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Desde hace varias semanas Medellín ha estado en el radar de varios medios de comunicación del país debido al especial de El Espectador sobre las cocinas clandestinas de tusi en la ciudad y su consumo en fiestas por parte de menores de edad. Esto generó un boom que narcotizó el debate y presentó a Medellín como un epicentro de consumo de sustancias psicoactivas superior a Cali, Manizales e incluso Bogotá. No obstante, la conversación que se ha dado sobre la relación de la capital antioqueña con las drogas no ha implicado necesariamente una incidencia para participar en la construcción de políticas públicas que incluyan la perspectiva de la ciudad.
De hecho, aterrizar las políticas nacionales en lo local ha sido un reto histórico para el Estado. No es fácil salir de una mirada que busca homogeneizar a la vez que intenta reconocer las particularidades del territorio que le compone. En ese sentido, si tomamos a Medellín como un estudio de caso, algunas preguntas para pensar de manera propositiva serían: ¿Qué rol juega el consumo de drogas en la construcción de la identidad medellinense? ¿Cómo aproximarse al “narcoturismo” sin caer en discursos prohibicionistas o en una apología al fenómeno? ¿Cómo aliviar las tensiones entre una política de nivel nacional y las particularidades de la ciudad?
En contexto: Tusi, el coctel de drogas de alto riesgo producido en Colombia
Estas y otras preguntas emergieron en la discusión de la Mesa de Política de Drogas en Medellín, un espacio de conversación organizado por Elementa DDHH, el Instituto de Estudios Políticos de la UdeA y la I.U Pascual Bravo. La mesa, que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de marzo, congregó a distintos actores de la ciudad para dialogar sobre qué Política Nacional de Drogas necesita Medellín. En esa conversación sobresalieron tres temas: enfoques de la política, acentos particulares de la política para Medellín y retos en materia de participación.
Sobre el primer tema, los enfoques de la política, se hicieron explícitos que los pasos iniciales deben ser depurar la mirada prohibicionista y el abordaje militarista a las drogas. Luego, debe salirse de los moralismos que jerarquizan los diferentes tipos de consumo para dar pie a políticas sin estigmas y con información científica. Esto significa que a pesar de reconocer que existen efectos distintos según la sustancia psicoactiva utilizada, no hay “consumidores buenos” o “mejores” sobre otros. Hay personas usuarias de drogas, con derechos y búsquedas de placer que deben ser gestionadas desde el cuidado y la reducción de riesgos y daños.
Así, ambos enfoques ubican las políticas inseparablemente de los derechos humanos, la salud pública, así como transversalizar los procesos de verdad y de reparación integral que reconocen los efectos de la fallida guerra contra las drogas. De esta manera, emerge la necesidad de un enfoque restaurativo que evidencie los daños sistemáticos que se han ensañado particularmente con poblaciones vulnerables, empobrecidas y racializadas.
En video:
En los acentos que debe tener la Política Nacional de Drogas para Medellín es fundamental focalizar en actores y fenómenos. Por ejemplo, se habló del abordaje del consumo en barristas, trabajadoras sexuales, adolescentes, personas con experiencias de vida trans, e incluso, la necesidad de capacitar a la fuerza pública en su ejercicio de la norma. Y en fenómenos, nos referimos a particularizar la política a las condiciones de violencia de la ciudad: el narcotráfico, las fronteras invisibles, las plazas, el turismo del placer y sexual, el narcomenudeo, las fiestas clandestinas, el déficit de espacios públicos, etc. Este coctel de ingredientes son justamente la brecha que separa la mirada centralista del Estado con la posibilidad de integrarse a las necesidades locales de la Política para la ciudad.
Esto nos lleva al último punto, la participación. No es fácil irrigar la construcción de la Política en un país con actores tan diversos, alrededor del fenómeno de drogas: productores de cultivos considerados ilícitos, usuarios de drogas, microtraficantes, autocultivadores o growers, entre otros. Sin embargo, no debemos dejar que la dificultad de la tarea impida que las personas que han encarnado los efectos del prohibicionismo sean tenidas en cuenta en sus vivencias y aportes para la construcción de la Política Nacional de Drogas 2023-2033.
Por ello, este primer encuentro de la Mesa de Política de Drogas de Medellín fue un abrebocas de las potencialidades que tiene el encuentro de organizaciones de la sociedad civil, institucionalidad, activistas y académicos para pensarse conjuntamente los principios rectores que debería tener la política desde Medellín; una que recoja sus voces y preguntas, que se salga de los lugares comunes, las narrativas tóxicas que criminalizan a los usuarios de drogas, y que posicionen a Medellín en el mapa para incidir en las políticas públicas de drogas en el país.