En una entrevista para un diario español, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que la paz en Colombia no puede alcanzarse sin antes hacer las paces con la naturaleza. Es bien sabido que la cuestión del uso y tenencia de la tierra (así como otros tantos bienes comunes), no solo fue fundamental en el surgimiento y la prolongación del conflicto armado interno, sino que hoy sigue siendo un elemento central en los esfuerzos de construcción de paz. Esto se refleja en el punto 1 de los acuerdos de La Habana y en las mesas de diálogo de la Paz Total. La integración del aspecto ambiental en la resolución del conflicto social se ha convertido en un imperativo tanto en el país como en el mundo. Líderes mundiales como António Guterres insisten en que si no transformamos pronto nuestra relación con la naturaleza, no habrá estabilidad ni armonía social en ningún lugar.
Detallar los desafíos que enfrenta Colombia para alcanzar una paz ambiental requeriría de todo el espacio dispuesto para este artículo y de varios más. Por ello, abordaré de forma reducida solo aquellos en los que se relacionan grupos armados y zonas de reglamentación especial, es decir, parques nacionales, reservas forestales, territorios colectivos de comunidades étnicas y reservas campesinas. Estos ecosistemas, ricos en biodiversidad y precaria presencia estatal, fueron a la vez escenario, víctimas y beneficiarios de la guerra entre fuerzas estatales, guerrillas y autodefensas. Asimismo, decenas de Guardaparques Nacionales y cientos de defensores de DDHA fueron asesinados mientras protegían la naturaleza, siguiendo su vocación y tratando de cumplir con las normas de manejo territorial que cada actor de la guerra les imponía. Mientras el Estado intentaba mantener un mínimo de institucionalidad a través de funcionarios ambientales, las guerrillas y los paramilitares aprovechaban los recursos allí presentes: fuentes hídricas para abastecer a sus tropas, bosques para ocultarse de bombardeos y hacer campamentos, y suelos para la siembra de cultivos ilícitos o legales, entre otros.
Según diversas fuentes, las FARC asumieron el rol de autoridad ambiental en los territorios bajo su control, amparadas en una directriz interna conocida como la “Ley 03″ o “Ley Ambiental”. Parte de estas regulaciones, impuestas de forma autoritaria, se diseñaban conforme a las especificidades del territorio y prohibían prácticas como la roza y quema, el uso de explosivos para la pesca, así como la deforestación en zonas de densa vegetación y en las cabeceras o márgenes de los ríos. Así, la presencia de esta guerrilla frenó, a sangre y fuego, la expansión de las fronteras agrícolas y extractivas en algunas regiones del país, contribuyendo indirectamente a la conservación de importantes corredores biológicos como el Parque Paramillo o el piedemonte amazónico.
Tras la desmovilización de las FARC, nuevos actores armados con escasa o nula noción ambiental se adueñaron de los espacios que controlaba la antigua guerrilla. Un caso alarmante es el del Estado Mayor Central en los territorios que ocupaba el extinto Bloque Oriental. Tras la llegada del EMC a la Amazonía (específicamente a los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá) la deforestación se disparó a niveles sin precedentes. Las disidencias de Iván Mordisco (quienes ya no están en la mesa de negociación) participaron de una manera u otra en el acaparamiento de tierras para luego ponerla en manos de políticos y terratenientes locales, la ganadería extensiva y los monocultivos. El informe Parques Nacionales Cómo Vamos de 2023 revela que los ocho Parques ubicados en el arco de deforestación de la Amazonía son las áreas protegidas más afectadas por la tala ilegal en todo el país.
Por otro lado, parte significativa del dinero del ELN proviene de la minería ilegal del oro y los impuestos a los cultivos de hoja de coca. La degradación ambiental por estas actividades se evidencian en parques como Munchique y otros de la región Pacífica y la Orinoquía. Para completar el panorama, en el norte del país, los Parques Tayrona y Ciudad Perdida hacen parte del Plan de Ordenamiento Territorial Paramilitar (POTP) de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes han levantado un impuesto al turismo y un impuesto de guerra en estas áreas. Para finalizar, los ecosistemas marino costeros y bosques de manglar del Vía Parque Isla de Salamanca continúan recibiendo daños al ser corredores clave para el narcotráfico.
La complejidad de la relación entre conflicto y protección ambiental ha aumentado en los últimos años. La militarización de la conservación implementada por el gobierno anterior a través de la operación Artemisa no solo no arrojó resultados positivos en el ámbito social y ambiental, sino que incluso exacerbó las tensiones existentes. El actual gobierno ha optado por fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades, lo cual sin duda es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para que esta estrategia dé frutos a largo plazo, es fundamental desmantelar desde ya el poder de los grupos armados en estos espacios y reducir el impacto de la violencia sobre el medio ambiente.
*Daniel Llanos Ramirez, Politólogo de la universidad Johann Wolfgang Goethe. M.A Estudios interdisciplinarios latinoamericanos de la FU Berlin. Hace parte del Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors (grupo de Berlín)