la Corte otorgó 2 meses adicionales para la socialización del informe, conforme a un concepto emitido en ese sentido por el Consejo de Estado.

Con la decisión de la Corte, se abre una oportunidad inmensa de incluir en el informe final de la Comisión esas voces periféricas y remotas que conocen de primera mano el conflicto y sus dinámicas, y cuyas experiencias resultan indispensables para producir una real comprensión en torno a lo que ha vivido Colombia. Además, los nuevos términos ponen en manos del próximo gobierno la tarea de abrazar el Informe Final y entenderlo como un mecanismo de cohesión social que ayude a que nos movamos juntos hacia la reconciliación, en clave de no repetición.

La Comisión recibió la decisión de la Corte como un voto de confianza a su trabajo y una responsabilidad enorme para concluir su trabajo de la mejor forma posible. Las organizaciones que abrimos este camino con la demanda seguimos plenamente comprometidas con acompañar y respaldar el trabajo de la Comisión y la participación de las víctimas y sus organizaciones para sacar el mejor provecho de esta coyuntura que hoy se abre para todos y todas. Tenemos más #tiempodeverdad y con ello, el deber de seguir trabajando por la construcción de paz en Colombia.

*Directora PAIIS Universidad de los Andes